(Actualizado el 2-04-2020)
Hasta el pasado lunes 21 de octubre, Irlanda del Norte era, en el Reino Unido, el safest place – el sitio más seguro– para los bebés con síndrome de Down. Según cifras oficiales publicadas por Right to Life, si en Inglaterra, Gales y Escocia sus posibilidades de supervivencia en el vientre materno eran de menos del 10%, en 2016 un solo niño norirlandés con esa discapacidad fue abortado, y eso porque su madre viajó a Inglaterra y se sometió al procedimiento allí.
El 21 de octubre, sin embargo, es un parteaguas. El 18 de julio, en Londres, la Cámara de los Comunes aprobó en apenas 20 minutos una ley, la Northern Ireland Executive Formation, que establece un cambio en las leyes sobre aborto en Irlanda del Norte: si la Asamblea del Ulster –ahora en suspenso– no se ponía a trabajar y acordaba la formación del gobierno autonómico, se daría acceso a la interrupción del embarazo a quien la solicitara, a partir de la fecha indicada.
En el resto del Reino Unido, la Abortion Act, de 1967, autoriza a efectuar abortos hasta la semana 24, tanto en caso de peligro para la salud de la madre como por el riesgo de que el feto desarrolle una “discapacidad grave”. En Irlanda del Norte, el legislativo británico ordena que las autoridades locales tengan listo un marco regulatorio para marzo de 2020 (*).
Las personas con síndrome de Down han pedido a los políticos norirlandeses que no les dejen como legado la “cruel injusticia” de aprobar el aborto
No está del todo claro qué pasará con quienes quieran abortar en este intervalo. La BBC sugiere, a partir de un documento del secretario de Estado británico para ese territorio, Julian Smith, que los casos “más delicados” serán transferidos a Inglaterra o Escocia, con los gastos a cuenta del presupuesto.
Una norma más peligrosa que el resto
Sobre la ley promulgada por Westminster, la baronesa Nuala O’Loan, una de las voces que se ha posicionado con más fuerza contra la decisión, ha detallado varias implicaciones.
En una petición enviada en septiembre al secretario Smith y a los líderes de los partidos norirlandeses, O’Loan, calificó la medida como una imposición al pueblo norirlandés, y precisó que quita toda protección explícita a los niños hasta la semana 28 de gestación, no ofrece amparo concreto a los que padecen alguna discapacidad, ni respalda a los médicos que deseen abstenerse de ejecutar un aborto y, además, elimina la protección a las embarazadas contra el aborto coercitivo, incluida la deplorable práctica de deslizarles secretamente abortivos en sus bebidas.
El mismo día 21, Crux Now citó a la baronesa acerca de otros aspectos que hacen que la regulación para el Ulster sea incluso más problemática que la vigente en otros territorios británicos. “No contemplará –dijo– el requisito de que dos médicos estén de acuerdo en la realización del aborto; no incluirá el de que se brinde asesoramiento [a la embarazada] antes del procedimiento, y tampoco, a diferencia de Inglaterra y Gales, este deberá quedar registrado”.
La integrante de la Cámara de los Lores denunció además que tampoco la norma define “un marco regulatorio que impida que alguien realice un aborto fuera de una clínica registrada, a no ser que la mujer dé su consentimiento […], a diferencia de lo que ocurre en Inglaterra y Gales. Una persona podrá realizar abortos en cualquier lugar, aunque no tenga cualificaciones médicas o de enfermería, algo que no ocurre” en los otros dos países del Reino.
De un marco estricto se pasa, pues, a un nebuloso limbo, donde la norma será la improvisación.
“Celosamente republicanos”… según la circunstancia
Quizás uno de los puntos más interesantes en esta modificación legal, es el papel que ha desempeñado, para llegar a ella, un partido político que años atrás generaba abundantes titulares: el Sinn Fein, brazo político del IRA.
A grandes rasgos, y en una división simplificadora del conflicto que asoló durante décadas a ese territorio, el Sinn Fein era percibido como el representante del sector católico y republicano de la población, en oposición a los partidos unionistas protestantes. La militancia en la organización ha tradicionalmente conllevado gestos de pública rebeldía, como la negativa de sus parlamentarios electos a jurar lealtad a la Corona británica, razón por la cual quedan sin tomar posesión de sus escaños, en una Cámara a la que, además, no le reconocen jurisdicción alguna sobre los asuntos norirlandeses.
El Sinn Fein, que propugna la independencia de Irlanda del Norte respecto al Reino Unido, ha empujado a Londres a legislar sobre el aborto allí
Justo por eso, llama la atención que haya sido este partido quien haya tocado a las puertas de Westminster para que adelantara la causa abortista en el Ulster. El 6 de octubre, en un artículo en el Wall Street Journal, Niamh Ui Bhriain, directora del Life Institute de Dublín, fustigó, por una parte, la ruptura, por parte del Parlamento británico, de una costumbre asentada en las últimas décadas: la de no imponer a Irlanda del Norte leyes que toquen temas sensibles para la población de la provincia.
