La primera semana de octubre se discutirá para ser aprobado en la LXI Asamblea General de la ONU un tratado sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El texto ha sido cerrado hace escasas semanas después de fuertes discrepancias acerca del lenguaje utilizado en algunos aspectos de salud sexual.
El texto se debatía desde hacía cuatro años. El encuentro definitivo tuvo lugar el pasado agosto. Según informa Catholic Family and Human Rights Institute (C-FAM), el grueso de la negociación se produjo en la pelea por aceptar o rechazar términos y conceptos con carga ideológica, que pueden ser utilizados para extender el aborto, la eutanasia o la ideología de género. Las posturas de los grupos profamilia lograron imponerse y dejar fuera del texto del tratado la referencia al «derecho a experimentar su sexualidad» y el «derecho a tener relaciones sexuales y otras de carácter íntimo», así como la sustitución de la ambigua palabra «género» por «sexo».
En lo referido al fin de la vida, el tratado incluirá el derecho de los enfermos discapacitados a recibir comida y bebida, impidiendo así la muerte inducida por deshidratación o por inanición. Además, el documento incluirá el adjetivo «valiosa», emparejado a «digna» para referirse al derecho a la propia vida; se evita así la justificación de la eutanasia apelando al «derecho a una muerte digna». Un artículo separado garantiza el derecho a la vida, reafirmando así el valor inherente a cada vida humana.
El término «salud sexual y reproductiva» será aceptado finalmente, pero sólo después de que se llegase al acuerdo unánime de los delegados de que la expresión no incluye el aborto. Estados Unidos señaló que velará para que el tratado «no pueda ser interpretado como apoyo, aval o promoción del aborto», y el resto de delegados contrarios al aborto confían en que el artículo no será tergiversado. La Santa Sede, en cambio, se opone firmemente al término, ya que considera que una ley internacional vinculante no debe incluir conceptos imprecisos e indefinidos. Efectivamente, la «salud reproductiva» ya ha sido utilizada por las organizaciones abortistas para despenalizar o legalizar el aborto en algunos países.
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