Amsterdam. En contra de la permisividad de la ley holandesa respecto de las drogas, y frente de la opinión de muchos políticos, la gran mayoría de los holandeses se oponen al consumo de drogas y prefieren una política más radical para combatirlas. Esta es una de las revelaciones de un reciente congreso organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Erasmus (Rotterdam), bajo el título «Hacia una política coherente contra las drogas».
Los resultados proceden de una encuesta realizada a gran escala entre la población, que luego se ha repetido entre los ponentes del congreso, en su mayoría políticos, catedráticos de Derecho Penal y expertos en materia de drogas.
El 82% de la población opina que el consumo de drogas es reprobable. Un 61%, que los narcóticos tienen que ser absolutamente prohibidos, y sólo un 22% es partidario de combatir directamente la delincuencia relacionada con la droga pero no el tráfico ni el consumo. Un 59% de los holandeses consideran que el problema de las drogas es más grave que el consumo de alcohol. Y el 55% de los encuestados abogan por un control más riguroso, pues piensan que ésa es la única lucha eficaz contra el desorden social que causan los drogadictos. Un 72% cree que se debe obligar a los drogadictos que alteran el orden social a una cura de desintoxicación. Darles a elegir entre la celda o la cura es una solución elegida por un 61%. Por otro lado, el problema de la droga parece ser algo relativamente ajeno a la mayoría de los holandeses. Pues el 95% de ellos declaran que no han notado alteraciones del orden ni delincuencia en el entorno.
Es sorprendente la disparidad entre las respuestas de la población y las que dieron los congresistas a la misma encuesta. Mientras que la población no está de acuerdo con la política actual, los profesionales están satisfechos. De estos últimos, el 86% están a favor de suministrar heroína bajo indicación médica, mientras que sólo el 32% de la población lo considera acertado. El 40% del pueblo holandés suprimiría los actuales coffeeshops (bares autorizados a vender droga), mientras que la autorizada voz del 80% de los congresistas prefiere que permanezcan.
El congreso ha demostrado que hay un abismo entre lo que piensa el ciudadano de a pie y lo que opinan los políticos. Y revela que la incomprensión sobre la política de la droga llevada a cabo en Holanda no sólo proviene del extranjero sino también del propio pueblo. Tal vez el diagnóstico de la Universidad Erasmus haya hecho a los políticos un poco más conscientes de que la situación actual necesita un cambio de rumbo.
Carmen Montón