Este año, la tasa de devolución de créditos oficiales concedidos para financiar los estudios universitarios ha alcanzado un máximo en Estados Unidos. Pero no se sabe si en el futuro próximo seguirá habiendo tan pocos morosos, ya que las matrículas universitarias han experimentado una subida también inusitada.
Después de una década de encarecimiento razonable, este año el precio de las matrículas en la universidad ha subido un 4,4%, cifra de aumento anual que no se producía desde 1991. En la actualidad el coste medio total (incluidos alojamiento y manutención) de un curso es de 8.400 dólares en una universidad pública y de 22.500 dólares en una privada. Entre estas últimas, las de más prestigio -Harvard, Princeton, Yale, Stanford- cuestan entre 32.000 y 36.000 dólares. El College Board -el consejo de universidades- hizo público, en octubre pasado, su informe sobre costes, en el que atribuye el incremento de tasas a las grandes subidas experimentadas en el precio de la energía y de los seguros médicos. Otros factores que contribuyeron, en menor medida, al aumento son las mejoras en la calidad de la enseñanza, la tecnología y el confort de los alumnos.
Este incremento medio del 4,4% en las matrículas del curso 2000-2001 (3,4% en la universidad pública y 5,2% en la privada) se ha visto acompañado de otro, de un 6,3%, en la cuantía de las ayudas del gobierno federal, que ascendieron a 86.000 millones de dólares. La mitad de esas ayudas federales llegan en forma de créditos a los estudiantes, que estos deben ir retornando anualmente a las arcas públicas.
En octubre, Richard W. Riley, secretario de Educación del gobierno Clinton, declaró que se había logrado un récord en la tasa de devolución de préstamos concedidos a los universitarios, que tuvo un porcentaje de fallidos del 6,9%, con lo que la Administración federal recuperó 18.000 millones de dólares prestados. A principios de octubre, de los 2,2 millones de titulados universitarios obligados a devolver créditos, 150.000 no lo hicieron (1 de cada 14). La Administración atribuye este logro a la mejora de la situación económica del país y a las severas medidas para evitar los impagos, que incluían excluir del programa de créditos a los centros universitarios donde abundan los abusos. Así, han quedado fuera más de 1.300 escuelas o facultades: 850, porque una cuarta parte o más de los alumnos han fallado tres años seguidos en la devolución, y cerca de 500, por violar la normativa federal relativa a las ayudas.
Un programa federal para el cobro de créditos universitarios, aprobado por el Congreso, aguarda la firma del presidente. Este programa contempla la contratación por tres años de estudiantes beneficiarios de créditos, para ocupar empleos cualificados que ofrece una oficina pública de personal. Se pretende cubrir 400.000 puestos de personal técnico o administrativo adscrito a servicios sociales. Los estudiantes recibirían un máximo de 6.000 dólares anuales, y en cualquier caso no más de 40.000 por los años de servicios prestados. Este sistema sería opcional para los estudiantes que reciben créditos federales.