El Tribunal de Apelaciones británico ha anulado la decisión dictada el pasado viernes 21 por una juez, que pretendía obligar a una joven con discapacidad intelectual a abortar en contra de su voluntad y la de su madre.
Todavía no están claros todos los detalles del caso. Se sabe que la joven está en la veintena, aunque su edad mental es de entre 6 y 9 años. Está embarazada de 22 semanas. La policía investiga las circunstancias del embarazo, por ahora inciertas.
La joven quería tener al hijo. Su madre –matrona de profesión y católica, según informa The Telegraph–, se había comprometido a hacerse cargo del nieto. Y también contaba con el apoyo de la trabajadora social que asistía a aquella. Pero los médicos, de la sanidad pública (NHS), solicitaron por propia iniciativa la autorización para practicar el aborto al Tribunal de Protección, competente en los casos relativos a personas con discapacidad mental.
La juez Nathalie Lieven sabía que estaba ante un asunto sensible. “Soy muy consciente de que el hecho de que el Estado ordene a una mujer abortar cuando parece que no quiere, es una intrusión inmensa”. A pesar de eso, decidió ordenar el aborto, alegando “el mejor interés” de la embarazada.
La embarazada “merece ayuda, no intromisión” por parte del Estado
La madre recurrió la sentencia ante el Tribunal de Apelaciones de Inglaterra y Gales. El abogado de la familia argumentó que la juez Lieven había ignorado la voluntad de la embarazada, mientras concedía todo el crédito a las especulaciones de los médicos sobre cómo podía afectar a su salud mental la decisión de tener al hijo.
Los tres magistrados de apelación que juzgaron el caso han anulado la decisión. Más adelante, darán a conocer sus argumentos.
Ayuda, no intromisión
A propósito de este caso, Holly Scheer recuerda en The Federalist el de un tribunal de Nevada que en 2012 rechazó obligar a abortar a una mujer con discapacidad mental contra su voluntad y la de sus padres. El juez argumentó que la embarazada “tiene derecho a expresar su deseo en esa decisión, y nosotros [el Estado], los responsables de su cuidado, tenemos la obligación de escuchar y dar cumplimiento a sus deseos cuando sea apropiado (…). Es manifiesto que los riesgos para la Sra. Bauer o el feto no son tan abrumadores como para obligarla a que interrumpa el embarazo”.
Para Scheer, esta decisión acertó a identificar el papel que corresponde a las autoridades en situaciones como esta: la embarazada “merece ayuda, no intromisión”. Y critica la tendencia a desoír a los padres, algo que ya quedó de manifiesto en el caso de Alfie Evans, el niño británico aquejado de una rara enfermedad neurológica, a cuyos padres los tribunales impidieron llevar a un hospital italiano a intentar su curación.
También en el caso de Evans, los tribunales adujeron “el mejor interés” para retirarle la alimentación y el oxígeno. Lo que lleva a Scheer a criticar una interpretación demasiado expansiva de ese interés, tanto por parte de los médicos que querían el aborto como de la juez Lieven: “Los médicos del NHS quieren terminar con el embarazo de esta mujer porque creen que su discapacidad intelectual significa que un aborto sería menos traumático para ella que tener un bebé”. Por su parte, la juez trató de ningunear la voluntad de la joven, de su madre y de la trabajadora social, para decidir que “el bebé no tiene valor y que es mejor arrebatarlo de la vida de esta mujer”.
Y a la vista de los casos favorables al aborto que defendió Lieven cuando era abogada, Scheer observa: “El empeño de esta juez por un aborto ciertamente no es la decisión de esta madre; [más bien,] le roba a ella la decisión”.