En 1975 la ley Veil despenalizó en Francia el aborto, con la idea de que fuera una práctica excepcional que iría disminuyendo con la difusión de la anticoncepción. Veinticinco años después, el número de abortos está estabilizado a un nivel elevado, y el gobierno ha presentado un proyecto que amplía el plazo para abortar de 10 a 12 semanas de embarazo y permite que aborten las menores de 18 años sin autorización paterna.
Como razón de la reforma, la ministra Martine Aubry aduce la necesidad de dar una solución a las «cinco mil mujeres que cada año se ven obligadas» a abortar en el extranjero, por haber superado el plazo legal (Holanda, Gran Bretaña y España están consideradas como los «paraísos abortistas»).
El número de abortos declarados en Francia oscila desde los años ochenta entre 160.000 y 190.000 anuales, aunque todas las estimaciones dicen que el número real no es inferior a 220.000. Esto supone unos 30 abortos por cada 100 nacidos vivos. Comentando estas cifras, la propia Simone Veil, ministra de Sanidad cuando se aprobó la ley, reconocía en 1995 que «en este punto, los objetivos no se han alcanzado». Los gobiernos sucesivos han seguido pensando que se podría reducir el número de abortos difundiendo más la contracepción.
Pero los demógrafos son cada vez más escépticos en cuanto a la idea de que baste la contracepción para erradicar el aborto. Según cifras de 1994, el 67,7% de las mujeres entre 20 y 44 años utilizaban anticonceptivos. «Desde comienzos de los años 80, casi la totalidad de las mujeres que no desean tener hijos practican la contracepción», comenta Henri Leridon, del Instituto de Estudios Demográficos (INED). Pero da la impresión de que cuanto más se afianza la práctica anticonceptiva, más necesario sigue siendo el aborto como último recurso.
Según Chantal Blayo, investigadora del INED y autora de un informe sobre el aborto, «antes se admitía el hijo inesperado, lo que cada vez es menos frecuente. Las mujeres que utilizan mejor la contracepción son también las más decididas a abortar en caso de fallo» (cfr. La Croix, 10-I-2000). Y aunque el aborto se presente como el derecho de la mujer a elegir, es a veces difícil -observa Blayo- que una mujer acepte al hijo contra la opinión de quienes le rodean y que la presionan para que aborte.
Por otra parte, como ocurre en otros países, cada vez hay menos médicos que quieran realizar abortos, a no ser por dinero en clínicas privadas. Otros médicos que han practicado abortos en hospitales públicos por convicción ideológica, se muestran cansados y reticentes ante esta ampliación. Le Monde (5-X-2000) recoge el testimonio de dos «ginecólogas feministas», hoy quincuagenarias, que practican abortos desde hace veinte años. Para ellas, ampliar los plazos es la solución facilona. «Todo el mundo dirá que es un gran progreso para las mujeres. Pero la interrupción del embarazo se vive siempre como un fracaso», dice Chantal Chevallier. Ambas consideran insoportable practicar un aborto a las doce semanas del embarazo, y no piensan hacerlo. «Quince centímetros de la cabeza a los pies… Es un pequeño hombre con dedos, con ojos, con sexo», explica la doctora Chantal Dupont. «Ya a las diez semanas me siento mal. Lo hago para prestar un servicio». Lo que estas ginecólogas piden es un «esfuerzo masivo» de educación sexual, para prevenir el aborto.
Es lo que ya emprendió el gobierno en enero de este año, cuando lanzó una campaña sobre la contracepción con un presupuesto de 24 millones de francos. Pero no parece que haya interesado mucho, quizá porque el problema no es de falta de información. Según Danielle Gaudry, del Movimiento francés de planificación familiar, «el número de teléfono puesto a disposición para esta campaña no ha tenido un éxito loco. Las acciones locales han arrancado difícilmente. En suma, no tenemos la impresión de que la campaña haya influido en mucha gente».
Aborto de las menoressin permiso de los padres
A falta de campañas que induzcan un comportamiento sexual más responsable, el gobierno tiende a solucionar los problemas con pastillas. Ya se ha aprobado en la Asamblea la reforma legal que permite dispensar en las farmacias la «píldora del día siguiente» sin prescripción médica; y las enfermeras de centros escolares podrán suministrarla a las jóvenes sin conocimiento de sus familias (ver servicio 97/00). Hasta ahora la ley prohibía la distribución de cualquier píldora anticonceptiva sin receta médica. Ahora, una píldora con unas dosis mucho más elevadas de estrógenos y gestágenos será de venta libre, también para menores. La píldora, que impide la implantación del óvulo fecundado, tiene en la mayoría de los casos efectos abortivos (cfr. servicio 107/99).
El objetivo declarado de esta política es rebajar los 10.000 embarazos no deseados que se producen cada año entre adolescentes, de los cuales 7.000 terminan en aborto. Según encuestas, el 12% no utilizan ningún medio anticoncepctivo en su primera relación sexual.
Cuando no baste esa solución, las menores de 18 años podrán abortar sin la autorización paterna que exigía hasta ahora la ley. Si se aprueba la modificación de la ley del aborto, bastará que las acompañe una persona mayor que ellas elijan. Se aduce el temor a que los padres nieguen el permiso o que la revelación del estado de la hija la haga correr un riesgo psicológico o físico.
Así, tanto la utilización de anticonceptivos como el recurso al aborto podrá hacerse a espaldas de los padres. Algunos han recordado que esta directriz surge del mismo gobierno que el año pasado apelaba a reforzar la responsabilidad educadora de los padres, ante los problemas de indisciplina escolar y ciudadana de sus hijos.