Frente a los que presentan la reforma de la ley del aborto en España como un texto insólito en el contexto internacional, la realidad muestra que hay muchos matices y diversidad de situaciones. Recordamos algunos artículos e informaciones ya publicados sobre la reforma.
Tanto las legislaciones como los ciudadanos europeos están divididos en este asunto. En la UE la regulación del aborto es competencia de los Estados miembros, y no de la legislación comunitaria, y los gobiernos son libres para legislar conforme a sus ideas. En diciembre de 2013, un intento de reconocer el aborto legal como un derecho de la mujer –el llamado proyecto Estrela– fue rechazado en el Parlamento Europeo.
El proyecto de la nueva ley española del aborto recoge elementos presentes en otras legislaciones europeas, y está más en línea con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que la anterior.
El texto de la reforma presentado por el Ministerio ha sido apoyado por instituciones como el Comité de Bioética de España, que considera que en la regulación del aborto el sistema de indicaciones es preferible jurídica y éticamente al de plazos.
Asimismo, el Consejo Fiscal apoyó –por una mayoría de8 a 4– el texto de la reforma en sus puntos principales, rechazando que el aborto sea un derecho de la mujer.
Más división hubo en el informe del Consejo General del Poder Judicial, que también avaló el anteproyecto por 10 votos contra 8 y una abstención, aunque pidió que se incluyera un supuesto de malformación del feto.
También un manifiesto de Científicos por la vida, firmado por 632 médicos, científicos y profesionales de la salud, declaró su apoyo a la reforma y mantuvo que su papel como profesionales es cuidar la vida naciente, no eliminarla.
En otro manifiesto trescientos juristas apoyaron el cambio recordando que el Estado tiene la obligación de tutelar los derechos del nasciturus y el apoyo a las embarazadas. Pedían actualizar la legislación española de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad y Down España han pedido al gobierno que modifique la ley del aborto vigente, porque es discriminatoria ya que reconoce el aborto eugenésico. Sin entrar a valorar si es mejor el sistema de plazos o de supuestos, dicen que en cualquier caso establezca las mismas condiciones para todos los embarazos, sin importar si el feto tiene o no una discapacidad.
La desaparición del supuesto de aborto por anomalías fetales es uno de los puntos más discutidos de la reforma que plantea el gobierno. Por eso es oportuno ver cómo se está aplicando el diagnóstico prenatal en España a estos efectos.
Si el único modo de respetar una maternidad libre es permitir a la mujer que aborte al hijo que no desea, habría que aplicar esta lógica con coherencia.