Lisboa.— La segunda vez fue la definitiva. Dos años después de la primera votación, en la que la ley fue rechazada por solo cinco votos, el Parlamento acaba de aprobar la eutanasia el pasado 20 de febrero. Al final, la victoria más significativa fue la del proyecto de ley de los socialistas, con un 55% de votos a favor.
Los cinco proyectos que fueron aprobados –en términos generales– tendrán que ser examinados para llegar a un texto único y definitivo. El proceso legislativo lleva tiempo. Y la última palabra siempre la tiene el presidente de la República. Entre tanto, la decisión puede ser transferida directamente al pueblo, si se celebra un referéndum.
Opiniones críticas
La distribución de los votos siguió la división tradicional entre izquierda y derecha, pero hubo excepciones. En el lado izquierdo de la Cámara, BE (Bloco de Esquerda), PEV (verdes), PAN (animalistas) y PS (socialistas) votaron por la eutanasia. A la derecha, PSD (centro-derecha), CDS (Demócratas Cristianos) y Chega (populistas de derecha) votaron en contra.
En el centro político, como ya era previsible, había cierta permeabilidad. Poco más del 10% de los diputados socialistas no aprobaron la ley, y poco menos del 20% de los diputados de centro-derecha votaron a favor. El mayor agujero, en la línea que divide la izquierda y la derecha, vino del Partido Comunista, cuyos diputados votaron en bloque contra la eutanasia. En la derecha, el diputado único de la IL (liberales) votó a favor.
La fractura más visible, sin embargo, fue la del Parlamento con la sociedad civil. El amplio debate público y las numerosas audiencias no bastaron para impedir que la voluntad de los representantes políticos se impusiera a las opiniones críticas de los colegios profesionales de médicos y enfermeros, y a la opinión en contra del órgano consultivo del Parlamento sobre los problemas éticos en las ciencias de la vida.
Individuo y Estado
Las intervenciones parlamentarias más relevantes fueron encabezadas, en el lado de los proponentes de la ley, por el diputado del BE José Manuel Pureza y la socialista Isabel Moreira; del lado de los críticos, por el comunista António Filipe y el democristiano Telmo Correia. El centro-derecha optó por una intervención híbrida y, en este sentido, políticamente irrelevante, al decidir dividir su intervención entre dos diputados, uno a favor de la ley y otro en contra.
“Un país no puede crear instrumentos jurídicos para ayudar a las personas a morir cuando no garantiza las condiciones materiales para ayudarlas a vivir” (António Filipe, diputado comunista)
La finalidad de la ley sobre la eutanasia puede resumirse de la siguiente manera: dar a las personas en situación de “sufrimiento extremo”, “lesión irreparable” o “enfermedad incurable y mortal” el derecho a procurarse la muerte recurriendo a médicos o enfermeros del Sistema Nacional de Salud.
Para dar fuerza argumentativa a la ley, los partidarios parten de la suposición de que la vida humana “solo pertenece a uno mismo” y que cada persona es “arquitecto de su destino”. Frente al principio de la “inviolabilidad de la vida humana”, proclamado en el orden constitucional portugués, afirman que el deber del Estado de proteger la vida solo es “contra terceros” y nunca “contra la voluntad de los interesados”; finalmente, terminan acusando al Estado de ser “intolerante” e “inhumano” al no respetar la “decisión” de la persona “inmersa en el sufrimiento”.
Los miembros críticos de la eutanasia responden que un país no es una mera suma de “autonomías individuales”; identifican una “contradicción irreconciliable” entre, por un lado, la idea de que el deber del Estado de proteger la vida nunca se aplica contra la voluntad del interesado y, por otro lado, el hecho de que la solicitud de muerte se desarrolla en una serie de etapas administrativas que culminan necesariamente en la “decisión favorable o desfavorable del Estado”. Por último, consideran que “el argumento de la compasión es una falacia”, porque la experiencia de una persona inmersa en el sufrimiento no es compatible con una elección libre y consciente.
