La financiación estatal de la enseñanza es un tema que ha suscitado desde hace años en Italia encendidos debates, que acaban estrellándose sistemáticamente contra el muro de una mentalidad estatalista. El profesor Ernesto Galli della Loggia, exponente de la mentalidad liberal, interviene en el debate para poner de relieve algunas incongruencias (Corriere della Sera, Milán, 14-XII-98).
No creo recordar que en los años pasados haya habido nunca llamamientos de intelectuales «laicos» que, en nombre de la «autonomía del Estado» y para defender al individuo de «autoridades ideológicas externas», se hayan pronunciado contra la financiación pública de periódicos políticos que, como Il Manifesto o Il Secolo d’Italia, viven gracias a las ayudas estatales directas e indirectas. Ni que hayan protestado porque los dineros de todos sirvieran para hacer funcionar, por ejemplo, al Instituto Gramsci, receptor de sus buenos fondos públicos (al igual que el Instituto Sturzo o la Fundación Basso, entre otros).
De todas formas, si hubieran existido tal tipo de llamamientos, yo no los habría compartido, como tampoco comparto hoy las apelaciones -¡que sí las hay, y tantas!- con las que se desea impedir que se financien las escuelas privadas, empezando por las confesionales. Y es que no llego a ver diferencias sustanciales entre esos dos tipo de financiaciones. No me parece válida, de modo particular, la objeción de que en el caso de la enseñanza existen ya escuelas estatales a las que todos pueden acceder: se da el caso de que, en Italia, el Estado gestiona también un imponente aparato informativo (la RAI), que estoy seguro de que no satisface las particulares exigencias de quienes compran Il Manifesto o Il Secolo d’Italia. Lo mismo vale para el Gramsci, el Sturzo o la Fundación Basso: también existen instituciones estatales análogas (bibliotecas, centros de investigación universitaria, academias), pero que yo recuerde no ha habido intelectuales «laicos» que hayan considerado esto como un motivo para negar la ayuda de la colectividad a tales instituciones privadas.
También me parece sin fundamento el temor de que, financiando escuelas privadas, el Estado correría el riesgo de ayudar también a formas de instrucción pararreligiosa de tipo sectario, esotérico, etc. Mejor dicho: tal temor tiene razón de ser, pero este es el riesgo inevitable de cualquier libertad. También la libertad de asociación o de prensa implica la posibilidad de difundir una multitud de ideas equivocadas, absurdas, potencialmente peligrosas: sólo los reaccionarios, sin embargo, consideran esto un buen argumento para limitar o negar la libertad de asociación o de prensa. Los liberales, por el contrario, piensan que, mientras no se violen las normas del Código Penal, toda idea o visión del mundo tiene pleno derecho a ser divulgada.
