Aún es incierto si Clinton logrará impulsar la economía norteamericana, pero ya no hay duda de que va a reactivar la industria del aborto. Nada más poner el pie en la Casa Blanca ha levantado una serie de restricciones al aborto mantenidas por las administraciones republicanas de Reagan y Bush. A partir de ahora, las clínicas y centros de planificación familiar subvencionados con fondos públicos federales podrán aconsejar el aborto. Este asunto motivó en 1991 una sentencia del Tribunal Supremo, que por 5 votos contra 4 dio por buena la reglamentación recurrida, ya que no prohibía el aborto sino que simplemente no lo fomentaba. Las nuevas normas de Clinton permiten también la realización de abortos en hospitales de las bases militares en el extranjero, la financiación pública de organizaciones que promueven el aborto en otros países, y de centros que investigan con tejidos fetales procedentes de abortos provocados.
Este cambio de política se entiende como una muestra de agradecimiento a las organizaciones pro aborto que le apoyaron durante la campaña presidencial. Lo que se entiende menos es que el nuevo objetivo, según Clinton, sea «una América en la que el aborto sea seguro y legal, pero infrecuente». Actualmente, a pesar de esas mínimas restricciones, se producen 1,6 millones de abortos anuales. Con la misma lógica, si Clinton cumple su promesa electoral de levantar la prohibición de que los homosexuales sean militares, podrá decirse que lo hace para que en el Ejército haya menos homosexuales.
