La actualidad dejaba ayer dos titulares relacionados con la educación: uno, cada vez menos noticioso, recogía la enésima protesta callejera de los defensores de la enseñanza pública; el otro informaba sobre un estudio de la IEA (Asociación Internacional de Evaluación Educativa) que sitúa la educación primaria española a la cola de Europa en matemáticas, ciencias y lectura.
Su lectura puede llevar a dos conclusiones: o bien la educación pública está sufriendo una campaña internacional de desprestigio, o bien necesita realmente una reforma en profundidad.
Las medidas de la ley Wert que se han ido filtrando no gustan a la “marea verde”, que alerta de la “mercantilización” y el “desmantelamiento” de la enseñanza pública. En cuanto a la mercantilización, sucesivos estudios de la OCDE han alertado de que efectivamente la relación entre las aulas y los mercados en España no es buena; pero no precisamente porque estos estén contaminando los colegios con su visión cortoplacista, sino más bien porque la escuela parece vivir al margen de un mercado laboral cada vez más hostil para los jóvenes.
Si los resultados de la escuela española son tan mediocres como ponen de relieve los informes internacionales, la mejor defensa sería reformarla
Aparte de una alta tasa de fracaso escolar, el título universitario o de Formación Profesional superior no ayudan a conseguir trabajos acordes con esa cualificación: España es el país europeo donde hay un mayor porcentaje de jóvenes con empleos inferiores a su cualificación, y no solo por la crisis, sino también por el desequilibrio histórico entre la gran cantidad de titulados universitarios con respecto a los que cursan formación profesional. La OCDE ha señalado en varias ocasiones que una de las asignaturas pendientes del actual modelo español es derivar más alumnos a la FP de grado medio, y dotarlos de currículos más cercanos al mundo de la empresa.
La situación de la educación española que dibujan estos y otros informes es bastante negativa: muchos alumnos se descuelgan de los estándares europeos ya en Primaria (según el estudio de la IEA, el porcentaje de rezagados a los nueve años dobla al de la OCDE tanto en lectura como en matemáticas); la cosa no mejora después: algo más del 30% de todos los estudiantes (según el Consejo Económico y social) abandonan las aulas antes de acabar la ESO o no van más allá; y los profesores universitarios se quejan de la deficiente formación que reciben los alumnos en Bachillerato o Formación Profesional superior.
Ante este panorama, asombra el convencimiento con que los manifestantes enarbolan sus pancartas. Aunque solo fuera por marketing, la “marea verde” haría bien en modificar sus eslóganes. Quizá si saliera a la calle pidiendo mejorar la educación pública en vez de defenderla sus reivindicaciones resultarían más creíbles. Sería una forma más productiva de entender el dicho de que la mejor defensa es un buen ataque.
Otra cosa es que se piense que gran parte de los motivos del bajo rendimiento de los alumnos escapan al control de la escuela. Como señalaba Saturnino Martínez en El País, “los datos muestran que la motivación de los niños, el apoyo de sus padres en lectura y el buen ambiente entre los profesores son importantes”. Y añadía: “No hay ley que cambie eso”. Pero entonces, cabe hacerse una pregunta: ¿A qué tanta protesta?