El criterio de que el cliente debe poder elegir y que el proveedor está a su servicio naufraga en cuanto entramos en el ámbito de la escuela. Ahí impera todavía el lo toma o lo deja, impuesto en la enseñanza pública por supuestos expertos y por sindicatos.
En España, ha habido una casi total descentralización administrativa en temas escolares, pero no por eso los centros han ganado en autonomía. Solo ha cambiado la autoridad que les impone sus criterios, ahora más cercana. El respeto a los deseos del cliente -las familias- cuenta menos que los intereses de los políticos que pretenden utilizar la escuela como instrumento para las metas sociales que ellos consideran prioritarias.
La disyuntiva está presente desde hace años en los debates sobre el derecho de los padres a elegir la lengua escolar de sus hijos -dentro de las cooficiales en España- y las medidas para la promoción del catalán, el vasco o el gallego. El último conflicto ha surgido en Galicia, con la propuesta del gobierno autonómico de que los padres voten en cada escuela en qué idioma quieren que se enseñen las materias principales. El anterior gobierno, de socialistas y nacionalistas, impuso que un mínimo del 50% de la carga electiva se impartiera en gallego en todas las escuelas, más para defender la lengua minoritaria que para adecuarse a la realidad social. La exigencia despertó protestas, y fue uno de los motivos más importantes para que en las elecciones triunfara el PP, que prometía respetar los deseos de los padres en esta materia.
Pero cuando el nuevo gobierno ha intentado cumplir lo que prometió al electorado, una parte de los sindicatos, pedagogos y sectores nacionalistas han puesto el grito en el cielo. Es verdad que la solución prevista por la Xunta puede tener sus dificultades organizativas, pero en el fondo no es eso lo que se discute.
Padres “no preparados”
Lo que algunos niegan con pasión es que la escuela deba tener en cuenta los deseos de los padres. Un catedrático dice que “los padres entrarían en una situación muy compleja sin estar preparados”. El sindicato mayoritario, el nacionalista CIG, dice que “ni los padres ni las madres son quienes deben diseñar el curriculum de sus hijos”. Pero nadie ha dicho que los padres deban decidir el curriculum, ni cómo se enseña la lengua ni cuántas horas. Lo que se quiere dejar a su decisión es algo tan simple cómo en qué lengua -castellano o gallego- quieren que se enseñe a sus hijos, elección que no requiere un doctorado en lingüística. Igual que en las elecciones se supone que todo el mundo está preparado para elegir el partido que quiere que gobierne, aunque el votante no sea capaz de debatir cómo aplicar las medidas fiscales más oportunas.
Los que niegan que los padres estén preparados para elegir la lengua escolar de sus hijos, deberían explicar por qué consideran, en cambio, que los representantes de los padres en el Consejo Escolar sí están en condiciones de participar en decisiones mucho más complejas, como la elección del director del centro, el diseño curricular o la aprobación del presupuesto.
Todo lleva a pensar que los enemigos de que los padres decidan se atrincheran ahora en una excusa tecnocrática para imponer lo que han perdido en las urnas. El susodicho catedrático afirma que “es un tema técnico, político y de gestión educativa, y es la comunidad educativa la que debe decidir”. Por lo visto, los padres son ajenos a la comunidad educativa. Pero, en cualquier caso, cuando se impuso por ley un mínimo del 50% de las clases en gallego, no había necesidad de que la comunidad decidiera.
En estas y en otras cuestiones educativas es inevitable que un modelo único no pueda satisfacer a todos. Por eso tanto en Galicia, como en el País Vasco o en Cataluña, lo más respetuoso con la libertad y lo menos conflictivo sería que las familias pudieran elegir entre distintas ofertas educativas, para lo cual las escuelas deberían disponer de verdadera autonomía. Muchas de las polémicas educativas de los últimos tiempos -respecto a la lengua vehicular, la enseñanza diferenciada por sexos, los horarios, el curriculum…- provienen de la dificultad de encontrar un modelo que guste a todos, cuando lo que habría que respetar es la existencia de distintos modelos, que responderían a la demanda social o desaparecerían.
Pero esto es intolerable para los políticos que quieren utilizar la escuela como instrumento para sus propios fines de ingeniería social, ya sea la defensa de un idioma, la socialización de los niños conforme a unas ideas determinadas o la experimentación de una determinada pedagogía. Todo eso puede hacerse, pero con aquellas familias que quieran sumarse a ese proyecto educativo. Lo que no es de recibo es ningunear a los padres, diciéndoles tráiganos a su hijo y nosotros nos encargaremos de educarle como nos parezca.
La combinación de autonomía escolar y libre elección de las familias es el mejor sistema para mejorar la escuela y parar los pies a los que quieren instrumentalizarla con otros fines.