El rechazo a la gestación subrogada concita apoyos en Francia, con independencia de sectores o ideologías. Así lo demuestra un manifiesto publicado en Le Monde y suscrito por decenas de personalidades, entre las que se cuentan la filósofa feminista Sylviane Agacinski, la profesora de Derecho Catherine Labrusse-Riou o el biólogo Jacques Testart. También se han adherido organizaciones de Italia, España y Canadá.
Bajo el título “No al mercado de la persona humana”, los firmantes cargan contra el pretendido carácter “altruista” de la subrogación. Justo cuando cobran fuerza los reclamos contra la violencia que hace diana en la mujer, “nadie –apuntan– puede ignorar que esta práctica es parte de un creciente mercado reproductivo globalizado, que incluye, como en California, la venta de esperma y ovocitos. Donde existe, este mercado es una nueva forma de apropiación del cuerpo femenino”.
También es hacer objeto de comercio “no solo el embarazo y el parto, sino también el niño mismo, que es cedido, con su filiación materna, a quienes lo encargaron”. Eso viola la Convención de La Haya, que prohíbe cualquier arreglo por adelantado que facilite el abandono de un niño por parte de su madre biológica, así como los pagos de los progenitores de adopción.
“Quien da a luz es la madre biológica –añaden–, incluso cuando el niño no hereda sus genes, porque un embrión no tiene posibilidades de convertirse en un niño sin un cuerpo femenino que le asegure su lento desarrollo biológico. Un niño no se hace solo con genes”. La subrogación, afirman, sería un modo de falsificar los orígenes del niño, al ser sustituida a su madre real por una madre “intencional”.
De igual manera, los firmantes rechazan que esta práctica se imponga por la vía de los hechos en Francia, a través de la inscripción en los registros civiles de los niños así concebidos en el exterior. “Esa transcripción legitimaría la gestación subrogada y plantearía un desafío a nuestra legislación”.
Sobre el argumento de la subrogación como una decisión “consciente” de la madre biológica, los oponentes a esta práctica son claros al afirmar que es la desigualdad económica lo que subyace al consentimiento. “En una sociedad donde imperan las leyes que protegen los derechos fundamentales, no corresponde a las personas hacer entre ellas contratos que sean contrarios a estos derechos. Por ello, nadie en Francia puede consentir legalmente en vender uno de sus riñones, ni comprometerse a convertirse en esclavo”.
Lo que honraría al país europeo, concluyen, es que trabajara de conjunto con otros Estados para lograr “la abolición universal de una práctica que hoy afecta a las mujeres más vulnerables del mundo”.