La búsqueda de una mayor seguridad en la lucha contra el crimen y el terrorismo, y los nuevos modos de vigilancia que ofrece la tecnología actual, están favoreciendo un mayor control de la vida privada de los ciudadanos. Dos novedades de este verano lo atestiguan. El gobierno chino ha ordenado que en las grandes ciudades se utilicen sistemas de cámaras de vigilancia y que se distribuyan nuevas tarjetas de permisos de residencia que incluyen información detallada de los ciudadanos. En EE.UU. la legislación aprobada en agosto por el Congreso da al gobierno mayores poderes para espiar las llamadas telefónicas internacionales y los correos electrónicos sin necesidad de autorización judicial.
Con la legislación aprobada en agosto por el Congreso de EE.UU., el gobierno dispone de mayores poderes para espiar las llamadas telefónicas internacionales y los correos electrónicos sin necesidad de autorización judicial. Dentro del paquete de medidas antiterroristas figura también la necesidad de que los viajeros de los países a los que no se les exige visado pidan una autorización electrónica por Internet antes de viajar, lo que ha molestado a la Unión Europea.
La ley sobre las escuchar de las comunicaciones telefónicas internacionales cambia la definición legal de lo que se considera “vigilancia electrónica”. Nadie niega que era necesario cambiar la legislación de 1978, que había quedado obsoleta por los cambios tecnológicos en las llamadas telefónicas internacionales. Pero no pocas voces se preguntan si lo aprobado bajo las urgencias de la lucha contra el terrorismo es compatible con la Constitución.
Hasta ahora, el gobierno necesitaba una autorización de un tribunal especial para espiar las conversaciones telefónicas, los e-mails y otras comunicaciones electrónicas entre residentes de EE.UU. y personas del extranjero. A partir de ahora, la ley permite al gobierno espiar las comunicaciones sin orden judicial, siempre que la persona vigilada sea alguien de la que “razonablemente se cree” que está en el extranjero. Las comunicaciones entre extranjeros que se realicen a través de compañías telefónicas americanas podrán ser también escuchadas.
Un portavoz de la Casa Blanca aclaró que el objetivo de la ley no era vigilar a los ciudadanos americanos, sino dar al gobierno más flexibilidad para investigar a sospechosos de terrorismo en el extranjero.
Pero en la medida en que ya no es necesaria una autorización judicial, la consideración de sospechoso y el alcance y duración de la vigilancia queda a discreción del gobierno.
La ley también da al gobierno mayores poderes para obligar a las compañías de telecomunicaciones a cooperar en las operaciones de vigilancia. El fiscal general y el director de la agencia nacional de inteligencia pueden ordenar a las compañías que colaboren.
Expertos que han estudiado la ley dicen que fundamentalmente proporciona un marco legal a lo que ya venía haciendo la agencia de inteligencia con medidas provisionales a partir del 11-S. Pero algunas decisiones judiciales habían determinado que el gobierno necesitaba autorización para esas escuchas, y las compañías de telecomunicaciones temían también exponerse a demandas judiciales si cooperaban secretamente en operaciones de vigilancia sin suficiente cobertura legal.
Según una cláusula de la ley, exigida por los demócratas, la legislación ahora aprobada deberá ser revisada dentro de seis meses.
Autorización para viajar
Dentro de la batería de medidas antiterroristas aprobadas, se incluye también la obligación de que los viajeros de los países de la UE a los que no se les exige visado pidan por Internet una autorización para entrar en los EE.UU. y paguen unas tasas a la Administración norteamericana. La autorización electrónica debe pedirse con una antelación que oscila entre las 48 y las 72 horas. Viajar a EE.UU. por una urgencia familiar o por un asunto de negocios de última hora va a resultar más difícil a partir de ahora.
Estas nuevas exigencias se suman a otras que ya fueron origen de tensiones entre la UE y EE.UU. Durante meses ha habido negociaciones respecto al control de transacciones financieras y a la entrega por parte de las compañías aéreas de los datos de pasajeros que viajan a EE.UU.
Ahora la Comisión Europea ha dado a entender que podría aplicar un trato recíproco a los ciudadanos estadounidenses que vienen a Europa, y que actualmente pueden viajar libremente.