Lagos. Desde el pasado 27 de octubre, la sharía (código islámico) es ley civil en el Estado de Zamfara, en el norte de Nigeria. El gobernador, Alhaji Ahmed Sani Yerima, proclamó la sharía en un acto público al que asistieron representantes de países islámicos como Arabia Saudí, Sudán o Palestina. Los cristianos temen perder la libertad religiosa.
La implantación de la sharía significa que pasan a ser delitos conductas como la venta y el consumo de alcohol, el adulterio o el juego. Hombres y mujeres no podrán mezclarse en lugares públicos; de hecho, en las escuelas del Estado ya se ha empezado a separar a las niñas de los niños, y las autoridades preparan medios de transporte y establecimientos sanitarios distintos para cada sexo. El código islámico prevé severas penas contra los delincuentes, como la amputación de miembros, la decapitación y otros castigos físicos.
El gobierno estatal va a constituir nuevos tribunales islámicos para aplicar la sharía. La Constitución nigeriana permite la existencia de estos tribunales en virtud de una disposición heredada de la legislación colonial. Cuando se preparaba la independencia, se acordó mantener este sistema en el norte del país, de mayoría musulmana, que de otro modo se habría separado del resto. Pero la sharía está reconocida sólo como norma consuetudinaria, y los tribunales islámicos sólo son competentes en cuestiones personales o familiares entre musulmanes (matrimonio y divorcio, custodia de hijos, restitución de propiedades). Con la implantación oficial de la sharía, la jurisdicción de los jueces islámicos se extiende a todos los casos civiles y penales.
El gobernador Yerima ha asegurado que el código islámico se aplicará sólo a quienes sean musulmanes o «acepten voluntariamente la jurisdicción de los tribunales islámicos». Proclamar la sharía, ha dicho también, no equivale a instaurar un Estado islámico; la medida sólo pretende «asegurar que practiquemos nuestra religión como Dios nos ha ordenado». Estas garantías no han logrado tranquilizar a los cristianos, que, ya antes de la proclamación de la sharía, han sido víctimas de la hostilidad musulmana. Los islamistas radicales culpan a los cristianos de los males que aquejan a la sociedad, y a veces protestan destruyendo propiedades cristianas, en especial iglesias. También están inquietos muchos musulmanes moderados del Estado, recelosos del drástico cambio que el nuevo sistema va a producir en sus vidas.
La Iglesia católica ha protestado contra la islamización. El arzobispo de Abuja, Mons. John Onaiyekan, la ha calificado de «totalmente irresponsable», y ha instado al presidente nigeriano, Olusegun Obasanjo, a que la anule por inconstitucional. «La Constitución -ha declarado Mons. Onaiyekan- estipula con toda claridad que ni el gobierno de la Federación ni el de ningún Estado puede declarar oficial una religión. E implantar la sharía es convertir al Islam en la religión del Estado».
Entre las reacciones favorables a la imposición de la sharía en Zamfara, destaca la del Foro Islámico de Nigeria. Además de elogiarla, ha instado «a todos los Estados nigerianos de mayoría musulmana a imitar a Zamfara». El caso es que, de súbito, otros gobiernos de Estados del norte han revelado que tienen avanzados los preparativos para dar ese paso. La coincidencia no parece casual: da la impresión de que existe un plan premeditado para islamizar el norte. Los Estados de Sokoto, Yobe, Katsina y Kebbi han constituido comisiones oficiales para estudiar la implantación de la ley coránica. En otro Estado del norte, Kano, el gobierno ha impuesto la enseñanza de la religión musulmana en todas las escuelas, con independencia de la titularidad de los centros y de las creencias de los alumnos.
La proclamación de la ley islámica en Zamfara fue anunciada el 8 de octubre, y en todo este tiempo el gobierno federal no ha hecho declaración oficial alguna. Sólo ha convocado al gobernador Yerima a una reunión con el vicepresidente. Según el ministro de Justicia, aún es «demasiado pronto» para que el gobierno haga comentarios sobre el asunto. Muchos nigerianos, sin embargo, piensan que las autoridades nacionales han guardado silencio demasiado tiempo y esperan que salgan en defensa del orden constitucional.
Eugene Agboifo Ohu