El gobierno norteamericano ha propuesto un cambio de estrategia en la lucha contra la droga: dar prioridad al tratamiento de adictos, en vez de a la represión, y a la cooperación con los países productores, en vez de a los esfuerzos por frenar el tráfico hacia Estados Unidos. Éstas son las líneas maestras de un plan provisional presentado al Senado por Lee Brown, el director de la Oficina de la Política Nacional para el Control de la Droga (cargo llamado popularmente «zar de la droga»).
Hasta ahora se ha dedicado un 70% del presupuesto para la lucha contra la droga a la represión del consumo y del tráfico, y el 30% restante a la prevención y a la recuperación de adictos. Esta política ha llenado las cárceles de consumidores ocasionales y pequeños traficantes. Pero, según Brown, son los toxicómanos impenitentes quienes principalmente mantienen la demanda: en el caso de la cocaína, dijo, los adictos, que son el 20% de los consumidores, son responsables de dos tercios del consumo total.
Dar preferencia a la represión o a la educación es una elección siempre discutida. En favor de la política seguida hasta ahora está el hecho de que el consumo de drogas ha disminuido durante los últimos años (a lo que no debe de ser ajeno el fuerte mensaje anti-droga que ha acompañado a la represión). Brown reconoció en el Senado que esto es un logro de la legislación represiva; no obstante, cree que los adictos son un problema clave que queda por resolver. Así, señaló que los ingresos de urgencia en los hospitales a causa de las drogas no han bajado, y en 1992 fueron más que nunca (199.800 por cocaína y 48.000 por heroína).
La Administración de Clinton piensa que lo más eficaz es reducir la demanda concentrando los esfuerzos en la rehabilitación de adictos. Se calcula que actualmente hay en el país 1,1 millones de toxicómanos que no reciben tratamiento. El plan presentado por Brown se combina con la reforma sanitaria, que propone incluir la desintoxicación entre las prestaciones cubiertas por el seguro médico.
Junto a la sustancia, el gobierno quiere cambiar la retórica de la lucha contra la droga. Brown rechazó el término «guerra contra la droga» utilizado por los predecesores republicanos, para subrayar que el enfoque debe ser más terapéutico. Lo que no significa que la Administración demócrata se plantee despenalizar el consumo de drogas, como algunos esperaban. Brown rechazó explícitamente esta posibilidad, así como la de dar bajo control metadona a los adictos.
Un motivo más para suavizar la represión es la saturación de las cárceles norteamericanas, hoy más pobladas que nunca. Dos tercios de los internos en las prisiones federales están por motivos relacionados con las drogas. La fiscal general, Janet Reno, ha propuesto reducir las penas por tráfico o consumo de drogas, dar más beneficios penitenciarios a los encarcelados por estos delitos y sustituir, para los no reincidentes, la cárcel por el arresto domiciliario.
El plan provisional contra la droga no ha sido bien recibido en el Senado. Tanto republicanos como demócratas lo consideran impreciso, ya que sólo ofrece propuestas generales y no detalla cómo se va a financiar. También reprochan al gobierno haber recortado el presupuesto y el personal de la oficina del «zar de la droga». Según algunos análisis, la Administración no ha comprendido que la droga sigue siendo un motivo muy serio de preocupación para los parlamentarios, por lo que creyó que podía satisfacerles presentándoles sólo un bosquejo de política.