Contrapunto
Acaba de comenzar en Nueva York el juicio contra una red que se dedicaba a traficar con partes del cuerpo de los cadáveres de los depósitos de la ciudad. Desde riñones, huesos o tendones, hasta la piel o los dientes. Para rellenar los cuerpos destripados se utilizaban tuberías. Se calcula que desde 2001 han recaudado al menos cinco millones de dólares. El relato de los implicados se mueve entre lo repugnante y el humor negro, pero desde luego no parece merecer el aplauso de la opinión pública.
En España, el Consejo General del Poder Judicial ha presentado estos días un informe sobre la reforma del Código Penal que el Gobierno quiere hacer en lo referente a la clonación humana. El cambio permitiría la clonación embrionaria de humanos como materia para la investigación científica, al prohibir sólo aquella «con fines reproductivos». El documento del órgano de los jueces considera que la nueva redacción deja de proteger al no nacido. «El País» se ha aprestado a criticar dicho informe en un editorial (30-10-2006). Allí se señala, como de pasada, que el autor del informe pertenece a «la mayoría conservadora del Consejo», para a continuación mostrar cierta perplejidad por su uso del inequívoco término «no nacido». «Sólo se puede referir a los embriones de dos semanas, como los que se congelan en las clínicas -dice el editorial-. Y su desprotección sólo se puede deber a que, en vez de acumularlos por centenares de miles hasta que se destruyan por sí solos, ahora se pueden usar para investigar en biomedicina».
En primer lugar, y lo ignora este planteamiento, los embriones humanos congelados pueden ser dados en adopción, evitando así su destrucción, como acaba de demostrarse en el caso de un bebé nacido tras trece años conservado en fase embrionaria dentro de la nevera de una clínica de reproducción asistida barcelonesa. En segundo lugar, y siendo coherentes con el planteamiento utilitarista que defiende la manipulación y destrucción de embriones antes de dejarlos morir, cabría considerar a los «ladrones de cuerpos» neoyorquinos como adalides del progreso. Se puede decir sin temor a ser inexactos que el desvalijamiento funerario tenía fines terapéuticos, ya que su robo era una manera de aprovechar los órganos de los muertos para trasplantarlos a personas. Cualidad terapéutica que no tiene necesariamente la investigación con embriones, ya que ésta vende terapias que no son más que una promesa.
Tal vez si a los ladrones de cadáveres les pusiésemos una bata blanca o un título en Medicina o Biología su tarea resultaría más honorable para una sociedad acostumbrada a venerar todo lo que lleve el adjetivo «científico». Si el problema es, además, el carácter ilegal de su «modus operandi», la solución es tan sencilla como articular una ley que lo permita. Todo sea en beneficio del progreso.
Agustín Alonso-Gutiérrez