La Cámara de Representantes de Estados Unidos acaba de aprobar el proyecto de ley Pain Relief Promotion, por 271 votos a favor y 156 en contra. La mayor parte de la ley regula la administración de los cuidados paliativos a enfermos terminales y no es objeto de controversia. Sin embargo, los artículos que prohíben la cooperación al suicidio han provocado una polémica que afecta al punto central del federalismo estadounidense.
En 1997, el Tribunal Supremo afirmó que el «suicidio asistido» no era un derecho constitucional (ver servicio 102/97). Un dictamen favorable hubiera permitido la eutanasia en todo el país, como ocurrió con el aborto después de la sentencia Roe v. Wade. La negativa del Tribunal dejaba en manos de cada Estado la regulación de la eutanasia. Por eso el Estado de Oregón pudo aprobar la ley Dead With Dignity -que permitía el suicidio asistido-, después de dos plebiscitos y varios recursos en los tribunales (ver servicio 157/97).
Con la aprobación del proyecto en la Cámara de Representantes -de mayoría republicana-, la llave está en manos del Senado. Si lo aprueba, la cooperación al suicidio quedaría prohibida en todo el país.
Por eso el debate ha tomado tonos federalistas. «Es paradójico que los republicanos, que siempre estamos hablando de trasladar competencias a los Estados, votemos para echar abajo una ley estatal y tratemos de imponer nuestros puntos de vista a los Estados», decía Nancy Johnson, una de las congresistas republicanas que votaron en contra del proyecto (International Herald Tribune, 29-X-99).
La aprobación definitiva de la ley paralizaría el proyecto del Estado de California de aprobar una medida similar a la de Oregón y el referéndum sobre la eutanasia en Maine, previsto para el próximo año.