La libertad de expresión, una de las máximas aspiraciones en las protestas estudiantiles de los 60, ha perdido su aura de rebeldía. Los campus americanos ya no son lo que eran y ahora expresar en alto opiniones impopulares puede acarrear consecuencias insospechadas. En los últimos veinte años la Universidad se ha convertido en una de las instituciones más autoritarias de América, asegura Greg Lukianoff, un abogado y activista que lleva una decena de años luchando contra la censura en el campus desde una asociación denominada Foundation for Individual Rights in Education (FIRE).
Hijo de inmigrantes y educado en el respeto a las opiniones diversas, Lukianoff emprendió hace ya diez años una iniciativa para devolver la apertura y recuperar la posibilidad de expresar libremente las propias convicciones sin tener que soportar las innumerables formas de presión que se ejercen en nombre de una actitud proteccionista. En los campus hoy se intenta evitar toda opinión que presuntamente pueda herir la sensibilidad de un estudiante que se sienta afectado. Y en esta batalla los que llevan las de perder son los libertarios y los más cercanos a las posturas conservadoras.
“Cualquier estudiante de un campus puede ser literalmente culpable”, si se siguen al pie de la letra los códigos creados por las autoridades universitarias, afirma Lukianoff, que acaba de publicar un libro lleno de ejemplos significativos, con el título Unlearning liberty, que reseña The Wall Street Journal (16-11-2012). Ni eslóganes jocosos en camisetas ni declaraciones subidas de tono ni críticas y por supuesto nada que se acerque al sexismo o pueda confundirse con el racismo. “Tienen un concepto tan amplio del “acoso” y tan alejado de la definición legal de la palabra”, que los códigos que las universidades imponen y explican a los estudiantes de primero en nombre de la libertad sonrojarían a cualquiera.
Por ejemplo, en la Universidad de California en Chico estaba prohibido “el uso continuo del genérico masculino para referirse a personas de ambos sexos o referencias a hombres y mujeres que den por supuesto que son heterosexuales”. La prohibición se quitó después de que FIRE la ridiculizara.
Los motivos que hay bajo esa protección a ultranza frente a lo molesto son ideológicos -la preservación de la diversidad llevada al extremo– y también la lucha del personal directivo por mantener un puesto de trabajo y conseguir méritos en un sector sobredimensionado. “Confunden su trabajo de instrucción y asesoramiento con el de vigilancia de comportamientos y consideran su deber intervenir en las creencias más profundas de los universitarios”, señala el abogado.
Los abogados de FIRE organizan campañas de rescate para ridiculizar los excesos de las sanciones y airear los casos más clamorosos de censura. Cuando esto falla, interponen demandas para defender al profesor o estudiante denigrado por sus opiniones. En una encuesta reciente entre universitarios el 64% consideró inseguro mantener opiniones impopulares en el campus, cifra que llegó hasta 85% en el caso de los profesores que están más familiarizados con este tipo de penalizaciones.