A diferencia de lo que suele suceder en otros países, ha sido bastante enérgica la reacción francesa ante una confusa sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que vendría a cohonestar el recurso a las madres de alquiler, en la medida en que impone la obligación de inscribir en el registro civil a los hijos, en contra de la jurisprudencia del Tribunal de Casación francés. La actitud de un buen número de políticos de la izquierda –contrarios a toda comercialización del ser humano– se aduce en estos momentos en Italia tras otra sentencia poco coherente del Tribunal Constitucional sobre esta materia, que exigirá una reforma legislativa.
A mediados de julio se publicaba una carta abierta al presidente de la República, François Hollande, para exigirle que no admita la llamada púdicamente “GPA”, generación por otro. Entre los firmantes, figuras tan conocidas como Jacques Delors, Lionel Jospin y varios antiguos ministros o secretarios de estado. Firma también una feminista famosa, como la filósofa Sylviane Agacinski. Y, por si hiciera falta, se adhieren grupos tan diversos como la coordinadora de asociaciones para el derecho al aborto y la contracepción, o alguna entidad de lesbianas.
En ese documento, afirman netamente que “el contrato de subrogación es contrario al principio de respeto a las personas, tanto de la mujer que lleva al niño, como del propio hijo, encargado por una o dos personas, que se desarrolla en el vientre de la mujer portadora. “Los seres humanos no son cosas”. Existe un criterio técnico, de “orden público”, que invalidaría cualquier contrato civil sobre esta materia.
Si Francia se pliega al criterio del tribunal europeo, y reconoce la inscripción civil de hijos procedentes de vientres alquilados en el extranjero, “¿cómo se explicará a los franceses que, si tienen dinero, pueden ir a comprar un bebé en el extranjero, e inscribirlo como su hijo o su hija, mientras que, si no son lo suficientemente ricos, deberán sufrir la prohibición de la legislación francesa aplicable a los contratos de subrogación realizados en Francia?” Y los firmantes añaden: “¿cómo prohibir esa práctica en Francia si se reconocen sus efectos bajo el pretexto de que se ha puesto en práctica en un país donde está permitido?”.
Por tanto, recuerdan a François Hollande su compromiso de “oponerse públicamente a la admisión jurídica de los contratos de madre de alquiler”. Por otra parte, señalan que se pueden “encontrar soluciones técnicas para mejorar la situación jurídica de estos niños que viven en Francia sin sucumbir a lo que sería un triunfo de la industria del embarazo por encargo”.
Los autores de la carta abierta llevan su defensa de madres e hijos hasta la petición de un “proyecto de convenio internacional para prohibir la maternidad subrogada y luchar penalmente contra esta práctica, de modo semejante a la convención del Consejo de Europa contra la trata de seres humanos”.