Dublín. Los irlandeses decidirán en referéndum el próximo 6 de marzo sobre una enmienda constitucional que prohíbe el aborto una vez que el embrión está implantado en el útero materno. Esta reforma constitucional pretende restaurar la protección legal del niño no nacido, que quedó en la ambigüedad tras una sentencia del Tribunal Supremo en 1992.
Según el artículo 40.3.3 de la Constitución, el Estado reconoce el derecho a la vida del no nacido. Sin embargo, a raíz de un caso planteado en 1992, el Tribunal Supremo dictaminó que la amenaza de suicidio por parte de la madre que no quiere tener el hijo es motivo para abortar (ver servicio 155/01). Desde entonces solo la oposición del Colegio de Médicos ha impedido que en Irlanda se practique el aborto.
En el referéndum los irlandeses votarán sobre una enmienda que considera delito la destrucción intencionada de la vida humana ya implantada en el útero. Si es aprobada y luego promulgada por el Parlamento en un plazo de seis meses, solo podrá ser cambiada en otro referéndum.
El primer ministro, Bertie Ahern, se ha manifestado claramente a favor de la enmienda. Ahern piensa que el pueblo irlandés quiere «evitar que se llegue a un régimen de aborto a petición como ha ocurrido en otros países». También dijo que la propuesta del gobierno se basa en el dictamen de médicos expertos.
Dos importantes psiquiatras han respondido a los que argumentan que, si se aprueba la enmienda, habrá mujeres que se suicidarán por no poder abortar. En su declaración conjunta, que salió en primera página en la prensa nacional, dicen: «El aborto no es una cuestión psiquiátrica. La gran mayoría de los abortos de mujeres irlandesas se realizan en Gran Bretaña por motivos sociales y económicos. Los que pretenden que se reconozca el derecho de la mujer al aborto no deberían recurrir a justificaciones psiquiátricas en favor de su causa». Y concluyen que «la enmienda propuesta proporciona apoyo y protección para la salud mental de la madre y para la salud del hijo no nacido».
De hecho, la enmienda no impide los tratamientos necesarios para la madre cuando su vida corre peligro, aunque puedan causar, indirectamente, la muerte del feto.
La enmienda es apoyada por el gobierno y por el mayor grupo pro-vida, Pro-Life Campaign. En contra está el principal partido de la oposición, Fine Gael, y el partido laborista. El resultado del referéndum depende en gran parte de cómo voten los pro-vida. Algunos grupos escindidos están en contra porque la legislación propuesta solo protege al embrión tras la implantación en el útero, y no prohíbe el uso de la «píldora del día siguiente». Sin embargo, la mayoría de los grupos pro-vida argumentan que la enmienda proporciona protección legal al feto, sin excluir una ulterior legislación sobre la «píldora del día siguiente» o sobre la experimentación con embriones.
Si la mayoría de los pro-vida votan a favor, la probabilidad de que la enmienda sea aprobada es alta. Sin embargo, el esfuerzo de los grupos favorables al derecho al aborto para suscitar dudas sobre los riesgos para la salud de la mujer puede crear un terreno propicio para el voto en contra o la abstención. Cualquiera que sea el resultado, es probable que la diferencia sea pequeña.
James Hurley