Tailandia se había convertido, junto con la India, en uno de los destinos más fáciles para obtener un bebé por maternidad subrogada, a través de alguna agencia que contrataba los servicios de una madre de alquiler. Pero la revelación de una serie de escándalos ha obligado a la junta militar que gobierna el país a reaccionar.
Durante el mes de agosto, las autoridades han hecho registros en las clínicas, han cerrado algunas y han presentado un proyecto de ley que castiga con diez años de prisión la maternidad subrogada con fines comerciales. Lo que era una floreciente industria que se había desarrollado libre de regulaciones va a afrontar muchas más restricciones.
La alarma saltó con el caso del llamado bebé Gammy. Una pareja australiana, David y Wendy Farnell, había suscrito un contrato de subrogación por el que una mujer tailandesa gestaba un bebé para ellos. Pero la mujer tuvo gemelos, uno de ellos con síndrome de Down y problemas cardíacos. La pareja australiana se llevó a la niña, que gozaba de buena salud, y dejó al otro con su madre, que no había querido abortarlo. El caso dio mucho que hablar en la prensa australiana y tailandesa, y puso de manifiesto la indefensión de la parte más débil en estas prácticas.
El siguiente caso fue el descubrimiento el 5 de agosto de un lujoso apartamento en Bangkok en el que había nueve bebés, todos nacidos de madres de alquiler, acompañados de niñeras. De la investigación y de los análisis de ADN resultó que el padre de todos ellos era Mitsutoki Shigeta, un rico japonés de 24 años. Así lo ha reconocido el propio Shigeta, que ha explicado que quería tener una familia numerosa. En Tailandia se había puesto en contacto con varias agencias especializadas en el recurso a madres de alquiler. La policía dice que Shigeta había utilizado a 11 mujeres que le habían proporcionado ya 16 hijos, y deseaba tener más. De ahí que su caso haya sido calificado de “fábrica de bebés”.
Por el momento, no hay ninguna acusación contra Shigeta. Su abogado dice que no ha hecho nada ilegal, y que quiere recuperar a sus hijos, que han pasado a cargo de los servicios sociales. Pero, según la ley, si no hay matrimonio, la custodia del niño corresponde a la madre.
Todas estas revelaciones han llevado al gobierno tailandés a cerrar agencias de maternidad subrogada y a presentar un proyecto de ley para penalizar la comercialización de estas prácticas, ley que aún deberá ser aprobada en el parlamento.
Este giro en la política sobre las madres de alquiler ha dejado en el aire los contratos suscritos por familias extranjeras. Según Families Through Surrogacy, serían unas 400 parejas, en su mayoría procedentes de Australia, EE.UU., Canadá e Israel. El patrón de estos contratos es el de pareja de país rico que recurre a vientre de alquiler de país pobre. Así que evitar el carácter comercial de estas prácticas no parece fácil.