Lagos. Después de que cesaran los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes en Kaduna (ver servicio 31/00), la violencia se reprodujo en varias ciudades del sureste, zona de mayoría cristiana. La llegada de féretros con cristianos muertos en el norte, para ser enterrados en sus lugares de origen, desencadenó una caza de musulmanes, con un número de víctimas mortales estimado en varios cientos. A mediados de la semana pasada, más de cinco mil musulmanes habían tenido que refugiarse en cuarteles de policía de Aba y Umuahia (Estado de Abia), las dos ciudades que registraron los disturbios más sangrientos.
En un intento de restaurar la calma, el presidente Obasanjo convocó para el 29 de febrero una reunión del Consejo Nacional, órgano del que forman parte los gobernadores de los Estados. Al término de la sesión se hizo público que todos los Estados que habían implantado la sharía (ley islámica) o se disponían a hacerlo habían acordado dejarla en suspenso. En concreto, se decidió «volver al statu quo con respecto al Código Penal, en interés de la unidad del país». Esto significa que la sharía seguirá siendo ley tradicional en los Estados del norte, como es costumbre, pero restringida a los casos no penales. Por tanto, no se amputarán miembros a los ladrones ni se lapidará a los adúlteros, sino que tales delitos serán castigados con prisión.
Pero la situación es aún confusa. Aunque el gobernador de Zamfara, el primer Estado en implantar la sharía, ha declarado que se aplicará el acuerdo en su territorio, el fiscal general se ha manifestado en contra de la medida. Otros líderes musulmanes la consideran un retroceso. El ex presidente Alhaji Shehu Shagari, también musulmán, objeta que el Consejo Nacional no tiene autoridad para anular leyes aprobadas por los parlamentos de los Estados. Y en Kano se hizo público el 3 de marzo que el gobernador ya había firmado la sharía antes de la sesión del Consejo Nacional.
Tras los disturbios en el norte y el sureste, el presidente Obasanjo dirigió un mensaje a todo el país. Su discurso no fue más allá de la acostumbrada retórica. El gobierno federal sigue sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de la sharía, y muchos piensan que tiene parte de responsabilidad en los sucesos de las últimas semanas, por no haber intervenido desde el principio.
Eugene Agboifo Ohu