El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha decidido retirar la reforma del aborto que derogaba íntegramente la ley de plazos en vigor, aprobada en 2010. En su lugar, ha anunciado que se limitará a cambiar un punto de esa ley: exigir el consentimiento paterno cuando quieran abortar las chicas de 16 y 17 años. Con este retoque, el gobierno espera cerrar un debate en el que se siente incómodo. Pero habrá que ver qué dice el Tribunal Constitucional acerca de la ley vigente, sobre la que pesan dos recursos de inconstitucionalidad.
El Partido Popular decidió entrar de lleno en el debate sobre el aborto cuando se sumó, en octubre de 2009, a una manifestación celebrada en Madrid contra la reforma impulsada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Allí estuvieron María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP; el ex presidente del gobierno, José María Aznar; Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid; Ana Mato, Ana Pastor, Jaime Mayor Oreja y más de 50 parlamentarios populares.
El PSOE pide que el gobierno remate su rectificación evitando un pronunciamiento del Tribunal Constitucional
Una vez aprobada en 2010, la “ley Aído” fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por 71 diputados del Grupo Popular. El gobierno de Navarra, de UPN, también presentó un recurso de inconstitucionalidad al entender que la ley del aborto suponía una “invasión de competencias” por parte del Estado en la Comunidad foral.
En coherencia con esa toma de postura, el PP se presentó a las elecciones generales de 2011 con unas promesas muy concretas: “La maternidad debe estar protegida y apoyada. Promoveremos una ley de protección de la maternidad con medidas de apoyo a las mujeres embarazadas, especialmente a las que se encuentran en situaciones de dificultad. Impulsaremos redes de apoyo a la maternidad. Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores”.
Fruto de este compromiso, el hasta ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se encargó de redactar un proyecto de ley que dejaba de considerar el aborto como un derecho durante la primera fase del embarazo para volver a autorizarlo solo en ciertos casos (cfr. Aceprensa, 24-12-2013). El anteproyecto recibió un primer visto bueno del gobierno y el aval de importantes organismos, como el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal o el Comité de Bioética de España (cfr. Aceprensa, 18-09-2014).
Pero esta coherente trayectoria ha saltado por los aires cuando el presidente Rajoy ha decidido retirar el anteproyecto de ley, alegando que falta el consenso suficiente para sacarlo adelante y que otro gobierno podría cambiarla en cuanto llegue al poder. Lo único que va a modificar de la reforma del PSOE es que las chicas de 16 y 17 años que aborten tengan que hacerlo con el conocimiento y el consentimiento de sus padres.
La jurisprudencia del TC impide al PP retirar el recurso contra la ley del aborto de 2010
Habrá que ver cómo se regula esto en concreto. La fallida reforma del ya dimitido Gallardón exigía el consentimiento expreso de los padres o tutores para que aborte una menor de 16 años, y el asentimiento (declaración de conformidad) si la chica tiene 16 o 17. En caso de conflicto entre la menor y sus padres, admitía que un juez considerase válido el de la menor, salvo que aprecie falta de madurez u otras circunstancias del estilo.
Una pequeña parte del total
Si el gobierno asume este retoque, quizá encuentre “un mayor consenso”, pues fue el punto de la ley de 2010 que más oposición encontró. Pero no podrá presumir de estar dando un paso importante para cambiar el modelo de la actual regulación: el aborto de las adolescentes de 16 y 17 años (las únicas a las que afecta este cambio legal, pues la ley de 2010 tampoco dejaba abortar sin consentimiento paterno a las de 15 o menos años) solo es una pequeña parte del total.
Los últimos datos publicados, correspondientes a 2012, muestran que en España hubo 4.222 abortos entre las menores de 16 y 17 años. Esto supone un 3,8% de los 112.390 abortos que se llevaron a cabo ese año con la actual ley de plazos. Tampoco hay que olvidar que el requisito del consentimiento paterno no fue suficiente para evitar los 990 abortos que se produjeron entre las de 15 años; los 373 abortos, entre las de 14; los 78, entre las de 13; los 8, entre las de 12.
