Oporto. Por vez primera desde la revolución de los claveles de 1974, los portugueses votarán en referéndum, el 28 de junio, una propuesta legislativa ya aprobada por el Parlamento: la ley despenalizadora de la interrupción voluntaria del embarazo antes de las diez semanas, es decir, el aborto a petición de la mujer, sin ninguna causa justificativa.
En Portugal existe desde 1984 la posibilidad legal del aborto voluntario, pero sólo en los supuestos de riesgo para la vida de la madre, grave peligro para su salud, violación y malformación del feto. En 1996 se practicaron más de 10.000 abortos. En febrero de 1997, las Juventudes Socialistas promovieron que el Parlamento aprobase una nueva ley, que admitiese la despenalización total de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la décima semana. Pero la propuesta fue rechazada por un solo voto, gracias también a que algunos diputados socialistas eran contrarios a esa liberalización total del aborto (cfr. servicio 36/97). Sérgio Sousa Pinto, presidente de las Juventudes Socialistas, consideró entonces intolerable que algunos miembros de su partido votaran en contra de una propuesta que, a su juicio, se basaba en los principios del socialismo; y declaró que en cuanto fuese legalmente posible, volvería a presentar la misma propuesta, lo que ocurrió a principios de 1998.
Esta vez, el Parlamento aprobó el proyecto de ley, porque, a los votos de comunistas y socialistas, se adhirieron algunos diputados socialdemócratas. Para evitar sorpresas, el partido socialista sustituyó a los diputados que se oponían al aborto, y llegó a amenazar a algunos con la exclusión de las listas del partido en las próximas elecciones legislativas. Pero el partido socialdemócrata, dirigido por el profesor de Derecho Marcelo Rebelo de Sousa, exigió la convocatoria de un referéndum.
Por su parte, el Tribunal Constitucional ha aceptado la pregunta a la que los portugueses deberán contestar el próximo 28 de junio: ¿Está de acuerdo con la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, si se realiza por decisión de la mujer, en las diez primeras semanas, en un establecimiento sanitario legalmente autorizado? Algunos sectores no han dejado de criticar la ambigüedad de la pregunta, por no incluir la palabra aborto, así como por sugerir un posible derecho de la mujer.
No se conoce el motivo real de esta propuesta, que no aparecía en la campaña electoral que llevó al católico António Guterres a la presidencia del Gobierno. Guterres ha manifestado su oposición personal al aborto, aunque votó a favor de la ley de 1984. Pero ha decidido quedarse al margen de la polémica, probablemente porque la mayoría de los miembros de su partido son favorables a la propuesta de las Juventudes Socialistas. Ese silencio no ha sido bien acogido por los católicos portugueses, que desearían que el primer ministro tuviera una actitud coherente con las creencias que asume públicamente.
Según algunos analistas políticos, la cuestión refleja la lucha por el poder dentro del partido socialista: los históricos, de tradición republicana y masónica, que el moderado católico Guterres ha desplazado de la cúpula del partido, han aprovechado el deseo de protagonismo político del joven presidente de las Juventudes Socialistas para imponer a Guterres sus derechos adquiridos y recuperar así el poder de otros tiempos en el seno del aparato. En nombre de la pacificación de las diversas tendencias socialistas, el primer ministro -según esa interpretación- ha cedido a la presión del sector más izquierdista del partido, a cambio de la consolidación de su jefatura, cuando se acercan las próximas elecciones legislativas.
El partido comunista, en cambio, se ha entregado de alma y corazón a la defensa del aborto libre hasta las diez semanas de embarazo. El secretario general, Carlos Carvalhas, ha manifestado claramente su postura favorable a la ley, ha criticado la inhibición de otros partidos, y sobre todo, ha atacado duramente a la Iglesia católica, porque la Conferencia Episcopal publicó una nota pastoral en la que, sin eufemismos, declaraba que «la respuesta de los cristianos y de todos los que defienden la vida sólo puede ser ‘no'». De hecho, las dos únicas instituciones empeñadas en el referéndum son la Iglesia católica y el partido comunista; los demás partidos políticos, aunque tengan una postura oficial, no participan verdaderamente en la campaña, y ceden el protagonismo de las intervenciones televisivas a los promotores del sí y del no.
Los movimientos cívicos se han convertido así en los protagonistas del debate. Para defender la interrupción voluntaria del embarazo, ha surgido un movimiento, el Sí a la tolerancia. A la vez, cuatro grupos de ciudadanos pugnan por la vida del no nacido: estos movimientos, sin apenas medios, están desarrollando por todo el país una auténtica cruzada por la vida, llena de alegría, juventud y esperanza.
Gonçalo Portocarrero de Almada