Sociedad paliativa
Ya sabemos cómo terminan estas contradicciones en los pocos países que han legalizado la eutanasia. Todo comienza con una ley aparentemente prudente, pensada solo en casos muy excepcionales, pero se extiende rápidamente a más y más situaciones, hasta que la muerte a petición se convierte en una rutina.
El cardenal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, teme que la eutanasia se extienda hasta el punto de convertir a Portugal en una “sociedad suicida”. “Queremos exactamente lo contrario”, dice. “Queremos una sociedad que acompañe, queremos una sociedad paliativa”. La expresión del cardenal alude, naturalmente, a los cuidados paliativos que los médicos ofrecen para que las personas puedan vivir con dignidad hasta el final de sus días.
La red portuguesa de cuidados paliativos es muy deficiente: un “lujo” al alcance de unos pocos, dicen los médicos de esa especialidad. Faltan “más de 400 médicos y 2.000 enfermeras” en la red nacional, indica el informe de otoño de 2019 del Observatorio de Cuidados Paliativos. “El 70% de los portugueses no tienen los cuidados paliativos que necesitan”, lamenta Isabel Galriça Neto, especialista en cuidados paliativos y exdiputada.
Ante este diagnóstico, la creación de una red universal de cuidados paliativos debería ser la prioridad absoluta del Estado portugués. El reto no es ayudar a morir a los que sufren, sino ayudarles a vivir con dignidad hasta el final. Como dijo António Filipe, del Partido Comunista, en su discurso ante el Parlamento, “un país no puede crear instrumentos jurídicos para ayudar a las personas a morir cuando no garantiza las condiciones materiales para ayudarlas a vivir”.
Los siguientes pasos
Aprobados en términos generales por el pleno del Parlamento, los cinco proyectos de ley seguirán su trámite en comisión. En principio, el texto final estará terminado y aprobado antes del verano, y si el presidente de la República decide promulgar la ley, la eutanasia podrá entrar en vigor incluso antes de fin de año. Pero, por el momento, están en el aire una serie de incógnitas.
Los movimientos provida han dicho que “los conceptos aún no están claros” y que “los portugueses quieren tener voz” sobre la eutanasia. Ya han empezado a reunir las 60.000 firmas que se necesitan para proponer al Parlamento un referéndum nacional. La Iglesia católica ha dicho que, en estas circunstancias, “acompaña y apoya” las iniciativas en favor del plebiscito.
El número de firmas necesarias será ciertamente superado, pero puede que eso no sea suficiente, por varias razones: porque la composición del Parlamento es la misma; porque los comunistas, que votaron en contra de la ley, no votarán a favor del referéndum; y porque hay un choque de voluntades en el centro-derecha entre la oposición a la eutanasia, la mayoría del partido, y la posición favorable de su presidente.
Eso deja la última palabra al presidente de la República. Si no quiere promulgar la ley, Marcelo Rebelo de Sousa puede pedir al Tribunal Constitucional una revisión preventiva de la ley o usar el poder de veto. El presidente ha optado por la prudencia, repitiendo una y otra vez que “solo hablará al final” de todo el proceso.
No es una decisión fácil, ni desde el punto de vista político ni desde el personal: la eutanasia es un tema que divide a los portugueses, y Marcelo aspira a ser reelegido a principios de 2021 con un margen de votos récord; mientras que, por otra parte, la eutanasia viola sus convicciones personales.
La dramática carga que supone la decisión que debe tomar el presidente de la República, que es católico, es tal que algunas personas ya están pensando en la posibilidad de que invoque el derecho a la objeción de conciencia, eludiendo así el deber constitucional de promulgar la ley; o incluso en la alternativa de declararse impedido, marcando una posición política similar a la del rey Balduino, que abdicó del trono belga por un día para no sancionar la ley del aborto.