Si el gobierno quería marcar la diferencia con respecto al gobierno de Rodríguez Zapatero, tendría que haber mantenido el auténtico cambio que traía la “ley Gallardón”: dejar de considerar el aborto como un derecho y abolir un sistema que desconoce la protección de la vida del no nacido, lo que entra en contradicción con la doctrina del Tribunal Constitucional español (cfr. Aceprensa, 16-12-2008 y 24-09-2009).
Los abortos de las menores de 18 años suponen solo el 3,8% del total
El TC tendrá que pronunciarse
Sobre esto tendrá que pronunciarse próximamente el Tribunal Constitucional (TC), quien ya cuenta con la ponencia base –redactada por el magistrado Andrés Ollero– sobre la que debatir. El TC no ha querido pronunciarse hasta ahora a la espera de que el gobierno del PP aprobase su ley. Al fin y al cabo, ¿qué necesidad tenía de fallar sobre una ley que iba a quedar derogada?
En un momento en que se reprocha al TC su “omnipotencia legislativa” parece razonable pensar que este tribunal ha optado por esperar a que el legislador hiciera su trabajo. Da la impresión de que al PP le ha salido mal el pulso que ha echado al TC, confiando en que este resolviera la patata caliente.
Como explica María Fabra en El País, ahora el PP no puede desistir del recurso de inconstitucionalidad que presentó contra la ley de 2010 pues la propia jurisprudencia del TC se lo impide. El motivo es que la legitimidad para presentarlo y, por tanto, para desistir de él no corresponde al Grupo Parlamentario, sino a los 71 diputados del Grupo Popular que presentaron el recurso. Varios de los firmantes ya no son diputados por lo que “no existe identidad física entre el grupo de Diputados recurrentes y los poderdantes actuales”, dijo el TC en un auto de 1999, en un caso en que grupo de diputados distinto del que recurrió trató de retirar una impugnación.
Pero ya hay presiones para que el gobierno invente un modo de retirar el recurso, como ha pedido Alfredo Pérez Rubalcaba en un artículo publicado en El País (25-09-2014). El ex secretario general del PSOE argumenta, con lógica, que “al desistir de llevar adelante su proyecto de reforma, el PP está admitiendo que la ley vigente es constitucional. Pues ningún Gobierno, y menos uno que cuenta con el respaldo parlamentario de una mayoría absoluta puede permanecer impasible y no modificar una ley que considera contraria a nuestra Constitución”. Si no da el paso de retirar el recurso, el PP no hará más que trasladar una “patata caliente” al Tribunal Constitucional, lo que le pondría en “una delicada situación”.
Rubalcaba reconoce que el Tribunal debe moverse por consideraciones jurídicas, no políticas. Pero advierte que “todas las leyes aprobadas en el Parlamento deben gozar de una presunción favorable de constitucionalidad que obliga al Tribunal a buscar, a explorar, las interpretaciones de la Constitución que las amparen”.
Esta afirmación no deja de sorprender en el partido de la oposición que ha presentado ya varios recursos de inconstitucionalidad contra leyes del gobierno de Rajoy. Pero es un modo de avisar al TC que, en todo caso está “obligado” a buscar “interpretaciones” de la Constitución que blinden el derecho al aborto. La retirada del recurso, termina Rubalcaba, “eliminaría la sospecha de que el PP no ha renunciado a cambiar la ley, sino que, simplemente, se sirve de una artimaña para que otros le hagan el trabajo”.
Si con la retirada de la ley Rajoy pensaba que iba a lograr un mayor consenso, las reacciones socialistas muestran que solo esperan que complete su rendición entregando las armas del recurso. Y es que una política dubitativa y acomplejada solo sirve para dar alas al adversario.