Jonathan Kay es un periodista canadiense difícil de encasillar. Aunque se le suele situar entre los conservadores, algunas de sus posiciones lo acercan más a los libertarios. Su postura sobre el auge de la censura en las redes sociales y las universidades es particularmente crítica con los partidarios de la corrección política y de las reivindicaciones identitarias.
En una conferencia publicada hace poco en la revista Quillette, Kay explica que, cuando estudiaba en la universidad, a principios de los años 90, él y sus compañeros “daban por hecho que la principal amenaza a la libertad de expresión era el Estado, sobre todo el Estado bajo el aspecto del Gran Hermano” que pinta Orwell en la novela 1984.
Pero hoy las amenazas a la libertad de expresión se han descentralizado. El Estado ha dejado de tener el monopolio de la censura y cada vez más lo tienen las grandes tecnológicas, que deciden –de acuerdo con lo que es conforme a la mentalidad dominante– qué se puede decir y qué no.
Los gigantes tecnológicos han quitado al Estado el monopolio de la censura
En este nuevo mercado de las ideas que son las redes sociales, los intelectuales y los creadores de opinión –pensadores, artistas, periodistas, editores…– tienen “un deber especial de hablar en contra de la censura” y de apoyar a sus colegas que la sufren. La paradoja, según Kay, es que este colectivo, que históricamente ha sido uno de los más perseguidos por el Estado, hoy se ha sumado a una forma de censura que llama “de colaboración masiva” (crowdsourced censorship). ¿El motivo? Los intelectuales han llegado a convencerse de que su obligación más apremiante es evitar que alguien pueda sentirse ofendido.
Lo ilustra con algunos ejemplos que muestran las contradicciones en la que puede caer la causa de la corrección política. El más sustancioso es el de la editorial canadiense Book*hug que, en nombre del respeto a la diversidad, acabó castigando a una joven poeta que tiene en parte ascendencia indígena.
Shannon Webb Campbell había publicado un libro de poemas en Book*hug, pero la editorial paró la venta de ejemplares cuando le hicieron ver que la autora escribía sobre la muerte de una aborigen “sin seguir el protocolo indígena”, que exigía pedir permiso a los familiares. Book*hug pidió disculpas en su web por unos versos que “causaban dolor y trauma a los miembros de las comunidades indígenas”.
La joven también se disculpó públicamente desde su página de Facebook, aludiendo a su condición mestiza. Alegó que, como escritora que no había crecido dentro de su cultura “debido al colonialismo y a los efectos del trauma intergeneracional, desconocía el protocolo en ese asunto”. Tras declarar que se sentía “avergonzada” por su falta de conocimiento, renegó del poema y prometió que no volvería a recitarlo.
En un comunicado publicado en junio, la autora y los editores aseguran que están “aprendiendo y trabajando para incorporar los sistemas de conocimiento indígena” a sus distintas prácticas. Y que, en los próximos meses, saldrá “una edición revisada y corregida del libro”.
Kay concluye con un dardo final dirigido al gremio que la dejó caer: “Cada vez más, la censura de crowdsourcing que veo en los foros creativos está convirtiendo a los escritores, artistas e incluso a algunos académicos en autómatas de ojos vidriosos. Están perfectamente capacitados para escribir declaraciones a favor de los derechos de propiedad de los indios, pronunciar los pronombres adecuados y retuitear los hashtags correctos, pero cada vez son más inútiles para todo lo demás. En otra época, podrían haber culpado al Estado por esto. En 2018, solo pueden culparse a sí mismos”.
Ver también: Pensar en una era de corrección política