Los partidarios de que se legalice el suicidio asistido suelen argumentar que permitir a un paciente quitarse la vida, cuando se encuentra en la fase terminal de una enfermedad incurable, no tiene por qué provocar una “pendiente resbaladiza” de requisitos legales cada vez más laxos, ni perjudicar el desarrollo de los cuidados paliativos. Sin embargo, los riesgos de que ocurran ambas cosas son muy reales, y afectan especialmente a los más desvalidos.
Por un lado, no es fácil poner límite al concepto de “sufrimiento insoportable”. Un ejemplo de esto es lo que ha ocurrido en Bélgica (Aceprensa, 19-03-2013). El caso de los gemelos Verbessem, que pidieron –y recibieron– las dosis mortales tras alegar que su incipiente ceguera unida a su sordera de nacimiento les provocaban un “dolor psicológico insufrible”, muestra que la pendiente resbaladiza de la eutanasia es algo real.
Además de los agujeros legales –se empieza con requisitos muy estrictos que se van ensanchando o que directamente desaparecen–, otro elemento multiplicador de los casos de eutanasia es el conocido efecto contagio del suicidio. Aaron Kheriaty, psiquiatra y profesor de ética médica en la Universidad de California, explica en The Wall Street Journal el caso de Oregón: desde que en 1997 se aprobó una ley que permitía a los médicos suministrar una dosis mortal de un combinado químico a los enfermos que lo solicitaran, la tasa de suicidios empezó a crecer rápidamente; en 2010 ya era un 35% superior a la media nacional.
En Bélgica una parte creciente de las eutanasias se hacen sin consentimiento explícito del paciente
Lo más barato
Por su trabajo, Kheriaty se ha encontrado con muchas personas que decían no querer vivir más. Su experiencia le ha enseñado que con el apoyo adecuado, la inmensa mayoría de ellos abandona estos pensamientos y acaba agradeciendo que el médico les disuadiera. Sin embargo, pese a que entre el 80% y el 90% de los suicidios están asociados a algún trastorno psíquico (sobre todo depresiones), solo el 5% de los pacientes que se quitaron la vida bajo la ley de Oregón fueron derivados antes a un psiquiatra.
Quizá en estas decisiones tenga algo que ver el precio de los cuidados paliativos. Médicos y pacientes se han quejado de que el Plan de Salud de Oregón, al costear las dosis letales pero no el tratamiento contra el cáncer de pacientes con mal pronóstico, de alguna forma presiona a los enfermos para pedir la eutanasia.
Además, los efectos de estas prácticas no solo los sufren los que ya se encuentran en la fase terminal de sus enfermedades: la existencia de una eutanasia legal y barata provoca que se deje de financiar la investigación en cuidados paliativos, de la que podrían beneficiarse futuros pacientes.
La generalización de la eutanasia tiene además un efecto cultural. En Bélgica, el país donde esta práctica está más arraigada en la comunidad médica, el enfoque que entiende los cuidados paliativos como lo contrario –o al menos algo alternativo– a la eutanasia, ha ido dejando paso a otro en el que el acto de ayudar a morir a un paciente se considera como parte de los “cuidados paliativos integrales”. Según algunas asociaciones, este planteamiento está muy presente en la formación del personal sanitario, y se está tratando de imponer en todos los hospitales, sin respetar la objeción de conciencia de los médicos.
Muertes sin consentimiento del paciente
Tampoco la voluntad del paciente se respeta en todos los casos. Un reciente estudio del profesor Raphael Cohen-Almagor, publicado en el Journal of Medical Ethics, señala que el 1,7% de las muertes producidas en Bélgica en 2013 fueron resultado de eutanasias sin el consentimiento explícito del enfermo. Además, al intentar dar razón de por qué el porcentaje ha disminuido respecto a 1998 (cuando era del 3,2%), el texto explica que entre otras razones el descenso se debe a que los médicos emplean más frecuentemente la sedación terminal, y que no siempre utilizan la terminología adecuada al certificar las causas de la muerte. O sea, que los casos de eutanasia sin consentimiento podrían ser en realidad muchos más.
Este no es el primer estudio que desvela tanto la incidencia de las decisiones terminales sin consentimiento como la falta de rigor al clasificar las muertes. Otro publicado en 2010, y referido solo a la región flamenca de Bélgica, señalaba que de 208 eutanasias de las que los investigadores habían podido obtener datos suministrados por los propios médicos, algo más del 30% se habían realizado sin el consentimiento explícito del paciente.
La presión para “dejar de ser una carga” es especialmente acuciante cuando se percibe que seguir con vida es caro y poco valorado por la sociedad
En el 78% de estos casos, además, la decisión ni siquiera se había discutido con el enfermo, aunque los médicos decían que cuatro de cada diez habían formulado un deseo en ese sentido mientras estaban conscientes (lo que seguiría dejando un 60% de muertes decididas sin contar con el paciente). Contrariamente a los que sí habían solicitado ser eutanasiados, el perfil mayoritario de los que no lo habían hecho era el de una persona de más de 80 años, con una enfermedad distinta al cáncer, y que recibió la dosis letal en un hospital y no en sus casas.
En cuanto a las deficiencias en el proceso de eutanasia, un informe publicado en 2013 en la revista International Journal of Law and Psychiatry alertaba de “la imposición de estas prácticas a las enfermeras”, “la confusión de los médicos en cuanto a qué significa exactamente el acto de la eutanasia”, “la falta de consulta con un experto independiente” o la “no notificación de muchos casos”.
La desnaturalización de los cuidados paliativos
Francia ha visto renacer el debate sobre la eutanasia por el proyecto de Ley sobre el Final de la Vida, que actualmente se encuentra en el Senado después de haber sido aprobado por una amplia mayoría en la Asamblea. El texto prohíbe el suicidio asistido, pero legaliza la “sedación profunda” para pacientes terminales. Algunos piensan que esto puede funcionar como una “puerta de atrás” por donde se cuelen casos de eutanasia. Otro punto discutido es la inclusión de la alimentación y la hidratación entre los tratamientos que el médico puede dejar de suministrar si considera que alargan innecesariamente la vida del enfermo en estado vegetativo.
Michèle Salamagne (expresidenta de la Asociación Francesade Acompañamiento y Cuidados Paliativos, SFAP) explica en una entrevista a La Croix cómo esta disciplina médica comenzó a desarrollarse sobre todo desde que Cicely Saunders (Aceprensa, 28-06-2011) fundó su primer hospicio (1967). Allí se empezó a tratar al paciente terminal desde una perspectiva integral: no solo había que aliviar su dolor físico, sino también la debilidad psicológica o la soledad que frecuentemente rodean a estos pacientes.
Este enfoque, que valora la vida del enfermo a la vez que busca eliminar las causas –todas– de su dolor, contrasta con el de los “cuidados paliativos integrales” belgas, donde la eutanasia se entiende como un servicio médico más.
El abandono de los más débiles
La eutanasia es uno de los temas en los que la ideología progresista ha abandonado su compromiso con los más débiles para abrazar unos supuestos derechos individuales de formulación bastante difusa. Los que defienden su legalización dibujan un ideal de “muerte digna” donde el paciente decide lúcidamente y rodeado del cariño y la comprensión de médicos y familiares.
Sin embargo, este escenario no parece tener en cuenta la vulnerabilidad psicológica inherente a la enfermedad, ni tampoco la perniciosa red de intereses económicos que conspira contra la vida del enfermo. La presión para dejarse matar (“dejar de ser una carga”) es especialmente acuciante cuando se percibe que seguir con vida es, además de muy caro, poco valorado por la sociedad.