Limerick (Irlanda). El Tribunal Supremo irlandés vuelve a enfrentarse con el tema del aborto. Esta vez tiene que decidir si una ley sobre la difusión de información para abortar en el extranjero, aprobada hace un mes por el Parlamento, es constitucional o no.
La nueva ley permite que los médicos den nombres y direcciones de clínicas abortistas en otros países a los pacientes que lo pidan. El proyecto fue remitido al Tribunal Supremo por Mary Robinson, la presidenta de la República, que posee esta prerrogativa antes de firmar una ley. El Tribunal Supremo tiene hasta el 16 de mayo para llegar a una decisión.
En la causa intervienen tres equipos de abogados, en favor de sendos puntos de vista. El equipo que representa al Estado defenderá la ley, alegando que ésta simplemente establece las condiciones para comunicar información sobre la forma de abortar legalmente en otros países, de acuerdo con lo aprobado a finales de 1992 en un referéndum sobre este tema. En aquella ocasión, los electores dieron también el sí a la posibilidad de abortar en el extranjero, pero se opusieron a que se legalizase el aborto en Irlanda en ciertos casos (ver servicio 1/93). Otros abogados propugnan una ampliación de la ley, por considerarla muy restrictiva. Por último, el tercer grupo de abogados defenderá los derechos del no nacido, que también son reconocidos en la Constitución irlandesa.
Es la primera vez que se va a oír en el Tribunal Supremo a abogados en defensa del derecho a la vida del no nacido. En febrero de 1992, en el caso de la joven de 14 años que había sido víctima de abusos y a la que se permitió abortar en el extranjero porque amenazaba con suicidarse en caso contrario (ver servicio 34/92), nadie intentó representar al niño.
Este nuevo juicio, aunque en teoría sólo va a ser sobre el derecho a obtener información, puede que también llegue en sus conclusiones al aborto mismo. En los últimos tres años se han incorporado tres jueces nuevos al Tribunal Supremo. Y ahora que los magistrados no sienten la presión de una situación trágica, a diferencia de lo que ocurrió en el caso de 1992, es posible que el Tribunal cambie su decisión anterior. Según la opinión de muchos, la histeria que acompañó a aquel caso no ayudó a que se hiciese justicia. De hecho, en la reciente apelación del hombre condenado por abusar de la joven, se ha rebajado la pena de 14 a 4 años de cárcel, en parte porque ella consintió.
Louis Borrallo