Ante los problemas planteados por la difusión de las drogas, en diversos países se debate si no sería mejor legalizarlas. El semanario L’Express (París, 7-X-93) sintetiza las previsibles ventajas y riesgos de algunas medidas que se proponen.
– La toxicomanía médicamente asistida consiste en prescribir estupefacientes, bajo control médico, a drogadictos. Ya sea heroína o una «droga sustitutiva»: la metadona.
Primera ventaja del método: permite seguir médicamente a los verdaderos adictos y a los marginados perdidos. Jeringuillas siempre nuevas y metadona en forma de jarabe: sin riesgo de propagar el SIDA. Otra ventaja: al ser gratis, los drogadictos ya no tienen que robar o prostituirse. Un primer paso para una eventual reinserción social.
Un inconveniente importante: la metadona es un opiáceo, que no conduce a la desintoxicación. Al contrario, crea una dependencia superior a la de la heroína. El toxicómano no sufre ya la abstinencia, ya no es un asocial peligroso, sino un drogado «legal» que, a priori, no tiene ningún motivo para desengancharse. En Liverpool, ciudad piloto en esta experiencia, las tres cuartas partes de los pacientes de estos centros están desde hace diez años con metadona.
– La despenalización del uso privado de las drogas ilícitas es todavía más complicada. ¿Debe limitarse al hachís? ¿Debe despenalizarse el uso «personal» de todos los estupefacientes?
Ventaja de esta política: se despejarían los tribunales y las prisiones. En el caso del cannabis, la ley ya no sería abiertamente violada y estaría de acuerdo con la realidad.
Pero varias cuestiones quedan sin respuesta:
– Algunos aceites de hachís contienen ya un 30% (contra un 4% en los años 70) de THC, sustancia terriblemente psicotrópica a esta concentración. ¿En qué categoría -droga «dura» o «blanda»- se incluiría este tipo de hachís?
– El fin de una prohibición se entiende de entrada como un estímulo al consumo: la población de toxicómanos aumenta, como lo ha demostrado el aumento de las muertes por sobredosis en Suiza y en España.
– La liberalización de la droga (como la del alcohol) se entiende siempre como reservada a los adultos. Pero los adolescentes constituyen, según los países, del 30 al 50% de la población intoxicada. ¿No se correría el riesgo de crear un peligroso tráfico de los adultos a los adolescentes?
– ¿Cómo seguir reprimiendo el tráfico de estupefacientes cuando el consumo es legal (considerado, pues, inofensivo)?
– Fin de la prohibición de las drogas. Filosofía de sus partidarios: la droga no está prohibida porque es peligrosa, es peligrosa porque está prohibida. La represión es un fracaso inevitable que no engendra más que «sociedades policiacas». Solución: distribución pública de narcóticos, como el monopolio de tabacos, bajo el control del Estado y siguiendo reglas estrictas: prohibición de la publicidad y de la venta a menores, control de la calidad de las sustancias vendidas, prohibición de conducir vehículos bajo los efectos de estupefacientes.
Las ventajas esperadas son evidentes. Reducción del riesgo del SIDA (jeringuillas de uso único vendidas con cada dosis). Venta a precios muy bajos, con la consiguiente disminución de la delincuencia. Desmantelamiento de las estructuras del tráfico clandestino, baja de la actividad de la criminalidad organizada y retroceso de la corrupción en el Tercer Mundo.
El plan tiene, sin embargo, aspectos peligrosos. Numerosos médicos recuerdan que, legales o no, los narcóticos crean la misma dependencia, es decir, la misma esclavitud. Legal o no, la toxicomanía puede siempre llevar a la desintegración de las familias, al nacimiento de niños enclenques, mal cuidados…
También los policías tienen sus temores: a la baja de la criminalidad provocada por la legalización ¿no seguiría una explosión de los crímenes cometidos bajo la influencia de los estupefacientes? La policía mantiene el mismo escepticismo a propósito de la gran criminalidad. Argumento de peso: los narcotraficantes son los primeros partidarios de la legalización de los estupefacientes, una medida que, en teoría, debería arruinarles. Su estrategia: en caso de legalización, comenzarían por inundar el mercado con una droga muy barata. Es fácil: el precio de coste de la cocaína es igual al 1% de su precio de venta al por mayor. Multiplicarían así su mercado por 10 o más, generando de paso millones de nuevos drogadictos, a los cuales podrían infligir luego nuevas tarifas al alza. Especialmente cuando los gobiernos, asustados, volvieran a adoptar medidas restrictivas.
Los juristas tienen otras objeciones: es imposible legalizar los estupefacientes en un solo país, o caso por caso. ¿Cómo hacer para que los grandes países consumidores despenalizaran las drogas al mismo tiempo y según los mismos criterios? Todas las naciones desarrolladas se han comprometido a limitar el empleo de estupefacientes y psicotrópicos a un uso médico y científico. ¿Cómo modificar o abrogar esas disposiciones? Y, eventualmente, ¿cómo hacer coexistir dentro de un mismo país un uso médico severamente reglamentado de ese tipo de sustancias y una utilización recreativa completamente libre? Un último punto: ¿qué gobierno podría arriesgarse a tomar medidas tan liberales sobre la droga mientras que la campaña antitabaco y antialcohol se hace cada vez más severa?