Aunque la educación diferenciada nunca ha pretendido monopolizar la enseñanza, frecuentemente se le exige demostrar científicamente que es la mejor opción. En cambio, esto no ocurre con la coeducación, que muchas veces se presenta como el único modelo legítimo, y que por tanto estaría más obligada a superar el examen científico. Un ejemplo de esta desigualdad de trato es lo que ha sucedido en el estado de Virginia Occidental (Estados Unidos).
Desde 2006 en la enseñanza pública norteamericana se han vuelto a admitir las escuelas o clases diferenciadas para chicos o chicas, como un medio para intentar mejorar los resultados académicos cuando se vea conveniente. Las familias han de elegir esta fórmula de modo totalmente voluntario, y las instalaciones y otros aspectos de la organización escolar han de ser sustancialmente iguales a los de las otras escuelas. Se estima que existen entre quinientas y mil escuelas de este tipo en la enseñanza pública.
Ahora, según cuenta The Wall Street Journal, la American Civil Liberties Union (ACLU) ha iniciado una campaña contra la educación diferenciada en varios distritos escolares de Virginia Occidental. Además de presentar demandas en los tribunales, está enviando cartas por todo el estado para convencer –a los políticos, porque los padres ya eligen libremente a qué tipo de colegio llevan a sus hijos– de que la coeducación es el único modelo legítimo. ¿Por qué? No porque esta opción pedagógica obtenga mejores resultados, que no lo hace; ni porque la ciencia haya demostrado sus beneficios en la psicología de los niños. Piden que los colegios diferenciados desaparezcan del mercado público porque no está demostrado que sean mejores que los otros.
Cuando tratan de volcar este planteamiento en acusaciones concretas, el resultado es un conjunto de aserciones tan lapidarias como poco razonadas. Por ejemplo, que la diferenciada viola la Constitución porque no ofrece una educación igual para niños y niñas.
La ACLU refiere el caso de una niña que fue “claramente discriminada” porque su profesor le pedía que se mantuviera sentada mientras que los niños, en sus clases, se levantan frecuentemente. Aunque el colegio explicó que el modo de aprendizaje de los chicos recomienda las actividades dinámicas, la madre llevó al juzgado la supuesta discriminación. El juez le dio la razón y ordenó cerrar los programas de educación diferenciada de ese distrito escolar. Lo más curioso es que la niña en cuestión manifestó que prefería quedarse en una clase solo con chicas “porque el ambiente era mejor para aprender”.
Otra acusación frecuente, y esgrimida esta vez por la ACLU, es que la diferenciada perpetúa “los estereotipos de género”. Sin embargo, si de algo presumen este tipo de escuelas es de combatir ideas que suponen barreras reales, como que las chicas están menos preparadas que los chicos en ciencias, y ellos menos que ellas en humanidades. Las notan avalan su éxito en la lucha contra estos verdaderos “estereotipos de género”.
Con todo, es llamativo que los que critican a la enseñanza diferenciada pretendan que la autoridad se identifique con una única opción pedagógica (la suya, por supuesto). No ocurre lo mismo con otros debates del ámbito de la educación: ¿qué pensaríamos si el Estado tomara partido oficialmente por el horario partido o el continuo, o por la conveniencia o no del uniforme? En último término, no se trata de dilucidar si la enseñanza diferenciada es mejor o peor que la mixta, sino de permitir que las familias puedan elegir lo que se adapta mejor a las necesidades de sus hijos.
En el escudo del estado de Virginia Occidental, famoso por sus montañas, figura el lema: “Montani semper liberi” (Los montañeses siempre son libres). Es de esperar que puedan aplicarlo también para elegir escuela.