Qué implica la sentencia contra el cardenal Barbarin

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El 7 de marzo, el Card. Philippe Barbarin, de Lyon, fue condenado a ocho meses de prisión, dejada en suspenso, por no haber denunciado abusos cometidos por un sacerdote de la archidiócesis hace más de veinticinco años. El análisis del caso, el juicio y la sentencia suscitan cuestiones importantes y difíciles sobre cómo un obispo habría de afrontar situaciones como esa.

La fiscalía había pedido la absolución del cardenal y de los otros cinco acusados: dos obispos auxiliares, el vicario episcopal y dos laicos que trabajaban en la diócesis. Barbarin es el único declarado culpable. Su abogado recurrirá, pero de todas formas, el mismo día 7, el cardenal anunció que presentaría la renuncia al Papa.

En estos casos se ve que la víctima espera escucha y respuesta por parte de la Iglesia, y solo acude a los tribunales cuando la reacción tarda en llegar y el acusado sigue en su puesto

Los abusos de menores a que se refiere el caso son los cometidos por el sacerdote Bernard Preynat a lo largo de más de una década, hasta 1991 (ver Aceprensa, 23-03-2016). La sentencia parte de los hechos iniciados en julio de 2014, cuando una víctima, Alexandre Hezez, escribió al obispado para quejarse de que Preynat siguiera en activo. En noviembre siguiente, Barbarin se entrevistó con Hezez, que le contó su caso y lamentó no haber denunciado antes, pues ya tenía 40 años y los abusos de menores prescriben cuando la víctima cumple 38.

Pasos dados por Barbarin

Barbarin, según su propio testimonio, animó a Hezez a buscar otras víctimas y le pidió que redactara un relato de su caso para enviarlo a la Santa Sede. Después, el cardenal remitió la documentación a Roma, que contestó con la recomendación de apartar a Preynat del ministerio, “evitando el escándalo público”. Así decidió hacer Barbarin, y en mayo de 2015, según dice, lo comunicó a Hezez; pero no hizo efectiva la medida hasta el comienzo del siguiente curso, en septiembre, para no llamar la atención.

Sin embargo, Hezez ya había decidido alertar a la fiscalía, y lo hizo en junio de 2015. Aunque su caso no podía ser juzgado, la investigación permitió descubrir otros abusos de Preynat, algunos de ellos no prescritos. Preynat reconoció sus delitos, fue imputado en enero de 2016 y está a la espera de juicio.

En 2016, Hezez, con el apoyo de otras víctimas de Preynat reunidas en la asociación La Parole Liberée, fundada poco antes, se querella contra Barbarin y los otros cinco por omisión del deber de denunciar abusos de menores. La fiscalía desechó la acusación, con el argumento de que, cuando en la diócesis conocieron el asunto, todas las víctimas eran mayores de edad y nada les impedía denunciar por sí mismas, cosa que en efecto habían hecho ya (ver Aceprensa, 2-08-2016). En 2017, La Parole Liberée decide constituirse en acusación particular para sortear la oposición de la fiscalía. La vista se celebró en enero pasado.

Obstrucción a la justicia

El delito imputado al cardenal es un tipo de obstrucción a la justicia definido por el Código Penal francés (art. 434-3) en estos términos: “Quien tenga conocimiento de privaciones, malos tratos o agresiones o abusos sexuales infligidos a un menor o a una persona que no esté en condiciones de protegerse por razón de edad, enfermedad, deficiencia física o psíquica o embarazo, y no informe a las autoridades judiciales o administrativas, o persista en no informar mientras no cesen tales infracciones, será castigado con hasta tres años de prisión y 45.000 euros de multa”.

En el caso Barbarin, la víctima era mayor de edad y no tenía ningún otro de los impedimentos especificados; los abusos habían cesado muchos años antes y habían prescrito.

