La Corte Constitucional rechazó un primer intento
Bogotá.- Las maniobras políticas y de opinión pública para legalizar el aborto en países latinoamericanos están a la orden del día. En Colombia ha fracasado un intento de que la Corte Constitucional despenalizara el aborto. En Brasil, un proyecto de ley del gobierno en el mismo sentido está encontrando fuerte resistencia en el trámite parlamentario.
En Colombia el procedimiento legal comenzó el pasado 14 de abril, cuando la abogada Mónica del Pilar Roa López, directora de proyectos de Women’s Link Worldwide, presentó una demanda ante la Corte Constitucional en la que solicitaba que se declarasen insconstitucionales los artículos del Código Penal que castigan el aborto.
En Colombia, cualquier ciudadano puede presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional. Debe aducir una razón jurídica de por qué la ley viola un derecho del ciudadano, y una explicación sobre la competencia de la Corte en la materia.
En Colombia está prohibido el aborto, excepto cuando la vida de la madre corra grave peligro. El Código Penal establece una pena de 16 a 54 meses de prisión para «la mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause».
En los últimos años, algunos organismos internacionales han llevado a cabo un campaña de presión para conseguir la despenalización del aborto en Colombia. Eslóganes del tipo «Mujeres enfrentan prisión por abortos», aun siendo falsos, han tenido efecto en la opinión pública, a través de la desinformación que han llevado los medios de comunicación más importantes del país. Si el aborto hubiera llegado a legalizarse en Colombia, se habría hecho sin un serio y plural debate público. En los principales medios, las opiniones iban acompañadas de un «silencio» informativo marcadamente ideológico, y no pocas veces de estadísticas manipuladas.
Especulaciones sobre el número de abortos
Cuando se hace referencia a las causas de mortalidad materna en Colombia, muchas veces se indica que el aborto ocupa el segundo lugar. Pero dentro de las causas de muertes maternas provocadas por el aborto, se incluyen causas que no se pueden relacionar con el aborto provocado inseguro, tales como el aborto espontáneo, la mola hidatiforme, el embarazo ectópico, etc. Por otra parte, para reducir la mortalidad materna en Colombia sería necesario aumentar el personal médico cualificado que atiende los partos, y solucionar los problemas del difícil acceso de muchas poblaciones a centros de salud médica competentes.
En un informe del 15 de mayo de 2003, el Ministerio de la Protección Social admitió que muchas de las muertes podrían evitarse con una serie de medidas no costosas sin recurrir al aborto.
Si en realidad el problema del aborto no puede ser relacionado con la mortalidad materna, sí podemos encuadrarlo en el ámbito de la planificación familiar. La realidad muestra que el aborto está siendo utilizado principalmente como un método de planificación familiar, hecho que contradice abiertamente el espíritu de las conferencias de El Cairo y de Beijing. En los documentos finales de ambas conferencias se dice que «en ningún caso se debe promover el aborto como método de planificación de la familia».
La estimación del número de abortos provocados en Colombia ofrece un caso de clara manipulación informativa. Las entidades gubernamentales, los medios y las ONG manejan diferentes cifras sobre este fenómeno, todas basadas en especulaciones.
El número más alto y más repetido es el de 450.000 abortos al año. Como origen de la cifra se cita el informe presentado por Colombia ante el comité del CEDAW de la ONU en 1993. Este último indica que «aunque no se dispone de cifras confiables debido a su carácter de ilegalidad y consecuente penalización, algunos datos parciales tienden a mostrar aumento en su incidencia en los últimos años. Para 1993 se calculan 450.000 abortos al año en Colombia». El informe no cita ninguna fuente. Esta presunción de hace más de 10 años, no tiene como respaldo un estudio serio, y la cifra de 450.000 abortos por año ha ido pasando de organismo en organismo, de documento en documento, sin que se haya cuestionado su origen. En la demanda presentada a la Corte Constitucional por la señora Roa se da el mismo número.
Cifras movedizas
Para defender este número tan alto de abortos, se hace referencia también a un estudio realizado entre 1992 y 1995 por el Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social (CIDS) de la Universidad Externado de Colombia. El estudio involucró a 33.275 mujeres de entre 15 y 55 años, un 22% de las cuales declaró haber tenido por lo menos una experiencia de aborto inducido. Pero el que esas mujeres hayan declarado haber tenido por lo menos una experiencia de aborto no implica necesariamente que todos esos abortos se hayan realizado en el mismo año. Además, el 22% de la población equivalente mencionada es de 248.046 mujeres, valor que sería considerado como el número de abortos si todos se hubieran realizado el mismo año. Esta última cifra corresponde a casi la mitad de los 450.000 que habitualmente se difunde en la opinión pública.
Existen otros estudios que presentan cifras mucho más bajas. En una publicación del Alan Guttmacher Institute, se estima que en Colombia tienen lugar 288.400 abortos al año. Para obtener este valor, los investigadores se basaron en el número de hospitalizaciones de mujeres que tuvieron complicaciones debidas a un aborto, sin diferenciar si el aborto era inducido o espontáneo. Los investigadores multiplicaron ese número por un factor algo arbitrario que depende de varios factores, como por ejemplo, el acceso de las mujeres a los servicios de salud, las tasas de uso de anticonceptivos o la seguridad de los procedimientos para practicar un aborto.
