En las campañas abortistas se suele argumentar que, si el aborto no es legal y no está financiado con fondos públicos, los pobres sufren discriminación, ya que no pueden abortar por falta de dinero. Por otro lado, la justificación del aborto por motivos socioeconómicos -admitida en algunos países y propuesta en otros- supone que las personas de clase modesta tienen una particular necesidad de recurrir al aborto. Sin embargo, dos encuestas realizadas en Estados Unidos, analizadas por Jack Fowler en el último número de The Human Life Review (otoño 1992), revelan que los más pobres son el grupo menos favorable al aborto.
El primer sondeo, llevado a cabo en mayo de 1992 por el Wirthlin Group para Reader’s Digest, incluye tres preguntas relativas al aborto y desglosa las respuestas según el nivel económico de los encuestados. Los resultados muestran que la postura abortista tiene tanta menor aceptación cuanto más bajos son los ingresos. Esto se puede ver comparando las opiniones de los dos grupos extremos: el de renta anual superior a 60.000 dólares y el de los que no llegan a 15.000 dólares (la media nacional es de 35.000 dólares).
Así, el 63% de los más pobres está en contra de que se financie el aborto con fondos públicos, mientras que el 57% de los más ricos está a favor. Sobre la posibilidad de incluir en la Constitución una enmienda que reconozca el derecho a la vida de los no nacidos, se manifiestan a favor el 65% de los más pobres y en contra el 58% de los más ricos. El 47% de los pobres se define «pro-vida» (el 46% son partidarios del aborto y el 4%, neutrales); en cambio, el 59% de los ricos se declara «pro-aborto».
En la otra encuesta, realizada por Gallup en septiembre de 1991, se hallaron resultados paralelos. En este sondeo, los niveles extremos de renta son 50.000 dólares o más y menos de 20.000 dólares al año. A la pregunta sobre si el aborto debería ser ilegal en todos los casos, legal en algunos o siempre legal, las respuestas fueron las siguientes: el 17,9% de los pobres, frente al 7,7% de los ricos, dijeron que debería ser ilegal en todos los casos; a favor de la legalidad del aborto sólo en determinadas circunstancias se manifestaron el 49,1% de los pobres y el 41,5% de los ricos; la liberalización completa recibió el apoyo del 27,9% de los pobres y del 48% de los ricos. En esta encuesta se puso de manifiesto también un mayor rechazo de los pobres a la sentencia de 1973, que legalizó el aborto libre durante el primer trimestre de embarazo: entre la gente modesta, el 47,4% era partidario de revocarla frente a un 46,2% que estaba a favor de mantenerla; entre los más ricos, el 67,9% era partidario de mantenerla y el 30% de revocarla.