La falta de controles con que se practica en España la fecundación in vitro se ha puesto de relieve en el caso de una clínica de Barcelona, que para buscar donantes de óvulos ofrece una compensación económica. Además de este reciente hecho, se dan otras anomalías derivadas de la inconcreción de las leyes que regulan las técnicas de reproducción artificial. No está determinado qué destino ha de darse a los embriones que no se implantan y se conservan congelados, y -a falta de normas sobre la aplicación de estas técnicas- algunas mujeres se someten a un número excesivo de intentos.
El caso de Barcelona ha sido motivado por la necesidad de obtener óvulos para la fecundación in vitro en mujeres que no pueden aportarlos. La ley exige que las donaciones de óvulos o esperma sean anónimas y gratuitas; pero las importantes incomodidades que ocasiona la extracción de óvulos -un tratamiento de estimulación ovárica que puede durar entre seis y ocho días y una operación con anestesia local- hace difícil encontrar voluntarias. Por este motivo, el instituto CEFER de Barcelona, un centro especializado en fecundación in vitro, puso un anuncio en que solicitaba donantes de óvulos y ofrecía una «compensación por las molestias». Hasta ahora, quince jóvenes han donado óvulos en CEFER y se cree que han recibido por ello unas cien mil pesetas cada una. El gobierno catalán ha abierto una investigación y, si se confirman las sospechas, impondrá una sanción que puede llegar hasta el cierre del centro.
Otro problema originado por la legalización de la fecundación artificial es el de los embriones «sobrantes». Normalmente, se fecundan cinco óvulos en cada intervención: tres se implantan y los dos restantes se congelan, por si falla el primer intento. ¿Qué hacer con éstos, si no resultan necesarios? La ley prohíbe la fecundación de óvulos con fines distintos de la reproducción y sólo autoriza la experimentación con los embriones que se sabe con seguridad que son inviables. Las mujeres que se han sometido a la reproducción asistida tienen dos años para decidir si se implantan los embriones congelados o los donan. En muchos casos, al cabo de ese plazo, no hacen lo uno ni lo otro, y la ley no determina cómo obrar si así ocurre. En consecuencia, un elevado número de embriones «huérfanos» permanecen congelados en los centros de reproducción artificial.
Tampoco se han regulado los protocolos que han de seguirse en la aplicación de las técnicas de fecundación in vitro. De ahí que algunas mujeres se sometan a un número excesivo de intentos, con el peligro de que las estimulaciones ováricas repetidas les ocasionen serios trastornos. A falta de un límite legal y de normas sobre la selección de candidatas a estas técnicas, los centros especializados pueden explotar a mujeres con pocas posibilidades de obtener descendencia mediante fecundación in vitro.
Estas anomalías fueron denunciadas en un congreso de especialistas celebrado en Barcelona el año pasado. El origen de ellas es que, tras cuatro años de vigencia de las leyes sobre reproducción asistida y utilización de embriones, todavía no se han dictado los reglamentos que deben concretarlas y desarrollarlas. Según el diputado socialista Marcelo Palacios, que fue el principal promotor de las leyes, desde hace más de dos años existe un proyecto de decreto, pero aún no ha sido aprobado.