Para Colombia se asignó un factor multiplicador de 5,5 en 1992 sobre un máximo de 7, que es aplicado a los países en donde el aborto es practicado en condiciones totalmente gratuitas. Como se puede observar, el cálculo es tan irregular que si se hace pequeñas variaciones en el factor multiplicador se obtienen significativos cambios en la cifra final de abortos inducidos estimados por año. Por ejemplo, si en vez de 5 se designara el factor 4, el número de abortos se reduciría en 58.000. Si se compara esta aproximación a 230.000 abortos con la cifra de 450.000, puede observarse una notable diferencia. La cifra de 450.000, para que fuera cierta según los criterios investigativos del Instituto Alan Guttmacher, se tendría que aplicar un factor de 7,8, número que sobrepasa la escala máxima posible.
Documentos silenciados
Se conoce otro documento de octubre 2004, cuya elaboración fue coordinada por la ex ministra Cecilia López Montaño, en donde se hace mención al número de abortos inducidos en Colombia, y se afirma que existe un rango amplio de abortos inducidos en el país, que va desde 140.000 hasta 360.000 abortos anuales. «En consecuencia, los datos estimados son sensiblemente menores que lo que se menciona de manera generalizada e incluso sensacionalista». Pero también este documento es silenciado.
Este informe calcula el número de abortos teniendo en cuenta la alta tasa de uso de métodos anticonceptivos en Colombia (77%), tasa que se compara con países en circunstancias similares que tienen datos reales sobre abortos efectuados
En 2004, la Organización Mundial de la Salud estableció en 0,1% la tasa de fallecimientos debida a procedimientos de abortos inseguros para la zona de América Latina y el Caribe. Con base en esta estimación, se podría calcular el número de abortos en Colombia a partir de las muertes registradas. En 2001, se presentaron 64 casos de muertes maternas relacionadas con el aborto, 47 en 2002 y 45 en 2003. Teniendo en cuenta estos valores, se obtendría un número de abortos inducidos de 64.000, 47.000 y 45.000 para los años 2001, 2002 y 2003, respectivamente.
Por último, el número total de nacimientos censados en Colombia es aproximadamente de 700.000, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Es muy posible que los nacimientos sean más. De hecho UNICEF estima el número de nacimientos en 950.000 (2003).
A favor y en contra
Desde el momento mismo en que la abogada Roa presentó la demanda, se hicieron públicas múltiples posiciones a favor de la despenalización del aborto. La postura más significativa fue la que manifestó Human Rights Watch (HRW), organización no gubernamental que goza de status consultivo ante las Naciones Unidas y la Unión Europea. En un Memorial presentado ante la Corte Constitucional, HRW aseguraba que si Colombia ha ratificado varios tratados internacionales de Derechos Humanos, cuyos comités de control han recomendado que se despenalice el aborto en algunos casos específicos, debería obrar en consecuencia con los compromisos adquiridos frente a la comunidad internacional. El Estado colombiano, por tanto, tendría que acoger las recomendaciones de dichos comités y liberalizar la ley sobre el aborto, permitiendo su aplicación despenalizada.
«Para Human Rights Watch», señala Nubia Posada, experta colombiana en temas de bioética, «no parece tener ningún valor el hecho de que ningún tratado internacional de la ONU permita el aborto. Lo que dicen los Comités no pueden tener el mismo peso jurídico y político que lo que dicen los tratados. Colombia está siendo fiel a los tratados, a pesar de las manipulaciones y persistentes presiones elaboradas por los Comités que deberían velar por que se cumplan precisamente esos tratados, y los están manipulando para contradecir sus contenidos».
La Iglesia católica, en la persona de Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, declaró: «El Estado debe proteger la vida de todos, y, si no lo hace, la ley que se promulgue despenalizando el aborto será ‘legal’ pero abominablemente injusta. La Iglesia insta una vez más a los católicos y a todas las personas de buena voluntad a defender el precepto ‘no matarás'».
En defensa incondicional de la vida se han expresado numerosas personalidades, intelectuales y médicos. Se recogieron dos millones de firmas en contra de la despenalización del aborto, que se hicieron llegar a la Corte.
La decisión de la Corte
En este caso, la Corte Constitucional se inhibió para fallar ante la demanda de la abogada Roa. El alto tribunal opinó que los demandantes no argumentaron claramente por qué la norma que penaliza la conducta debía abrogarse.
Entre otras cosas, la Corte sostiene que la demanda no probó en qué aspectos las decisiones de organismos internacionales modificaron los parámetros legislativos en Colombia.
La decisión, adoptada por la Corte Constitucional, por cinco votos a favor y tres en contra, implica que el aborto continuará siendo delito en Colombia. Sin embargo, las demandas podrán ser corregidas y presentadas nuevamente para que la Corte se pronuncie. De hecho, la abogada Roa acaba de presentar una nueva demanda para despenalizar el aborto, pero no ya parcial sino totalmente. La Corte debería pronunciarse en torno al mes de junio de 2006.
Pablo Álamo