La sentencia aprecia que Barbarin obstruyó intencionadamente a la justicia al no facilitar la información que tenía, a fin de proteger el prestigio de la Iglesia

Pero en noviembre pasado ya hubo una condena en un caso semejante. El anterior obispo de Orleans, Mons. André Fort, en 2010 fue informado personalmente por un hombre que había sufrido abusos a manos de un sacerdote en 1993. El obispo alegó que la víctima no mostró intención de presentar denuncia ni le pidió que lo hiciera. Sin embargo, el tribunal replicó que esa excusa contradice la finalidad del art. 434-3, que es incitar a terceros a denunciar porque las víctimas no necesariamente están en condiciones de hacerlo.

En el juicio a Barbarin, tanto la defensa como el ministerio público se opusieron a tal interpretación del precepto penal. La fiscal sostuvo que eso supondría convertir el delito de no denunciar abusos de menores en una “infracción comodín”, que podría recaer sobre todo el que hubiere recibido, al cabo del tiempo, confidencias sobre abusos sufridos por alguien durante la minoría de edad. Según el abogado de Barbarin, la ley no pretende cargar sobre terceros la obligación de denunciar sin límite de tiempo, y deja a la víctima, ya adulta, la libertad de emprender o no acciones judiciales.

Ambivalencia de las víctimas

Esto dio ocasión en el juicio a declaraciones que muestran en las víctimas una “ambivalencia entre reivindicación de libertad para sí y obligación de denunciar por parte de los otros”, al decir de la cronista de Le Monde, Pascale Robert-Diard. La periodista refiere lo que dijo a uno de los acusadores la presidenta del tribunal: “Algo que puede resultar difícil de entender es que usted reproche a otros no haber denunciado, cuando no lo había hecho usted mismo”. A otro querellante, un juez preguntó cómo habría reaccionado si aquellos a los que acusa por no denunciar lo hubieran hecho sin consentimiento de él. “Lo habría tomado muy a mal –respondió–, lo habría encontrado intrusivo. Después, no sé…”

Un tercero explicó así por qué nunca reprochó a sus padres no haber denunciado, aunque supieron de los abusos en su día: “Porque cuando era más joven, no quería acudir a la justicia”. El abogado de Barbarin apostilló: “Entonces, ¿sería más excusable en el caso de los padres no denunciar los hechos cuando usted era menor, que en el de un obispo cuando viene a él un adulto de 40 años?”.

“Algo que puede resultar difícil de entender es que usted reproche a otros no haber denunciado, cuando no lo había hecho usted mismo” (la juez a uno de los querellantes)

Sin embargo, esa cuestión no resultó decisiva. Los jueces han condenado a Babarin por apreciar en él intención de obstruir a la justicia. Para ellos, la prueba es que, en cumplimiento de la consigna recibida de Roma (evitar el escándalo), quiso ante todo que los hechos no se divulgaran, y para eso, que no llegasen a conocimiento de la fiscalía, lo que explica también la demora en responder a Hezez y retirar a Preynat. A diferencia de otros, dice la sentencia, el cardenal tenía datos e informaciones relevantes que remitió a la Santa Sede; habría debido ponerlos también a disposición de la justicia, que con ellos habría averiguado más fácil y prontamente los delitos por los que Preynat será juzgado. En suma, el tribunal estima que al obispo se pide más, porque tiene mayor responsabilidad.

Caso simbólico

El caso del Card. Philippe Barbarin, arzobispo de Lyon y primado de las Galias, tiene un alto valor simbólico. Como había declarado el presidente de La Parole Liberée, “nuestra prioridad no es ganar” el juicio; “ante todo queremos llevar al público el debate sobre la no denuncia”. “En otras palabras –glosó una periodista de Le Monde–: servirse de la sala de audiencias como de una tribuna. En esto, ya han ganado”.

