Desde que George Bush propuso el pasado julio a John Roberts como candidato a ocupar una vacante en el Tribunal Supremo, se ha desencadenado la acostumbrada trifulca en torno a sus coordenadas ideológicas. Se considera un nombramiento clave, ya que es el voto que puede inclinar la balanza en un Tribunal donde muchas cuestiones polémicas se deciden últimamente por 5 a 4. Ya hay senadores dispuestos a dar la batalla en las audiencias para su confirmación en el Senado, que comienzan el 5 de septiembre. Pero no será fácil descartar a un hombre con su perfil jurídico.
El hecho de que sea propuesto por Bush ya es suficiente para que no guste a los activistas del ala izquierda. Pero nadie pone en duda su prestigio y su experiencia jurídica. De hecho, cuando en 2003 fue elevado al Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, en el habitual escrutinio en el Comité Judicial del Senado nadie se opuso. Y en los dos años que ha desempeñado el puesto nadie se ha quejado de él.
Roberts, de 50 años, está casado con una abogada, tienen dos hijos adoptivos y es católico practicante. Estudió Derecho en Harvard, y ha realizado una brillante carrera profesional, primero como joven ayudante de jueces, y luego como uno de los asesores legales de la Administración Reagan y como abogado de empresas. Ha defendido 39 casos ante el Tribunal Supremo y ha ganado 25.
Los testimonios de juristas recogidos estos días en la prensa lo presentan como un jurista «conservador pero no ideólogo». Su enfoque es esencialmente jurídico: «Se centra mucho en el caso legal y en los precedentes sentados por los tribunales», dice un colega.
Ante el próximo escrutinio en el Senado, la Administración ha hecho públicas más de 5.000 páginas de documentos en los que se refleja la labor de Roberts como asesor de la Administración. En seguida se ha pasado por la criba sus posturas sobre temas habitualmente polémicos como las relaciones Iglesia-Estado, discriminación positiva, derechos de las minorías, legislación ambiental… Pero, como señala «The Economist» (23-07-05), «la debilidad de estas críticas es que se refieren a las argumentaciones que Roberts utilizó como abogado, no a sus sentencias como juez. Un abogado defiende las tesis de su cliente. No tiene que creer en ellas». Por eso una lectura selectiva de sus dictámenes puede dar una impresión equivocada de sus ideas personales.
En temas de relaciones Iglesia-Estado, las notas muestran una postura similar a la del actual presidente del Tribunal, William Rehnquist, quien piensa que el Tribunal Supremo ha establecido últimamente una valla de separación más alta de lo que exige la Constitución.
La izquierda, representada por el senador Ted Kennedy, le acusa de haber apoyado poco los derechos civiles. Su reproche es que Roberts ha tendido a dar interpretaciones restrictivas de la intervención del gobierno federal en cuestiones como las cuotas en función de la raza o género, el «busing», el medio ambiente y otras causas caras a la izquierda.
La incógnita del aborto
Sobre el aborto, que una vez más aparece como el papel de tornasol de la aceptación del candidato, nadie está seguro de lo que piensa. Como abogado representante de un presidente republicano defendió que la sentencia «Roe vs. Wade», que quitó las limitaciones al aborto, puede ser revocada; pero en las audiencias para ser nombrado juez de apelaciones la describió como «doctrina establecida en este campo» y que «no hay nada en mis puntos de vista personales que me impida aplicar este precedente total y fielmente».
De su labor en el Tribunal de Apelaciones cabe destacar que fue uno de los jueces que estableció que los encarcelados en Guantánamo no tienen derecho a gozar de la protección de la Convención de Ginebra para prisioneros de guerra.
Pero gran parte de los casos que llegan al Tribunal Supremo no tienen que ver con cuestiones ideológicas. Por eso, su experiencia como abogado de empresas le da más credibilidad ante el ala empresarial de los políticos republicanos.
Por su carácter personal es descrito como «afable, simpático padre de familia, con amigos en ambos partidos» («The Economist»). Para «Time», lo que destaca es la combinación de virtudes: «Un hombre elocuente que sabe escuchar; con talento natural pero que trabaja a conciencia; un gran tipo que brilla como una estrella del derecho».
Pero el candidato a juez no tiene garantizado el «fair play» en el escrutinio. El primer golpe bajo lo ha lanzado NARAL, la asociación «pro-choice» que le ha conceptuado como un enemigo del derecho al aborto. NARAL se ha gastado 500.000 dólares en un anuncio televisivo en el que, usando la imagen de una bomba contra una clínica abortista, aseguraba que Roberts «defendió la violencia de grupos extremistas y a un condenado por poner una bomba en una clínica».
Pero lo que se ha puesto de manifiesto con el anuncio es el extremismo de NARAL. El «Washington Post» ha exhumado un memorándum de 1986 en el que Roberts recomendaba que no se concediera un perdón del Presidente a quienes atentaban contra clínicas abortistas: «Por elevados o sinceros que puedan ser sus objetivos, los que recurren a la violencia para lograrlos son criminales», escribía.
De hecho, el caso que NARAL utilizaba en su anuncio no tenía nada que ver con la violencia. En 1993, como asesor de la primera Administración Bush, Roberts defendió ante el Tribunal Supremo que la Ley de Derechos Civiles de 1871, que protegía a los negros contra el Ku Klux Klan, no podía aplicarse para prohibir pacíficas demostraciones de los pro-vida frente a clínicas abortistas. Y el Tribunal Supremo le dio la razón por 6-3. Hasta políticos «pro-choice» han encontrado mentiroso y contraproducente el anuncio de NARAL, que finalmente lo ha retirado.
En lo que todo el mundo está de acuerdo es en la trascendencia del nombramiento de Roberts. Sustituye a una juez, Sandra Day O’Connor, que con frecuencia ha sido el voto decisivo para inclinar la balanza a un lado u otro en un Tribunal dividido. Roberts, que a sus 50 años sería el juez más joven del tribunal, podría seguir allí durante casi tres décadas.
Pero la experiencia enseña también que las sentencias de los jueces del Tribunal Supremo una vez elegidos dan sorpresas, tanto a los que eran sus partidarios como a sus detractores.