Al abolir en referéndum los artículos más restrictivos de la ley actual sobre uso de estupefacientes, Italia ha dado un primer paso hacia la legalización de la droga. Esta es, al menos, la opinión de muchos observadores, pues aunque las drogas siguen siendo ilegales, su posesión en pequeñas cantidades no se sancionará por vía penal sino administrativa.
De todos modos, el debate sigue abierto. La división de criterios se manifestó en que esta propuesta fue aprobada por una apretada mayoría del 53% de los votantes, que contrasta con las amplias mayorías (entre el 70% y el 90%) obtenidas por las otras siete cuestiones políticas que se plantearon en la misma consulta del 18 de abril. Es significativo que los votantes de las ciudades más afectadas por el problema fueran los más reacios a la aprobación.
Con el resultado del referéndum desaparece también el concepto de «dosis diaria», la cantidad de droga fijada por la ley para marcar la barrera entre consumo privado y tráfico. Vuelve la figura elástica de la «módica cantidad»: serán los jueces quienes, caso por caso, establecerán la diferencia. Lo más decisivo del referéndum es que suprime el principio fundamental de la ley de 1990: el carácter ilegal del consumo de estupefacientes, cualquiera que sea su cantidad.
Se suprimen también una serie de restricciones que la ley preveía para los drogadictos que abandonaran el programa de rehabilitación, que era una medida terapéutica obligatoria para los toxicómanos sorprendidos en posesión de una «dosis diaria». Tampoco los médicos estarán obligados a comunicar a la Administración los datos sobre los drogadictos que traten.
El caballo de batalla del referéndum sobre la droga, cuyo debate público estuvo oscurecido por las otras cuestiones, fue la idea de que se suprimía así la cárcel para los drogadictos. En realidad, esa medida contenida en la ley estaba prevista más como amenaza disuasoria que como aplicación real. El Ministerio de Justicia hizo saber que en las cárceles no habían entrado drogadictos por el mero hecho de serlo, sino por haber cometido otros delitos. El ministro de Asuntos Sociales precisó que ascienden a mil doscientos los drogadictos encarcelados por haber sido detenidos por tercera vez con una cantidad superior a la «dosis diaria», lo que les equipara a pequeños traficantes.
El referéndum ha dividido a las comunidades de rehabilitación. Todos están de acuerdo, sin embargo, en la necesidad de afrontar el problema desde el plano de la prevención y no por vía judicial o penitenciaria, pero a la vez critican al Estado por no haber desarrollado todas las posibilidades de la ley de 1990. El comentario más duro fue el del sindicato de policía que, tras afirmar que ahora «el suicidio de la juventud está legalizado», concluía su comunicado con un amargo «la policía agradece su colaboración» (a los electores).
Italia cuenta con cerca de 300.000 toxicómanos (0,5% de su población). En 1992 murieron por sobredosis 1.207 personas.