El movimiento provida de Estados Unidos es un ejemplo de tesón. El 22 de enero, 42º aniversario de la sentencia Roe v. Wade, que impuso la legalización del aborto libre en todo el país, la Marcha por la Vida volverá a poner el drama del aborto ante los ojos de la sociedad estadounidense. Esta edición coincide con el triunfo de los republicanos –que en general promueven medidas provida– en varios estados que antes eran demócratas.
Bajo el lema “Cada vida es un regalo”, la Marcha recorrerá el National Mall hasta llegar al edificio del Tribunal Supremo. Allí, en pleno corazón de Washington D.C., darán testimonio varias mujeres que se arrepienten de haber abortado. Según explica la web de la Marcha, la convocatoria de este año quiere llamar la atención especialmente sobre “la población no nacida que está en mayor riesgo de aborto: los que reciben un diagnóstico prenatal de discapacidad”.
Otro motivo de las pancartas será la revocación de la sentencia de 1973. “La manifestación pacífica que ha tenido lugar todos los años en este sombrío aniversario es un testimonio que clama contra la mayor violación de derechos humanos de nuestro tiempo: la legalización del aborto a petición”, dice la web.
Pero hasta alcanzar la meta hay un largo camino. Una estrategia para recortar esta distancia es la acción emprendida por los políticos provida –en su mayoría republicanos– para introducir restricciones al aborto en las leyes de los estados. Según el último recuento del Alan Guttmacher Institute, en los últimos cuatro años se han aprobado 231 nuevas disposiciones restrictivas.
11 cámaras legislativas estatales que estaban dominadas por los demócratas han pasado a manos de los republicanos
Un escenario favorable a los provida
En las elecciones legislativas del pasado noviembre, los republicanos arrebataron a los demócratas la mayoría en el Senado y ampliaron todavía más la que tenían desde 2010 en la Cámara de Representantes (cfr. Aceprensa, 5-11-2014).
Pero lo más importante de cara a la estrategia provida a corto plazo es que 11 cámaras legislativas estatales que estaban dominadas por los demócratas han pasado a manos de los republicanos, muchos de ellos apoyados por grupos provida. Algunas de esas victorias se han dado en estados “progresistas” como Colorado, Nueva York y Washington.
El resultado es que ahora 68 cámaras son de mayoría republicana (controlan el Senado, la Cámara de Representantes o ambas, si bien hay estados con parlamentos unicamerales), frente a las 30, de mayoría demócrata.
El nuevo reparto ha dado alas al movimiento provida. Según explica el Wall Street Journal, en lo que va de año se han introducido al debate parlamentario restricciones al aborto en al menos 10 estados, como Misuri, Carolina del Sur y Texas.
En los últimos cuatro años se han aprobado 231 nuevas disposiciones restrictivas del aborto
Solo en Tennessee los legisladores están considerando tres tipos de restricciones: un período de reflexión de 48 horas a las mujeres antes de abortar; la exigencia de informarlas sobre las consecuencias del aborto y sus alternativas; e inspecciones a las clínicas abortistas.
El National Right to Life Committee va a promover en Carolina del Sur y Virginia Occidental, entre otros estados, prohibiciones al aborto a partir de las 18-20 semanas de embarazo, cuando se cree que el feto ya es sensible al dolor o su corazón empieza a latir. Las prohibiciones de este tipo ya existen en otros 10 estados.
La campaña de American United for Life se centra en restringir el uso de las píldoras con efecto abortivo y pide regulaciones más estrictas para las clínicas. En Misuri, el representante republicano Rick Brattin va a probar fortuna con una disposición que exigiría a la mujer que va a abortar el consentimiento escrito del padre del no nacido.
Pero el debate no termina en las asambleas legislativas. Para contrarrestar la estrategia provida, los grupos pro-choice suelen recurrir en los tribunales las disposiciones restrictivas del aborto. A veces consiguen que se revoquen. Así ocurrió, por ejemplo, el año pasado con una restricción aprobada en Arizona, que quedó definitivamente sin efecto tras anularla un tribunal federal (cfr. Aceprensa, 24-01-2014).