Los consultorios católicos que asesoran en Alemania a las mujeres con embarazos conflictivos dejarán de extender el certificado obligatorio para practicar el aborto. Por el momento seguirán funcionando como hasta ahora, mientras buscan una fórmula que no pueda ser considerada una complicidad con el aborto. Con esta decisión los obispos alemanes responden a la reciente carta del Papa, donde les pedía poner fin a esta práctica que «oscurece la claridad y el significado unívoco del testimonio de la Iglesia» en la defensa de la vida.
La decisión tomada por los obispos con la ayuda del Papa zanjará una cuestión que ha dividido a los católicos alemanes. Según la legislación vigente, el aborto sigue siendo ilegal. Pero está despenalizado durante los tres primeros meses si, por lo menos tres días antes de la intervención, la mujer acude a uno de estos consultorios para obtener asesoramiento. Esta consulta se introdujo a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional en 1993, con la idea de proteger la vida del no nacido (ver servicio 79/93). En teoría, el asesoramiento debe servir para hacer ver a la mujer que el derecho a la vida del hijo sólo puede suprimirse cuando el embarazo supere el límite del sacrificio exigible a la madre, y para informarle de las ayudas económicas y sociales disponibles a fin de llevar a término el embarazo. En la práctica, la ley supone la libertad de abortar en los tres primeros meses, sin más requisito que el certificado de haber realizado la consulta. Además, permite abortar en cualquier etapa del embarazo en el caso de una «indicación terapéutica» no precisada o de «indicación criminológica» (violación).
El dilema de la Iglesia católica
Este sistema legal ha colocado a la Iglesia ante lo que los propios obispos califican de «dilema». Los 264 consultorios de la Iglesia (en el país hay 1.685) pretenden ayudar a las mujeres embarazadas en el sentido positivo de defensa de la vida naciente. Pero aunque el certificado sólo testifica que se ha realizado la consulta, es también la condición necesaria para realizar el aborto. Hay que tener en cuenta que, por el mero hecho de acudir a la consulta, la mujer adquiere el derecho a recibir el certificado, sin que esté obligada a cooperar en el coloquio. También puede conservar el anonimato, si lo desea. Sólo en Baviera se ha hecho una ley -con gran polémica- que exige a la mujer manifestar las razones que aduce para abortar.
La Iglesia católica, al igual que la evangélica, admitió colaborar en este sistema, pero pronto empezaron las protestas de católicos que consideraban el certificado como una «licencia para matar». Por presiones de políticos democristianos y de los mismos consultorios, de hecho sólo el arzobispo de Fulda, Mons. Johannes Dyba, prohibió en su diócesis expedir el certificado, sin dejar de ofrecer asesoramiento a toda mujer que lo pidiese.
Entre los obispos había división de opiniones, no en el rechazo del aborto, sino en las medidas prácticas más eficaces para la defensa de la vida. Los partidarios de extender el certificado mantenían que, en caso contrario, no acudirían a los consultorios católicos las mujeres que desean abortar y se perderían posibilidades de salvar vidas. Los contrarios a colaborar en este sistema mantenían que la expedición del certificado hacía a la Iglesia cómplice en un mecanismo que lleva al homicidio de inocentes.
Ambos podían aducir cifras en apoyo de sus tesis, aunque en el capítulo del aborto ni las cifras oficiales son de fiar. Caritas estima que, de 12.500 consultas realizadas en los centros de asesoramiento católicos en 1992, un 30% de las mujeres llevaron a término el embarazo, un 10% se sabe que abortaron y del 60% no se sabe, aunque en gran parte habrán abortado. Por otro lado, en Fulda, desde que en 1993 el obispo negó los certificados, ha aumentado el número de mujeres que acuden a los consultorios de la diócesis. Igualmente ha ocurrido en otra iniciativa privada, Die Birke, en Heidelberg, que asesora a las mujeres con embarazos conflictivos sin emitir el certificado.