Pero esta táctica cobra también víctimas inocentes. El caso más clamoroso es el de la acusada Régine Maire, que estaba encargada por la archidiócesis de atender a los que sufrieron abusos. Los jueces la han absuelto porque hizo todo lo que pudo para informar a las autoridades eclesiásticas. Los mismos querellantes, señala la sentencia, reconocen que siempre les escuchó, e incluso organizó un careo entre Preynat y una de las víctimas, en el que aquel admitió su culpa. Pero esta rehabilitación judicial, comenta Robert-Diard, no compensará la mala imagen que de ella da el personaje que lleva su nombre en la película Grâce à Dieu, presentada en la última Berlinale y estrenada hace poco en Francia.

En cuanto a Barbarin, su abogado insistió en que la justicia está para juzgar individuos, no para defender una causa. “El cardenal Barbarin –dijo en su alegato final–, ¿está aquí a título personal o como encarnación de la Iglesia y de una cuestión social?”.

Errores

Barbarin ha reconocido errores y afirmado que hoy actuaría de otro modo, especialmente con más celeridad y mayor contacto con la víctima. Pero esos errores, sostiene su abogado, no son delito.

En efecto, la condena no es firme, y habrá que ver si el tribunal de apelación la ratifica o la revoca. De todas formas, la querella revela algo importante sobre el modo de afrontar abusos antiguos, de los que pueden aflorar más en los próximos años.

La defensa y la fiscal sostuvieron que no hay obligación de denunciar abusos cuando la víctima es mayor de edad

En casos como el de Lyon o el de Orleans, se ve una víctima que no desea ir a los tribunales, sino que espera escucha y respuesta por parte de la Iglesia. Pero cuando ve que la reacción tarda en llegar y el acusado sigue en su puesto, entonces acude a la justicia civil. Esto ayuda a entender la “ambivalencia” a la que se refería la cronista judicial de Le Monde.

Por otro lado, la celeridad tiene un límite, si hay que iniciar una investigación con vistas a un proceso canónico. Y la limitada participación e información que se da a las víctimas en estos procedimientos eclesiásticos es un problema señalado en la reciente cumbre sobre protección de menores en la Iglesia. También por eso es comprensible que una persona que ha guardado silencio durante muchos años se impaciente ante la lentitud de la Iglesia una vez que se ha decidido a hablar.

El intento de apartar a Preynat sin escándalo pudo parecer sensato en su momento, cuando Hezez no quería publicar su caso y no se conocían otros abusos no prescritos. Pero en retrospectiva, está claro que fue un error. Puede servir de ejemplo, por contraste, la decisión del actual obispo de Orleans, Mons. Jacques Blaquart. Tras un año sin noticias desde que comunicó los abusos, la víctima volvió a escribir al obispado, donde ya no estaba Mons. Fort, sino su sucesor, que de inmediato remitió la carta al fiscal. La víctima calificó de “ejemplar” la actitud de Blaquart.

Haya o no obligación por ley de denunciar abusos antiguos cuando la víctima ya es mayor de edad, quizá, para un obispo, denunciar sea lo más justo y prudente. Incluso cuando el propio interesado no quiera hacerlo.

Condena por denuncia falsa

La semana anterior a la sentencia del caso Barbarin, un matrimonio de jubilados, residentes en Baye (Marne), fueron condenados por acusar falsamente de abusos de menores a un sacerdote del lugar. Hace un año presentaron la denuncia, y la investigación judicial la reveló carente de todo fundamento.

El tribunal condenó a cada uno de ellos a tres meses de prisión dejada en suspenso y 500 euros de multa. Además, tendrán que exhibir durante dos meses, a sus expensas, el texto de la sentencia en la fachada del ayuntamiento.

El abogado del sacerdote declaró después que las denuncias falsas hacen daño a las víctimas. Y añadió: “En Francia hay 15.000 sacerdotes, de los que diez están imputados. Pero, si se da crédito a algunos medios de comunicación, se tiene la impresión de que todos los sacerdotes son pedófilos”.

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