Roma. El inicio en Italia del trámite parlamentario de la ley sobre fecundación artificial ha provocado una polémica sobre el papel de los católicos en política y, concretamente, sobre los modos en que deberían expresar sus propias convicciones. Hasta ahora no ha habido en Italia legislación sobre este asunto, y al amparo del vacío legal, cada centro de fecundación artificial ha hecho lo que le ha parecido bien. La comisión de asuntos constitucionales del Parlamento dio vía libre el pasado 2 de junio a un proyecto de ley que, entre otros puntos, admite la fecundación heteróloga (la que se hace de un donante distinto del padre legal) y permite que las «parejas de hecho» tengan acceso a las técnicas de fecundación artificial.
Votaron a favor de la constitucionalidad los partidos que integran la coalición de gobierno, entre los que figura el Partido Popular Italiano (PPI), uno de los herederos de la antigua Democracia Cristiana, que se inspira en la doctrina social de la Iglesia. En contra, los partidos de la oposición de centro-derecha (si bien hubo numerosas ausencias), al igual que un representante del propio PPI (que aludió a motivos de conciencia).
Los diputados del Partido Popular, entre los que se contaba la relatora del proyecto, justificaron su voto subrayando que se trataba de decidir sobre «la constitucionalidad, no sobre la moralidad del contenido del proyecto». Dijeron que era necesario no bloquear esa ley, que viene a poner un poco de orden en el Far West del negocio de la fecundación artificial en Italia. Afirmaron también que cuando -a partir del día 10- se discuta la ley en el Parlamento, entonces sí que darían batalla. Los «populares» reaccionaron con polémica a las críticas que recibieron tanto desde las páginas del diario Avvenire, propiedad de la Conferencia Episcopal italiana, como de L’Osservatore Romano.
Lo curioso del caso es que expertos juristas sí que manifestaron dudas precisamente sobre la constitucionalidad del proyecto. Por ejemplo, un ex presidente del Tribunal Constitucional, Antonio Baldasarre, criticó la noción jurídica de «familia de hecho», que no tiene respaldo en la Constitución, donde sólo se reconoce la familia basada en el matrimonio.
Según Baldasarre, además, no existe una norma para definir la familia de hecho: ¿cuál puede ser, se pregunta: el testimonio de los vecinos? Para el ex presidente del Tribunal Constitucional, «sucede aquí algo parecido a lo que ocurrió con la ley del aborto. Todos sabían que los consultorios y las demás medidas serían meras formas hipócritas para poder admitir el aborto libre, como efectivamente ocurrió después. Aquí se aplica la misma táctica para dar por bueno el derecho a tener hijos sin casarse».
Dejando de lado que es muy probable que también en el voto de algunos representantes de la oposición haya habido oportunismo político, lo que no ha gustado a parte del público es la sensación de poca coherencia para defender las propias convicciones que han demostrado algunos políticos de inspiración católica. Algo que contrasta con la vehemencia con que otros grupos que también integran la coalición gubernamental han defendido en otros campos sus ideales o propuestas, aun a costa de hacer naufragar el gobierno. Es el caso, por ejemplo, de Refundación Comunista, que puso como elemento no negociable el compromiso para reducir la semana laboral a 35 horas para el año 2000.
Diego Contreras