La Santa Sede ha ratificado las normas para los casos de abusos de menores cometidos por sacerdotes, aprobadas en noviembre por los obispos norteamericanos. De esta forma se cierra el proceso, que ha durado meses, de buscar la respuesta adecuada a esta crisis. A partir de ahora, todo clérigo culpable de abusos será definitivamente apartado del ministerio, y cabe que además pierda el estado clerical. Un solo caso probado bastará para que se aplique la pena.
Esto figuraba ya en el primer proyecto, que los obispos de Estados Unidos aprobaron en junio pasado durante una asamblea especial (ver servicio 85/02). Después, la Santa Sede indicó que la propuesta necesitaba cambios, porque no garantizaba la presunción de inocencia (ver servicio 138/02). Se acordó entonces constituir una comisión paritaria del Vaticano y la Conferencia Episcopal norteamericana, para revisar las normas. La comisión introdujo cambios para asegurar las garantías procesales previstas en el Derecho universal de la Iglesia (ver detalles en servicio 154/02). Además, para evitar que un implicado sea trasladado de un lugar a otro sin resolver el caso, como ha ocurrido en el pasado, se añade la prohibición de cambiarlo de diócesis o provincia religiosa. La versión final, aprobada por la Conferencia el mes pasado, fue ratificada por la Santa Sede el 8 de diciembre y ha entrado en vigor tras ser promulgada por los obispos el día 12.
El prefecto de la Congregación para los Obispos, Card. Giovanni Battista Re, comunicó la ratificación de las normas mediante una carta al presidente de la Conferencia Episcopal. El cardenal recuerda que, según las últimas disposiciones de la Santa Sede (ver servicio 8/02), el abuso de menores está incluido «entre los delitos más graves de los clérigos». También menciona lo que Juan Pablo II dijo en la reunión con los cardenales norteamericanos el pasado abril, en Roma: «No hay lugar en el sacerdocio ni en la vida religiosa para quienes causan daño a los jóvenes». En consecuencia, señala el Card. Re, las normas aprobadas «tienen por finalidad proteger eficazmente a los menores y establecer un procedimiento riguroso y preciso para imponer justo castigo a los culpables de tan abominables delitos». A la vez, prosigue la carta, «al asegurar que se compruebe la verdad de los hechos, las Normas aprobadas protegen derechos humanos inviolables -incluido el derecho a defenderse- y garantizan el respeto a la dignidad de todos los implicados, comenzando por las víctimas. Además, dan cumplimiento al principio, fundamental en todos los ordenamientos jurídicos, de que toda persona es considerada inocente mientras no se demuestre que es culpable».
Con este nuevo procedimiento, los obispos muestran su determinación de evitar la laxitud con que se manejaron muchos casos de abusos en otros tiempos. Por pasados errores de ese tipo en su diócesis, el arzobispo de Boston, Card. Bernard Law, ha presentado la renuncia al Papa, que la ha aceptado.