Por otra, la activista condenó el rol del Sinn Fein en todo esto: un partido, dice, “que apoya la unificación política con la República, se coaliga con Londres cuando de lo que se trata es de legalizar el aborto”. Una formación cuya razón de ser es, justamente, una Irlanda independiente del control británico, es la que ha empujado a Londres a legislar en este asunto.
La deriva abortista del partido ya ha provocado escisiones. Una de ellas, la encabezada por el diputado Peadar Tóibín, que fue suspendido en 2013 por seis meses, luego de negarse a votar con su bancada en contra de la Ley de Protección de la Vida durante el Embarazo. Hace un año, Tóibín abandonó el Sinn Fein y fundó Aontú, una organización con valores republicanos y firme defensora de la vida.
En una argumentación en su web, el nuevo partido deplora que líderes del Sinn Fein hayan viajado recientemente a Londres para pedirle al gobierno británico la introducción del aborto a petición en el Ulster, precisamente cuando la norma de los republicanos ha sido siempre exigirle a Westminster que deje de legislar sobre asuntos que incumban a cualquier parte de Irlanda.
Una violencia más “discreta”
El aserto de “vox populi, vox Dei” ha sido siempre invocado de alguna manera por los políticos para sacar adelante sus decisiones. Que haya un sondeo favorable detrás de una decisión de gobierno puede facilitar mucho las cosas, como sucedió un año atrás en la República de Irlanda: las encuestas daban una mayoría proclive a la legalización del aborto, y el primer ministro Leo Varakdar, que en 2010 rechazaba la interrupción del embarazo por causa de violación o incesto, en 2018 ya había experimentado su particular metanoia al respecto, porque “las cosas no son en blanco y negro, como lo parecen cuando estás en la veintena”.
Si la flecha de las encuestas le indicó al ya maduro primer ministro el sendero a seguir–y el referéndum posterior lo confirmó– en la parte norte de la isla los sondeos no muestran un camino cierto. Amnistía Internacional (AI), en una investigación propia, reveló que el 65% de los norirlandeses adultos cree que el aborto no debe estar penalizado, y el 66% aprueba que Londres haya tomado cartas en el asunto. Grainne Teggart, directora de la Northern Ireland Campaign, de AI, dice que se confirma que “la mayoría de la gente” en ese territorio “está de acuerdo en que está del todo mal que las norirlandesas permanezcan sujetas a una ley arcaica que les niega sus derechos, su salud y su autonomía”.
Con la autorización de Londres, “una persona podrá realizar abortos en cualquier lugar, aunque no tenga cualificaciones médicas o de enfermería”
En el lado opuesto, sin embargo, encontramos la encuesta realizada por la consultora ComRes para Both Lives Matter, en octubre del año pasado. Un 93% de los adultos afirmó que la vida del no nacido importaba tanto como de la madre, frente a apenas un 2% que dijo que la vida del feto no era para nada relevante. Asimismo, el 64% de los encuestados señaló que en caso de modificarse la normativa del aborto, ello debería ser tarea de los políticos locales, no de los de Londres, algo que debería sonrojar a los pretendidamente “inclaudicables” del Sinn Fein.
Sondeos aparte, ha habido varias iniciativas de la sociedad civil para frenar la imposición. Al margen de que varias Iglesias hayan denunciado, en un comunicado del 30 de septiembre, que “no hay indicios de que estos cambios reflejen la voluntad de las personas que serán afectadas y que no han sido consultadas”, más de 700 trabajadores de la salud (entre ginecólogos y comadronas) enviaron una carta al secretario Smith, para anunciarle que no se quedarán callados ante la decisión. El Colegio Médico ha exigido que se respete el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia, al tiempo que advierte que quedan muchas preguntas sin responder y que dejan a los médicos en situación de vulnerabilidad.
Por último, está la apelación de las personas con síndrome de Down, convertidas ahora, de modo implícito, en diana predilecta de la ley. Más de 400 personas, entre afectados directos y sus familiares, enviaron el 20 de octubre una carta a los líderes del Sinn Fein y del Partido Democrático del Ulster para que formaran gobierno y evitaran así la automática entrada en vigor de la ley de Westminster: “Les pedimos que no pongan en tiempo de descuento a las personas con discapacidad, que no dejen como legado esta cruel injusticia, y que escuchen la voz de nuestra comunidad”.
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(*) 2-04-2020: El nuevo marco regulatorio del aborto en Irlanda del Norte entró en vigor el 31 de marzo de 2020. Bajo la nueva ley, se permite poner fin al embarazo hasta la semana 24, si se determina que este supone un riesgo de daño físico o mental para la madre. El límite temporal desaparece, sin embargo, en caso de peligro para la vida de la gestante, o si el no nacido presenta alguna anomalía severa o un grave riesgo de padecer discapacidad mental o física.
En respuesta a la decisión de imponer la nueva ley, los obispos católicos de la provincia británica emitieron el 31 de marzo un comunicado en que expresaron: “Cada bebé no nacido importa, con independencia de su género o antecedentes. Tiene derecho a ser protegido por la comunidad a la que pertenecemos todos, y merece nuestro respeto”.