Según datos de la Conferencia Episcopal, publicados el 14 de febrero, la enseñanza de la Religión católica goza de buena salud en la escuela española. En el presente curso, la han elegido el 79,3% de los alumnos, 1,8 puntos por encima del pasado año escolar (cfr. Aceprensa 41/04, donde se recogen cifras provisionales).
Se trata de un dato «muy significativo, teniendo en cuenta las dificultades por las que atraviesa la enseñanza religiosa católica en la escuela y las trabas que tiene que superar en su desarrollo diario en el aula», señala la Comisión Episcopal de Enseñanza. Los obispos subrayan que esta asignatura «es un derecho fundamental refrendado por la Constitución Española» y que «el Estado está obligado a procurar que se imparta dicha formación con todas las garantías necesarias para que no se produzca en la actividad escolar ninguna discriminación por el hecho de recibir o no recibir esta enseñanza».
En los colegios católicos, casi todos los estudiantes (99,5%) solicitan clase de Religión. En los colegios de titularidad civil, el porcentaje ha subido del 80,6% en el curso pasado al 81,7% en el actual. En las escuelas estatales, hasta 2004 la tónica general era de un continuo descenso; pero en este curso se ha frenado la caída, y la proporción se ha mantenido en el mismo nivel que el pasado año: el 72,2%.
Por etapas, la que registra el mayor porcentaje es la Educación Primaria, el 84,7%. En la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), asisten a clase de Religión el 53,5% de los alumnos de centros públicos. Los cursos de Bachillerato de los centros públicos son los que tradicionalmente registran el porcentaje más bajo de inscritos en la asignatura de Religión (alrededor del 40%).
En el curso 1996-1997, el porcentaje total de alumnos de Secundaria o Bachillerato de cualquier tipo de centro que optaban por la Religión era similar: alrededor del 66,5%. A partir de ese año, el Bachillerato comenzó una fuerte caída, que llegó a su punto más bajo entre 2001 y 2002, con tan sólo un 51,7% de estudiantes. En los años siguientes, la asignatura inició una ligera recuperación, hasta alcanzar en el presente curso un 56,9%.
Los obispos insisten en hablar de «discriminación notoria» de la asignatura de Religión, especialmente entre los alumnos de Secundaria y de Bachillerato, porque «mientras que los alumnos de Religión reciben formación religiosa, el resto de alumnos recibe materias sin valor académico, sin evaluación alguna y sin exigencias de estudio, en el mejor de los casos».
El Consejo Escolar, en contra
A los tres días de conocerse estos datos, el Consejo Escolar del Estado -órgano consultivo del gobierno- aprobó un informe en el que pide que la Religión salga del currículo escolar, que no sea evaluable y que no tenga asignatura alternativa. El dictamen llega a pedir que se deroguen los Acuerdos del Estado con la Santa Sede, de 1979, por considerarlos contrarios a la Constitución. En los Acuerdos se prevé que los centros públicos ofrecerán la asignatura de Religión católica para quien la desee, en condiciones equiparables a las demás materias fundamentales.
El Consejo Escolar del Estado está formado por 80 miembros, de los que solo estaban presentes 26 en el momento de la votación. Se registró un empate a 13, pero decidió el voto de calidad de la presidenta. Este hecho ha suscitado protestas. La Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA), mayoritaria, ha solicitado la dimisión de la presidenta.
La CONCAPA empezó a movilizarse en cuanto el gobierno manifestó sus intenciones de cambiar el estatuto de la clase de Religión, con una campaña en la que ha recogido tres millones de firmas en favor de la enseñanza religiosa como materia evaluable (ver Aceprensa 9/05). Ahora, ha recordado en un comunicado que las leyes y los tratados internacionales «garantizan el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que reciben sus hijos, de la que forma parte esencial el derecho a recibir enseñanza religiosa de carácter confesional».
Entre los que se pronuncian en el Consejo Escolar contra la enseñanza de la Religión está la asociación de padres CEAPA, minoritaria y de tendencia laicista, que siempre se ha manifestado contra la clase de Religión en las escuelas públicas, pese a que en ellas la mayoría de los alumnos escoge esa opción. Paradoja que ha señalado el arzobispo de Toledo y primado de España, Mons. Antonio Cañizares, en declaraciones a la cadena radiofónica COPE (18 de febrero): «La CEAPA, que supuestamente representa a los padres de alumnos de colegios públicos, ha votado en el Consejo Escolar a favor de la supresión de la clase de Religión. Pero resulta que en los centros públicos, más del 70% de los padres escogen Religión para sus hijos. ¿A quién representan entonces estos señores?». Mons. Cañizares también rechazó el argumento esgrimido por el Consejo Escolar al calificar la clase de religión en la escuela como anticonstitucional. «Lo anticonstitucional sería precisamente retirar la asignatura, ya que los Acuerdos entre el Estado y la Santa Sede se limitan a desarrollar el artículo 27.3 de la Constitución Española».
La lluvia de críticas ha obligado al presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a declarar ahora que «es un derecho de los padres que la religión se estudie en la escuela pública», aunque precisó que en su opinión esa asignatura no debe ser evaluable porque «parece que no tiene mucho sentido que la calificación en esa materia lleve a determinar un currículum, una beca o el acceso» a la universidad.
El debate ha registrado un nuevo episodio en Cataluña, donde el gobierno tripartito de izquierda proyecta «sustituir la actual asignatura de religión confesional por una asignatura no confesional de cultura religiosa», según la directora general de Asuntos Religiosos, Monserrat Coll («La Vanguardia», 11-02-2005). El plan ya está recogido en un pacto del tripartito, donde se establece como objetivo: «Situar la enseñanza de la religión en el ámbito familiar y de la comunidad religiosa, ofreciendo la enseñanza de la cultura religiosa en las etapas de educación obligatoria. Y, en consecuencia, proponer la modificación de la normativa actual».
Rafael de los Ríos