El Ministerio de Educación francés ha aprobado un plan para incorporar, de modo general, la enseñanza de las lenguas regionales en la oferta de la escuela pública. Hasta ahora, las clases de estas lenguas estaban simplemente permitidas dentro de las respectivas zonas, y en buena parte se imparten en centros privados. Actualmente, solo unos 152.000 de los más de 3 millones de escolares franceses estudian alguno de los idiomas regionales del país. El más difundido es el provenzal (72.000 alumnos); a gran distancia siguen los otros: corso (28.000), bretón (21.000), euskera y catalán (9.000 cada uno), alsaciano (7.500), moselano (6.000).
Las escuelas primarias podrán ofrecer clases de una lengua regional en las mismas condiciones que el inglés, es decir, hasta tres horas semanales. En la enseñanza secundaria se podrá optar entre tres y dos horas por semana, y la lengua regional podrá ser una de las dos que obligatoriamente habrá que estudiar a partir de 2005.
Los centros habrán de ofrecer clases de lenguas regionales si hay demanda. Incluso, si los padres lo quieren, se podrán establecer escuelas bilingües, sistema que el plan considera como «el modo privilegiado de enseñanza de las lenguas regionales».
Del bilingüismo se podrá pasar al método de inmersión, en el que toda la vida escolar se desarrollaría en el idioma regional. En todo caso, los liceos deberán mantener al menos cinco asignaturas en francés: matemáticas, geografía e historia, educación física y otras dos.
Para cumplir esos objetivos será necesario encontrar más profesores capaces de enseñar las lenguas regionales o de impartir en ellas otras materias. Por ello, se convocarán en los próximos años concursos específicos para contratar docentes bilingües. El Ministerio se ha dado cinco años de plazo para tener en marcha el plan, el tiempo necesario para coneguir profesores suficientes.
En cierto modo, el plan elaborado por el ministro Jack Lang es un sustituto de la Carta Europea para las Lenguas Regionales o Minoritarias (ver servicio 63/01), que Francia no ha ratificado. El Parlamento iba a hacerlo, pero en 1999 el presidente Chirac puso el veto cuando, después de pedir dictamen al Consejo Constitucional, éste concluyó que varios aspectos de la Carta -como el derecho de usar las lenguas regionales ante la administración pública- eran contrarios a la Constitución francesa. Ahora Lang, al presentar el plan, ha dicho que «no hace ninguna falta ratificar la Carta para avanzar».