Luis Montes, figura emblemática de la defensa de la eutanasia y protagonista del escándalo de las sedaciones terminales en el Hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) en 2005, ha vuelto a desatar opiniones contradictorias.
Para los defensores de la eutanasia, se trata de un “abanderado de la muerte digna” (El País), injustamente perseguido por el PP de la Comunidad de Madrid, que le apartó de su puesto como jefe de urgencias del hospital Severo Ochoa. En esta línea, tras conocerse su fallecimiento, en el pleno de la Asamblea de Madrid los diputados de la bancada socialista y de Podemos le han dedicado una ovación en reconocimiento a su “lucha incansable” a favor de la muerte digna. De hecho, Luis Montes era presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente, que propugna la eutanasia y el suicidio asistido como un derecho del paciente y como parte integrante de los cuidados paliativos.
Aseguró que las sedaciones terminales en su hospital no eran eutanásicas, pero luego se dedicó a reclamar la eutanasia y el suicidio asistido
Otros, en cambio, discrepan sobre la teoría y la praxis del Dr. Montes en el modo de entender la muerte digna. Esto estuvo en el origen de la polémica sobre las sedaciones terminales en el hospital Severo Ochoa cuando Montes era el jefe del servicio de Urgencias. Hechos llamativos como el notable incremento de la mortalidad en Urgencias, las elevadas dosis de fármacos administrados, la muerte prematura de algunos pacientes, la ausencia en algunos casos del consentimiento familiar, dieron lugar a denuncias y al mayor escándalo de la sanidad pública en aquellos años.
En los tribunales
El gobierno regional del PP le apartó de su cargo y encargó un informe a especialistas externos. La comisión de 11 expertos nombrada por el Colegio de Médicos encontró que de 73 historias clínicas de pacientes sedados y fallecidos en el servicio de urgencias había 34 casos de mala praxis.
Cuando el caso llegó a los tribunales en 2007, la conclusión judicial fue que, al faltar datos en los informes médicos y al no haberse realizado autopsias, no era posible afirmar o negar con certeza que la causa directa de la muerte de algunos pacientes fuera la sedación aplicada. El caso fue sobreseído, y a comienzos de 2008 la Audiencia Provincial de Madrid dictó que se suprimiera del auto la mención a la mala praxis médica.
Montes siempre defendió que las sedaciones aplicadas no pretendían acelerar la muerte ni eran prácticas eutanásicas, legalmente prohibidas. El aseguró que todo era un ataque a la sanidad pública y un intento de la Comunidad de Madrid por privatizar el centro sanitario, cosa que nunca se produjo. El Dr. Montes y sus colaboradores, que se consideraban injustamente perseguidos, recurrieron también a los tribunales para reclamar daños y perjuicios. Pero tanto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como el Tribunal Supremo rechazaron la pretensión y dictaminaron que el apartamiento del Dr. Montes de su puesto como jefe de Urgencias se ajustaba a Derecho. Montes siguió en el hospital como anestesista.
Eutanasia hasta por dolor psíquico
Pero sobre todo se dedicó a propugnar la legalización del suicidio asistido y la eutanasia, desde su puesto de presidente de la Asociación para Morir Dignamente. En un manifiesto publicado en 2008 decía que no cabe confiar solo en los cuidados paliativos, pues “no resuelven todos los problemas relacionados con el dolor y el sufrimiento físico, psíquico y existencial”. Así que lo que hay que hacer es “encaminarse claramente hacia la despenalización del suicidio asistido y la eutanasia”. Por lo tanto, según este manifiesto, la eutanasia estaría justificada no solo en casos de dolor físico insoportable, sino también de “sufrimiento psíquico y existencial”.
Las ideas del Dr. Montes sobre la sedación terminal contrastan con las de la “Guía” de la Organización Médica Colegial
Las ideas del Dr. Montes sobre la sedación terminal estaban en consonancia con su defensa de la eutanasia y del suicidio asistido, y contrastaban con las de especialistas en cuidados paliativos. Así se vio cuando en 2011 la Organización Médica Colegial (OMC) y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos publicaron una Guía de Sedación Paliativa. Su objetivo era precisar la terminología y servir de guía para la buena praxis y la correcta aplicación de la sedación. El seguimiento de los criterios de la OMC daría también más seguridad tanto al médico como al paciente, lo que podría evitar conflictos como los que se produjeron en el hospital Severo Ochoa.
Pero el Dr. Montes criticó duramente la Guía. Le reprochaba que hiciera distingos entre síntomas difíciles y refractarios al tratamiento contra el dolor, que detallara esos síntomas o que dijera que la sedación está indicada para “aquellos enfermos que son presa de sufrimientos intolerables y que no han respondido a los tratamientos adecuados”. En suma, criticaba que esta guía “imponga tantas cautelas en lugar de utilizar todos los medios disponibles antes de que se produzcan esos sufrimientos”.
Criterios deontológicos
En cualquier caso, quedaba claro que lo que Montes defiende y practicaba en el hospital de Leganés no es lo que el organismo representativo de los médicos y lo que los especialistas de cuidados paliativos entienden por sedación paliativa.
El Código de Deontología Médica, aprobado tras consultas a todos los colegios médicos, establece que la sedación en la agonía “es científica y éticamente correcta solo cuando existen síntomas refractarios a los recursos terapéuticos disponibles y se dispone del consentimiento del paciente, implícito, explícito o delgado”. También dice que el médico “nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de este”.
Quizá por eso Montes acusaba a la OMC de “imponer al conjunto [de los médicos] su visión particular y su ética obsoleta de la relación médico-paciente”. Pero cabe preguntarse si en su praxis médica el Dr. Montes no imponía su visión particular y su ética sobre lo que significa muerte digna y sedación terminal.
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