En el inicio de Internet estaba el modelo de un ciberespacio mundial, sin fronteras ni filtros. Pero con el paso del tiempo los gobiernos reticentes a la libertad de información han desarrollado técnicas eficaces para censurar la red cuando les interesa. Y Estados como China, Rusia o la India defienden un modelo de soberanía nacional sobre Internet, que ampara sus restricciones.
El modo más radical de controlar Internet por parte de algunos gobiernos es, pura y simplemente, cortar el acceso en una parte del territorio. En periodos agitados, como pueden ser las elecciones o cuando hay manifestaciones de protesta, algunos gobiernos no dudan en aplicar este apagón. Según la organización Access Now, que lucha por la protección de la libertad de información y por el derecho de los ciudadanos a acceder a Internet, en 2020 se produjeron 155 cortes en 29 países.
Apagones de Internet
El primer puesto en el ranking de este tipo de censura lo ocupa la India, con 109 episodios de cortes de Internet en zonas de su territorio en 2020. La India puede estar orgullosa de ser “la mayor democracia del mundo”, pero el gobierno del nacionalista hindú Narendra Modi y algunos estados no tienen inconveniente en privar a sus ciudadanos del acceso a Internet “por razones de seguridad”. Así, cuando en 2019 el gobierno central decidió acabar con la autonomía del estado de Cachemira, aplicó también en ese territorio un bloqueo de Internet que duró 213 días. No había que dar oportunidades para una resistencia organizada.
Los cortes de Internet se centran a menudo en la red de teléfonos móviles, que es el medio más utilizado por la mayoría de la gente
También en Myanmar, durante unos dos meses y medio desde el golpe militar del pasado febrero, la Junta ha mantenido un corte casi completo de Internet durante la noche. Luego se ha reanudado la conectividad por línea fija, pero no a través de móviles.
Los cortes se centran a menudo en las redes de teléfonos móviles, que es el medio más barato y eficaz de tener acceso a Internet para la mayoría de la gente. Esto permite que las empresas, las oficinas públicas, los centros de enseñanza y otras instituciones con conexiones de telefonía fija sigan operando a través de Internet, mientras que los usuarios individuales se quedan sin comunicación. El gobierno de la India recurrió a esta táctica durante las protestas de campesinos en Nueva Delhi el pasado febrero, desconectando durante horas la banda ancha de móviles, para impedir que los manifestantes se transmitieran mensajes por la red de datos.
Bloqueos a redes sociales y mensajerías
Otras veces, para evitar que la gente comparta información o convoque manifestaciones, se bloquea el acceso a redes como Facebook, Twitter, WhatsApp o Telegram. Sin llegar al bloqueo completo, los gobiernos pueden ralentizar el funcionamiento de estas redes, lo que hace casi imposible compartir imágenes o videos o comunicarse con rapidez. La ralentización también puede ser una operación de castigo, como la que aplicó Rusia a Twitter el pasado marzo, por no eliminar contenidos que el regulador ruso consideró “ilegales”.
En Rusia hay una creciente presión sobre las redes sociales por temor a que pueden convertirse en canales de un discurso antigubernamental y de llamadas a la movilización, como ocurrió tras la detención y condena del opositor Alekséi Navalny. Para prevenirlo, el año pasado la Duma aprobó una ley que da a las autoridades mayores poderes para bloquear el acceso a las redes sociales occidentales y para imponer multas si no retiran contenidos considerados ilegales por la legislación rusa.
También en la India el gobierno está atento a lo que se publica en las redes sociales, y cuando no le gusta, reacciona. Según Twitter, durante la primera mitad de 2020, hubo más de 2.700 peticiones oficiales para retirar contenidos, y el pasado febrero, durante las protestas de campesinos, el gobierno exigió bloquear 250 cuentas, incluidas las de influyentes periodistas críticos del gobierno.
El gobierno de Xi Jinping mantiene que “dentro del territorio chino, Internet está bajo la jurisdicción de la soberanía china”
Twitter está también totalmente bloqueada para los ciudadanos de China, Corea del Norte e Irán. Otros gobiernos, como los de Turquía, Egipto o Cuba, han suspendido o ralentizado el servicio en momentos de protestas o de agitación social.
