Cuando los jefes de Estado del Grupo de los 7 se reúnan en Colonia el próximo 19 de junio tendrán sobre la mesa una propuesta para reducir la deuda exterior de los países más pobres, propuesta que ya ha sido acordada por sus ministros de Finanzas. Y en la calle tendrán una manifestación de la campaña Jubileo 2000, promovida por Iglesias y ONG que se han movilizado para aliviar el fardo de la deuda de los países más pobres.
El impulso partió del Vaticano, cuando Juan Pablo II, en la carta de preparación del Jubileo, sugirió una reducción importante, si no una condonación total de la deuda. Pero, incluso desde un punto de vista meramente económico, se abre paso la idea de que la deuda acumulada por los países pobres es impagable y lastra su posible desarrollo. Lo que se discute son los mecanismos para reducirla.
Según el Banco Mundial, la deuda global de los países en desarrollo alcanzó en 1998 la fenomenal suma de 2.465.000 millones de dólares, un 67% más que en 1980. El origen de estos préstamos varía según el grado de desarrollo de los países. Los que hasta ahora se llamaban países emergentes de Asia y de Latinoamérica han obtenido hasta un 70% de esta financiación de bancos privados. En cambio, los países más pobres, sobre todo africanos y algunos latinoamericanos, dependen más de un 75% de préstamos bilaterales (de otros gobiernos) y multilaterales (de organismos internacionales), pues no es fácil que obtengan otros.
En 1996, el FMI y el Banco Mundial lanzaron el plan Países pobres muy endeudados (en inglés, HIPC) con el fin de reducir a niveles tolerables la carga de la deuda de estos países (41 países, en teoría). Estos deben 230.000 millones de dólares, en torno a un 10% de la deuda total. La iniciativa prevé condonar hasta un 80% de los créditos bilaterales y multilaterales. Pero hasta la fecha apenas se ha avanzado, porque pocos países logran reunir los requisitos de buena conducta exigidos.
Hasta ahora, los países que pretenden beneficiarse deben aplicar primero durante tres años un plan de reformas definidas por el FMI y el Banco Mundial. A partir de entonces, los acreedores pueden acordar un programa de alivio de la deuda, si bien hay una segunda etapa de otros tres años en la que el país deberá obtener buenos resultados económicos para poder obtener plenamente la condonación.
La experiencia indica que pocos países han logrado participar en este proceso, y los que han sido cualificados han obtenido poca ayuda. De los países seleccionados, sólo Bolivia y Uganda se han beneficiado hasta el momento de esta reducción. La propuesta acordada ahora por los ministros de Finanzas del G7 reducirá este período de prueba de seis años y ampliará a 29 el número de países elegibles, aunque aún no se conocen los detalles.
La iniciativa HIPC trata de reducir la deuda hasta lo que considera un nivel «sostenible», según el cual el servicio de la deuda puede absorber hasta una cuarta parte de los ingresos por exportaciones. Este criterio es rechazado por quienes piensan que excede la capacidad financiera de estos países, y que está impidiendo la inversión en educación y salud. En su lugar proponen fijar un límite que impida dedicar al pago de la deuda más de un determinado porcentaje de los ingresos públicos (en torno a un 10%). Actualmente, en un país tan pobre como Mozambique el servicio de la deuda absorbe un tercio del gasto público, más que el dedicado a educación y sanidad.
Si en el Grupo de los 7 hay acuerdo sobre la necesidad de aliviar la deuda de los más pobres, en la cumbre de Colonia se trata de lograr un consenso sobre el modo de hacerlo. En cuanto al modo de financiar la reducción de la deuda, Francia quiere evitar que quienes más han prestado vuelvan a salir perdiendo al asumir el coste de la condonación. Por eso propone que se reparta a prorrata del PIB de cada país acreedor. Por ahora los ministros de Finanzas del G7 han acordado vender un 10% de las reservas de oro del FMI, para financiar la reducción de la deuda.
También se trata de asegurar que la remisión de la deuda, parcial o total, se dedique en estos países a mejorar realmente la situación de la población. Ciertamente, Uganda no ha dado buen ejemplo, pues aprovechó la reducción de la deuda para aumentar sus gastos militares.
Pero el despegue de los países no estaría asegurado simplemente con la condonación de la deuda. En un momento en que están cayendo los precios de las materias primas y en que la ayuda pública al desarrollo ha pasado de 69.000 millones de dólares en 1991 a 48.000 en 1998, los países pobres necesitan encontrar fuentes de financiación que no comprometan su desarrollo. Empezando por el libre acceso de sus productos a los mercados de Occidente.