Actualizado el 11-01-2012
Pierre Nora encabeza la reacción de los historiadores contrarios a que la ley imponga una interpretación del pasado
El actual debate legislativo francés sobre el genocidio de Armenia entre 1915 y 1917 está dando lugar a vivas reacciones. Parecía lógico que la decisión de tipificar como delito la negación del genocidio chocase con la postura de Turquía, siempre a las puertas de Europa. Claro que Turquía no puede dar lecciones en esta materia, pues sus propias leyes prohíben decir que hubo genocidio. Más importantes son las críticas que cuestionan ese tipo de normas, por ir contra las exigencias del rigor científico o crear nuevos delitos de opinión. Algo semejante a la defensa de la libertad de expresión frente a las presiones de grupos minoritarios (como sucede estos días en España a propósito de un libro sobre la homosexualidad de hace varios años; o de la exigencia de usar sólo el término “violencia de género” para combatir las agresiones que sufren sobre todo las mujeres).
En esta última línea se inscribe el artículo publicado en Le Monde (28-12-2011), por el conocido historiador francés Pierre Nora, presidente de una asociación que pugna en concreto desde 2005 por la “Libertad para la historia”. Se opone radicalmente a la generalización de las llamadas “leyes memoriales”, que establecen supuestas verdades históricas por mayoría de votos.
La ley aprobada por la Asamblea Nacional el 22 de diciembre (pendiente ahora del Senado) ofrece dos aspectos diferentes: la cuestión armenia en sí, y el problema global de la politización de la historia.
La idea de genocidio ha evolucionado hacia una connotación amplia, con fronteras borrosas
No todos los crímenes masivos son un genocidio
Sobre el primero, a juicio de Nora, no se sostiene el paralelo entre el genocidio armenio y la Shoah; la norma actual no se puede alinear con la ley Gayssot, que penalizó en 1990 la negación del genocidio judío. Para la Shoah existe una responsabilidad institucional protagonizada por la Francia de Vichy. En cambio, respecto de Armenia, Francia no aparece para nada. Y si lo que se pretende es presionar a Turquía, “ la decisión francesa sólo puede exacerbar el nacionalismo turco y bloquear cualquier forma de avance hacia el reconocimiento del pasado”. Turquía propuso en 2005 la creación de una comisión paritaria de historiadores y la apertura de los archivos; los armenios se negaron en nombre de sus certezas sobre el genocidio. “El gobierno francés debería haber presionado para que una comisión internacional se instalara en Ankara, y Turquía se comprometiera a seguir sus conclusiones”.
Pierre Nora afirma que “la palabra genocidio tiene un aura mágica, pero es preciso recordar que todos los historiadores serios son reacios a usarla; prefieren, según los casos, ‘aniquilación’, ‘exterminio’, ‘asesinatos masivos’. Al término, elaborado durante la guerra, se le dio una definición jurídica en 1948, basada en una intención exterminadora. Luego ha evolucionado hacia una connotación amplia, con fronteras borrosas, y su utilización no tiene ya más que un contenido emocional, político o ideológico. Si los armenios quieren usarlo, ¿por qué no? Puede estar justificado. Pero este genocidio había sido ya reconocido por la República Francesa desde 2001”. Por eso, aprobar una nueva ley en 2011 más bien se fundamenta en el deseo político de cerrar la puerta a la solicitud de ingreso de Turquía en la UE. Según el editorial de Le Monde (22-12-2011), la ley sólo se explica por razones electorales.
Este tipo de leyes son criticadas por ir contra las exigencias del rigor científico o crear nuevos delitos de opinión
Por otra parte, la noción de crimen contra la humanidad, asociada en la ley al genocidio, nació en 1945, en Nuremberg. Su imprescriptibilidad significaba que ninguno de los autores estaría al abrigo de responsabilidades penales hasta su muerte. Pero esto no puede aplicarse hoy a Armenia: ninguno de los autores vive, pues los crímenes sucedieron hace casi un siglo; el riesgo es trasladar la responsabilidad a los historiadores, que no podrán trabajar sobre un tema tabú. En cierta medida, la muerte de los protagonistas deja sin contenido a los procesos penales, como los suscitados contra personajes franquistas por Baltasar Garzón en España, o por la juez Servini de Cubría en Argentina, de la que habla estos días la prensa: el contenido de su exhorto parece más propio de una investigación histórica que de una instrucción judicial.