En Hong Kong el gobierno no solo ha encarcelado a líderes de la oposición, aplicándoles la Ley de Seguridad. La presidenta del ejecutivo local, Carrie Lam, ha dicho que el gobierno está preparando una ley para luchar contra las “noticias falsas”, que han proliferado durante los movimientos de protesta y la pandemia. En particular ha puesto el foco sobre las redes sociales, acusándolas de estar inundadas de noticias falsas y comentarios de odio.
Cibersoberanía nacional
Más allá de casos episódicos de censura, el cambio más significativo en la regulación del ciberespacio es la tendencia a afirmar una “soberanía nacional” sobre lo que al principio se concebía como una red mundial y no gubernamental. En esto el modelo es el gobierno chino, que ya en un Libro Blanco de 2010 mantenía que “dentro del territorio chino, Internet está bajo la jurisdicción de la soberanía china”. Y el presidente Xi Jinping ha defendido que “hay que respetar el derecho de cada país a escoger su propio modelo de cibergobernanza”.
El modelo escogido por el régimen chino ha sido el de independencia respecto al exterior y el control del interior. Los que esperaban que Internet haría inevitable un clima de mayor libertad y democratización en China han quedado defraudados. Más bien el poderío tecnológico chino ha servido para acentuar el control del gobierno sobre los usuarios de Internet.
Frente a los gigantes de Silicon Valley, China tiene sus propios campeones: Alibaba en el comercio electrónico, el buscador Baidu, Tencent como multinacional tecnológica líder en videojuegos y en otras aplicaciones como WeChat. Pero en el Internet chino no se chatea de cosas serias sin la vigilancia del gobierno. Todo un ejército de censores está atento para localizar y borrar enseguida las opiniones e informaciones inconvenientes. Además, el gobierno subcontrata el control a los gigantes de Internet, al hacerles responsables de lo que se publica a través de sus canales. De ahí que estas empresas chinas tengan centenares de miles de moderadores dedicados a la censura on line.
Responsabilizar a las grandes tecnológicas
En cierto modo, el modelo chino está siendo imitado también en países occidentales, por exigencia de los gobiernos o presión de parte de la opinión pública. Las plataformas, que al principio mantenían que eran neutrales sobre los contenidos que circulaban en ellas, se ven así obligadas a tener una pléyade de moderadores.
Tampoco la defensa de la soberanía nacional frente a empresas del exterior es un rasgo específicamente chino. El veto de Trump a Huawei, alegando que podía transmitir datos confidenciales al gobierno chino, y los obstáculos puestos a TikTok, muestran que EE.UU. desconfía de las amenazas que podría suponer para su seguridad la acción de empresas chinas en su territorio.
La disputa entre China y EE.UU. no ha desparecido bajo la Administración Biden. Tencent está negociando con el Comité de Inversión Extranjera en EE.UU. para mantener su participación en empresas norteamericanas de videojuegos. Tencent es la propietaria de Riot Games, así como del 40% de Epic Games, la creadora de Fortnite. El Comité está investigando si la gestión de datos privados de los usuarios de estas dos compañías podría suponer “un riesgo para la seguridad nacional”.
Infraestructuras controlables
Siguiendo la estela del modelo chino, algunos Estados, como Rusia e Irán, se esfuerzan por crear infraestructuras nacionales de acceso a Internet, con servicios esencialmente albergados en territorio nacional y, por lo tanto, más controlables. Esto permite censurar más fácilmente, limitando las consecuencias económicas de los cortes en la red. Como declara a Le Monde Melody Patry, de la ONG Access Now: “Si, por ejemplo, se accede a Internet a través de infraestructuras cada vez más locales, se puede conseguir cortar el acceso a redes sociales como Twitter y Facebook, conservando al mismo tiempo el uso de las webs del gobierno y de sitios oficiales de información controlados por el Estado”.
En esta línea, Putin firmó en 2019 una Ley de Soberanía en Internet, que permite que Rusia se aísle de la Internet global si fuera necesario, una maniobra que solo puede reforzar el control del gobierno sobre la red.
El afán de los gobiernos autoritarios por censurar la información no es algo nuevo. Lo inédito es que Internet, que nació como un instrumento mundial para compartir información, sufra también un proceso de balcanización disfrazado de defensa de la soberanía.