Cincuenta lesbianas italianas han publicado un documento contra la maternidad subrogada, por favorecer la instrumentalización de la mujer y el comercio de niños. Se manifiestan contra la idea de reglamentar esta práctica, hasta ahora prohibida en Italia, y piden que todos los países mantengan la norma de que la madre legal es la que da a luz al niño.
Su pronunciamiento ha llamado especialmente la atención, porque hasta ahora el movimiento LGTB parecía haber hecho suya la bandera de la maternidad subrogada. Pero ahora se comprueba que también dentro de él los “vientres de alquiler” son criticados.
Las firmantes del documento consideran que la maternidad subrogada “pone a disposición el cuerpo de una mujer que genera niños a comisión”, se basa en “métodos invasivos y peligrosos para la salud materna”, y pretende “cortar el lazo afectivo entre la madre subrogada y el recién nacido, como si el vínculo dependiese del código genético y no del embarazo y del parto”. Lejos de ser un gesto generoso, esta práctica está promovida por un sistema organizado de agencias, clínicas, abogados y médicos, movidos por el propio interés económico.
“En la maternidad subrogada –escriben las autoras– no hay dones ni donantes, sino solo negocio y actividades lucrativas promovidas por el deseo de paternidad de personas del primer mundo. Este sistema necesita mujeres como medios de producción, de modo que el embarazo y el parto se conviertan en un oficio y los bebés en productos con un valor de cambio”.
Las madres que gestan para otros están sometidas a múltiples presiones (familiares, económicas, sexistas…), ponen en primer término las relaciones con los clientes antes que con el niño y ni tan siquiera pueden decidir sobre un eventual aborto cuya decisión corresponde al médico que responde ante los autores del encargo.
Esta práctica tampoco respeta los derechos de los niños, que “son programados para ser separados de la madre nada más nacer”, “quitándoles la fuente óptima de nutrición e interrumpiendo la relación privilegiada con la mujer que les ha generado”. De este modo no se respeta la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, ni la Convención sobre la Adopción Internacional.
En consecuencia, “en nombre de la autodeterminación de la mujer y de los derechos del recién nacido, las firmantes de la declaración:
- Rechazamos la comercialización de la capacidad reproductiva de las mujeres;
- Rechazamos el comercio de niños;
- Pedimos a todos los países que mantengan la norma de elemental sentido común por la cual la madre legal es la que ha dado a luz y no la firmante de un contrato ni la que ha puesto el óvulo;
- Pedimos a todos los países que respeten las convenciones internacionales para la protección de los derechos humanos y que se opongan firmemente a cualquier forma de legalización de la maternidad subrogada en el ámbito nacional o internacional, aboliendo las pocas leyes que la han reconocido.”
Junto a las primeras cincuenta firmas, apoyan también la declaración Aurelio Mancuso, presidente de Equality Italia, Gianpaolo Silvestri, fundador de Arcigay, y algunas conocidas feministas como Silvia Federici, emérita de Hofstra University de Nueva York; Ariel Salleh, escritora, y Barbara Katz Rothman, autora de estudios sobre la maternidad.