Contra la judicialización de la historia
Pero la cuestión armenia no es lo más grave, a juicio de Nora. La ley actual pretendería transponer a la legislación francesa la resolución europea, de 28 de noviembre de 2008, sobre «la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal». Ante la decisión de Bruselas, Francia optó por reconocer sólo como crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, los declarados por un tribunal internacional. Significaría la penalización de los culpables de genocidios como los de Ruanda o Kosovo, pero nunca de los historiadores que trabajan sobre el pasado. En cambio, la nueva ley se aplicaría a todos los delitos reconocidos por el ordenamiento jurídico francés.
De este modo, se abre una vía para cuestionar toda investigación histórica y científica desde las reivindicaciones memoriales de grupos concretos, pues están legitimadas por el nuevo texto para ser parte en el proceso. Podría aplicarse a sucesos antiguos, como la guerra de la Vendée; o las hambrunas de Ucrania provocadas por el poder estalinista en 1932-1933; o los crímenes comunistas en Europa Oriental; o el exterminio de los gitanos por los nazis, o incluso la masacre de la Guardia Suiza en las Tullerías en 1792. Se podría acabar criminalizando a historiadores que trabajan sobre Argelia, sobre la noche de San Bartolomé, o sobre la cruzada contra los albigenses.
Nora invita a reflexionar sobre el grado de anacronismo al que se puede llegar proyectando sobre el pasado conceptos nacidos en la era contemporánea, con los consiguientes juicios morales maniqueos. Sobre todo, cuando la ley no penaliza sólo la «negación» del genocidio, sino que introduce un nuevo delito: su «minimización», todo un reto de precisión para juristas.
En nombre de la defensa de los derechos humanos se puede llegar a la “sovietización de la historia”. Muy al contrario, “es preciso proteger la historia, en cuanto instrumento de unión, frente a la memoria que divide”. Por eso, la asociación “Libertad para la historia” lanzó un manifiesto en octubre de 2008, que firmó en un par de semanas más de un millar de historiadores europeos: «La historia –proclamaba– no debe ser esclava de la actualidad ni escribirse al dictado de memorias concurrentes. En un Estado libre, no pertenece a ninguna autoridad política definir la verdad histórica ni restringir la libertad del historiador bajo la amenaza de sanciones penales (…). En una democracia, la libertad para la historia es la libertad de todos».
El legislador ante la historia
Lógicamente, para algunos, como Ara Toranian, director de Nouvelles d’Arménie magazine, la ley francesa se inscribe en la lucha contra el negacionismo del Estado turco. No la valora en términos académicos, sino de violencia política. Y, en este campo, “la ley está en perfecta conformidad con su vocación esencial: garantizar la paz civil, prevenir desórdenes públicos, proteger a los más débiles”. A su entender –y el punto de vista es inquietante–, “cuando se permite que la historia se escriba al dictado del verdugo y sólo se deja a las víctimas la memoria para llorar, no se hace más que legitimar y relanzar la máquina de matar” (Le Monde, 28-12-2011).
Pero, como dice Le Monde en su editorial, “las leyes memoriales no sirven para nada”, a pesar de la tendencia francesa (también europea y española) a juridificar la historia: “Los historiadores –afirma– no reivindican el monopolio de la verdad. Interpretan los hechos. Pero compartimos con agrado su versión de la tragedia armenia. En cambio, no corresponde al legislador –sostenido en este caso por el Elíseo– proclamar la historia. En esta materia, no parece que exista una línea oficial exigible a todos, ni que permita imponer sanciones penales”.