Contrapunto
Escuela pública vestida de privada
Una política que, para mejorar la calidad de la enseñanza, propugne medidas como la definición de un proyecto educativo propio por parte de cada escuela, mayor libertad para que los padres escojan el colegio y el fortalecimiento del papel del director, parece el programa reivindicativo de la enseñanza privada. Sin embargo, es el último descubrimiento de la política educativa del gobierno socialista español para mejorar la enseñanza estatal.
Estas medidas figuran en el anteproyecto de Ley de participación, evaluación y gobierno de los centros docentes, anunciada por el ministro de Educación. Se pretende que los centros públicos tengan una mayor autonomía para ofrecer un proyecto educativo específico, según las necesidades de los alumnos y las características del entorno social. Una medida muy oportuna, desde luego, pero no muy novedosa. Es cierto que la memoria está muy descuidada en la enseñanza actual. Pero no hace falta mucha memoria para recordar que, cuando se debatió hace años las condiciones para la financiación pública de las escuelas privadas, los socialistas se rasgaban las vestiduras al oír hablar del «carácter propio del centro» o de proyecto educativo específico. Bastaba mencionarlo para que los estatalistas sacaran la pistola dialéctica y dispararan con epítetos como «adoctrinamiento», «amenaza contra la libertad de cátedra» o «ghetto ideológico».
Ahora parecen advertir que la coherencia del proyecto educativo es una de las principales bazas de la calidad de la enseñanza y lo que hace que muchos padres sigan optando por la enseñanza privada. Por eso piden también que los centros informen a las familias de sus proyectos educativos, para que éstas pueden elegir. E incluso se promete que se ampliarán las posibilidades de elección dentro de la zona de residencia.
Otros tabúes se van resquebrajando. Por ejemplo, se admite que los centros puedan obtener ingresos derivados de la utilización de sus instalaciones, sin que esto sea descalificado como negocio inadmisible. Reforzar el papel del director ya no despierta tampoco la sospecha de autoritarismo. En otros tiempos se insistía en la elección democrática del director, figura que quedaba prácticamente al mismo nivel que los otros profesores, con más trabajo y pocas compensaciones. Resultado: casi nadie quiere serlo. Ahora se insiste en que los profesores más preparados asuman la responsabilidad de la dirección, con un mandato más prolongado y retribuciones más altas.
¿Un paso adelante? Más bien un paso atrás… en la buena dirección. A este paso, los socialistas pueden acabar inventando el cheque escolar.
Ignacio Aréchaga