Keneth Chambaere, investigador en una universidad belga, escribía recientemente un artículo en The Conversation tratando de desmontar algunos mitos que, en su opinión, circulan sobre la aplicación de la eutanasia en su país. A pesar de que efectivamente el número de peticiones va en aumento, y también el porcentaje de ellas que son admitidas, no es cierto –afirma– que la situación esté fuera de control.
Uno de los datos con que trata de demostrar esta tesis es que el porcentaje de muertes por eutanasia en que no existe un consentimiento expreso por parte del paciente ha disminuido. Por tanto, argumenta, no hay una vinculación entre legalizar la “muerte digna” y que los médicos empiecen a aplicar procedimientos eutanásicos sin que se les haya requerido. Para demostrarlo, remite a un estudio publicado en marzo de 2015, que se refiere a Flandes, la región belga de habla neerlandesa.
El problema es que las cifras de este estudio dicen lo contrario a lo que Chambaere cree que dicen. Efectivamente se observa un descenso si se toma como referencia el primer año del que se dan cifras, 1998. Pero si se quiere comprobar el efecto de la ley aprobada en 2002, hay que comparar los últimos datos (de 2013) con los de 2001, un año antes de la legalización. Entonces, un 1,5% de las muertes en esa región se debieron a acciones médicas para acortar la vida sin el consentimiento expreso del enfermo. Tras aumentar hasta un 1,8% en 2007, en 2013 se había consolidado en un 1,7%.
Resulta curioso comprobar que antes de la legalización, el número de eutanasias sin consentimiento estaba disminuyendo: del 3,2% en 1998 al 1,5% en 2001. Después la tendencia se ha invertido, aunque levemente.
Los partidarios de la eutanasia legal señalan que la regularización permite que las personas que antes morían sin atención, ahora lo hagan “con dignidad”. Sin embargo, los detractores argumentan que la normalización de esta práctica provoca que el umbral de lo que es digno cada vez se reduzca más, entre los enfermos y entre los médicos. El estudio mencionado parece constatar esta tesis. En 2007, cinco años después de la legalización, solo un 1,9% de las muertes en Flandes se debían a eutanasias; seis años después, ya suponían el 4,6%. Por otro lado, el porcentaje de peticiones que son aceptadas ha aumentado del 56% al 77%.