La detención del predicador cristiano John Craven, de 57 años, es un nuevo ejemplo de cómo las medidas legales pensadas para castigar unas palabras consideradas ofensivas por otros pueden acabar restringiendo derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad religiosa. La Policía de Manchester ha evitado llegar a juicio, tras reconocer su error y firmar un acuerdo con Craven, según cuenta el Telegraph.
En septiembre de 2011, dos adolescentes gais se acercaron a Craven mientras predicaba en una calle céntrica de Manchester. Le preguntaron cuál era su postura sobre la homosexualidad. Este apagó el micrófono y les explicó que, según la Biblia, las prácticas homosexuales son un pecado. Y añadió que “Dios odia el pecado, pero ama al pecador”.
Tras la explicación, los adolescentes comenzaron a burlarse y a besarse delante de Craven. Después, fueron a un policía y denunciaron a Craven alegando que sus comentarios “insultantes” les habían provocado “angustia”. El predicador fue arrestado bajo el artículo 4 de la Ley de Orden Público, que penaliza los comentarios ofensivos hechos con la intención de causar sufrimiento.
Craven fue retenido bajo custodia policial durante 19 horas, el tiempo que la policía consideró necesario para investigar los hechos. Según el predicador, durante casi 15 horas la policía se negó a darle comida, agua y medicinas para su artritis reumatoide. Finalmente, Craven fue puesto en libertad sin cargos. Y decidió demandar a la Policía por el estado de ansiedad que le había provocado la detención.
Tres años después, Alan Green, superintendente de la Policía de Manchester, ha admitido que “cometimos errores y mantuvimos al demandante bajo custodia demasiado tiempo”. Para evitar pasar por los juzgados, la Policía ha acordado pagar a Craven una indemnización por daños y prejuicios de 13.000 libras (15.687 euros), además de los gastos de abogado (en total, le van a pagar 50.000 libras).
Para Colin Hart, director del Christian Institute –la organización que adelantó el pago a Craven–, este caso representa una victoria frente a los intentos de censura: “Nadie debería pasar 19 horas bajo custodia por responder a una pregunta sobre sus creencias. La libertad de expresión es un derecho humano básico”.
De la misma opinión es Terry Anderson, presidente de la National Secular Society, que otras veces ha denunciado los supuestos privilegios de los creyentes en la sociedad británica. “La libertad de expresión pertenece a todo el mundo, incluso a aquellos con quienes discrepas. Por eso, defendemos el derecho de los predicadores callejeros a citar la Biblia”, explica en la web de la organización.
El caso de Craven es un nuevo ejemplo de cómo las presiones legales –como el mencionado precepto de la Ley de Orden Público– pueden servir para penalizar al que expresa una opinión distinta de la que dicta la nueva ortodoxia (cfr. Aceprensa, 5-03-2014).