La carta del Papa
Ante la división de opiniones, los obispos alemanes buscaron una solución con ayuda de la Santa Sede. En diciembre de 1995 y en abril de 1997 se celebraron coloquios entre representantes del episcopado alemán y de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En mayo de 1997 tuvo lugar en Roma una reunión de los obispos alemanes con el Papa en la que se volvieron a examinar todos los datos del problema. Conforme a su estilo, Juan Pablo II primero escuchó y dialogó con todos, y después manifestó su resolución en la carta ahora publicada.
El tono comprensivo de la carta ha impresionado positivamente. El Papa agradece a los obispos alemanes y a los asesores de los consultorios su labor en defensa de la vida. Comparte su preocupación por seguir presentes en la labor de asesoramiento y de utilizar a este respecto los mecanismos legales posibles. Reconoce el «dilema» que plantea la expedición del certificado: «Contra su intención, [los consultorios católicos] se ven envueltos en la puesta en práctica de una legislación que lleva al homicidio de personas inocentes y escandaliza a muchos».
A este respecto, dice el Papa, «existe una ambigüedad que oscurece la claridad y el significado unívoco del testimonio de la Iglesia y de sus consultorios. Por eso, queridos hermanos, os invito con insistencia a encontrar el modo de que tal certificado ya no se otorgue en los consultorios católicos o dependientes de la Iglesia. Al mismo tiempo, os exhorto a que, en cualquier caso, la Iglesia siga presente de manera eficaz en el asesoramiento a las mujeres que buscan ayuda». Y deja en manos de los obispos las medidas para llevar a la práctica estas orientaciones, entre ellas el momento en que los consultorios dejarán de emitir el certificado.
Reacciones
El tono de la misiva ha facilitado la reacción unánime del episcopado alemán de unidad con el Papa. Tras una reunión de la Conferencia Episcopal, su presidente, Mons. Karl Lehmann, hizo en rueda de prensa una magnífica presentación de la carta, sin silenciar sus dudas y con gran lealtad al Papa, reconociendo el peso de sus argumentos.
Los obispos han anunciado que un grupo de trabajo buscará una solución para que los consultorios puedan seguir asesorando sin dar certificados. De momento van a seguir como hasta ahora, por lo menos hasta 1999. ¿Es posible una nueva fórmula sin salirse del sistema oficial de asesoramiento? Nadie lo sabe. Algunos políticos han dicho que, sin dar el certificado, los consultorios católicos no pueden permanecer en el sistema ni ser subvencionados (los consultorios son financiados en un 80% por los Estados).
Los católicos más audaces, que son los menos, piensan que la mejor solución es obligar a los políticos -mediante una salida ostensible del sistema- a cambiar la ley. Otros temen que salir del sistema suponga romper las buenas relaciones con el Estado y quedar aislados. A este respecto, el Papa dice en su carta: «El que la Iglesia no pueda seguir el camino del Estado en un punto concreto, será un signo que, precisamente por la contradicción, ayudará a esclarecer la conciencia pública y, por lo tanto, en último término servirá también al bien del Estado».
La reaparición del asunto del aborto en el primer plano de la atención pública incomoda a los políticos. Los socialistas, los verdes y los liberales amenazan con no financiar los consultorios católicos. Los democristianos de Baviera, la zona más católica, se han ofrecido a colaborar con la Iglesia para buscar una solución. El canciller Kohl tiene pavor a que el tema del aborto se introduzca en la campaña electoral de este año.
El problema es que, si tanto los obispos como los políticos quieren ganar tiempo, se pierda la coyuntura para reformar la situación legal. Como afirma el comentarista del Frankfurter Allgemeine Zeitung, «así se arriesgan a perder el gran capital que el Papa ha puesto en sus manos: el empujón moral en su carta desde Roma, que ha supuesto una conmoción en el país. Este ambiente es el que puede dar el impulso imprescindible para la modificación que ya impuso el Tribunal Constitucional al Bundestag, si es necesario (porque no disminuyen los abortos) mejorar o corregir la ley que regula los conflictos en el embarazo».
En Alemania, los abortos oficiales han pasado de 98.000 en 1995 a 130.000 en 1996 (primer año de la nueva ley). No se sabe si el número ha crecido realmente o si ahora los médicos son más proclives a dar los datos. De todos modos, se estima que el número real no baja de los 200.000.
Con informaciones de José Gabriel de la Rica desde Essen.